La juez Beatriz Biedma ha declarado ante el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que se sintió «angustiada» cuando supo que gente desconocida había estado preguntando por ella y su familia en el colegio de sus hijas y que se había sentido perseguida.
La magistrada de Badajoz que investigó al hermano del presidente del Gobierno se ha referido a dos episodios concretos, según fuentes conocedoras de la declaración. En uno de ellos, una persona que se hacía pasar por su «secretario» había preguntado por sus horarios en el colegio, por si la juez acudía siempre a la misma hora. En otra ocasión se había presentado allí su supuesto «hermano» -no tiene- preguntando por sus dos hijas.
Biedma, que está personada en el caso como acusación particular, ha comparecido como perjudicada ante Pedraz durante algo más de una hora. Ha relatado que en una ocasión un abogado le comunicó que estaban circulando un vídeo en el que se ve a sus hijas jugando en el parque. Otro letrado pidió verla en su despacho por un asunto delicado y le transmitió que el ex juez había contactado con el clan de los Rocho, narcotraficantes, por un asunto relacionado con ella. Esa información recibida hace unos meses también le alarmó y la convenció para personarse en la investigación de la Audiencia Nacional.
Hace unas semanas, la UCO interrogó a Cintia Rocho, que confirmó las conversaciones con el ex juez. Le dijo que la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Badajoz era «un puto grano en el culo» y que «había que eliminarla». «A palos aprende el burro», añadió. Los investigadores consideran que ese contacto con el clan buscaba «causar un daño físico» a la juez.
Biedma ha explicado que ella no tenía constancia directa de la intervención de Leire Díaz. La vinculación de la fontanera con las maniobras en torno a la juez se desprenden de anotaciones y declaraciones obtenidas por los investigadores de la UCO.
En la comparecencia también se han abordado las presiones a los agentes de la Guardia Civil encargados del caso del hermano. Le transmitieron que se sentían «presionados» por sus superiores. La juez ha declarado que ellos eran siempre muy reservados, pero que ella les preguntaba mucho y que le dijeron que les pedían los informes antes de que los emitieran. Biedma, que tenía contacto con el teniente coronel Antonio Balas y otro mando de la UCO, les prohibió hacerlo y les indicó que, si eso les generaba problemas, hablaran con ella.
Dentro del caso Cloacas se investigan esas presiones a los agentes de la UCO encargados de las causas que amenazaban al PSOE y el Gobierno. La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y el director adjunto operativo, Manuel Llamas, están imputados por ello. Anticorrupción sospecha que la apertura de expedientes internos a la unidad por presuntas filtraciones buscaba, en realidad, disuadirles de avanzar en las investigaciones. Biedma ha declarado que a ella los guardias civiles le habían dicho que «nunca» antes les habían abierto expedientes de ese tipo