El año judicial en España arranca este viernes en un clima especialmente tenso marcado por las declaraciones del presidente Sánchez a principio de semana sobre la «politización» de algunos jueces y por el procesamiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. La presencia de este último en el acto de apertura ha generado un intenso debate político y en el sector judicial, con voces que cuestionan la conveniencia de que asista al evento y pronuncie su discurso debido a su situación judicial.
En este sentido, los diez vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) enviaron ayer a la presidenta de este órgano y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, una carta en rechazo de la participación de García Ortiz en el acto de apertura del año judicial, presidido por Felipe VI. Los vocales piden a Perelló que traslade al fiscal general la «inconveniencia» de su intervención en el acto que arranca a las 12.00 h en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo con la presencia de ambos, del rey, y de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, entre otros.
Además, en el escrito solicitan que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, no «ocupe un lugar en estrados, significando con ello la separación y el respeto entre los poderes del Estado«.
En la misiva, los vocales nombrados a propuesta del PP inciden también en las críticas que lanzó Pedro Sánchez a «una minoría» de jueces que, según dijo el lunes, se dedican a hacer «política». «Se vertieron acusaciones genéricas contra jueces y magistrados, poniendo en duda la imparcialidad y el recto desempeño de su función«. La carta se centra en la «preocupación» de estos vocales por «la circunstancia de que el fiscal general, sometido a un procedimiento penal en fase de enjuiciamiento, tenga previsto ocupar un lugar en estrados y dirigirse a su majestad el rey».
Además, recuerdan que en esa misma sala estarán presentes «los magistrados que han de juzgar» a García Ortiz, objeto de una causa que se sigue en el Supremo, donde será el acto este viernes.
Sin embargo, la Fiscalía General del Estado ha señalado que García Ortiz está obligado por ley a asistir al acto y que su presencia «no está en cuestión». Por su parte, nueve de los diez vocales progresistas han respaldado en un escrito su presencia y la de Bolaños y han reivindicado la «normalidad institucional».
Paralelamente, tres asociaciones de jueces y fiscales emitieron ayer un comunicado en el que solicitan a García Ortiz que «se abstenga de asistir al acto» dado que está procesado por un presunto delito de revelación de secretos. Los firmantes de esta petición son la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación de Fiscales (AF), y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que ejerce como acusación popular en la causa que se sigue contra el fiscal general.
Consideran que la sola presencia de García Ortiz en la apertura del año judicial supone «un acto de desprecio a los principios básicos del Estado de derecho y al propio jefe del Estado». Se trata de una situación «insólita» que, a juicio de las asociaciones firmantes, «mina la credibilidad de la Justicia y afecta a todos los jueces, magistrados y fiscales» que desempeñan su labor «desde la absoluta independencia y con respeto al principio de legalidad». Así lo afirman en este escrito en el que, no obstante, se traslada también el respeto a «la presunción de inocencia» del fiscal general.
Plante del Partido Popular
También el PP pidió ayer que el fiscal general no asistiese al año judicial apenas un día después de que Alberto Núñez Feijóo confirmara que no acudirá al acto porque no quiere avalar con su presencia la intervención frente a Felipe VI de García Ortiz en el Supremo, el tribunal que le investiga por supuesta revelación de datos del caso seguido por presunto fraude fiscal contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Además, el líder popular tildó de «provocación» su asistencia: «Someter al rey, que presidirá el acto, a que presencie este choque institucional sin precedentes es un error que no avalaré con mi presencia».
Paralelamente, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, manifestó que la decisión del líder del PP «es una grave desconsideración al rey», «al Supremo, al Consejo General del Poder Judicial y a las carreras judicial y fiscal al completo», escribió en su cuenta personal de X, donde añadió que «respetar las instituciones democráticas es fundamental en un Estado de derecho».