El Gobierno se aferra en enero a la buena marcha de las grandes cifras económicas y al empeño de poder sacar adelante los Presupuestos de este año, tras la tercera prórroga consecutiva, ante sus horas políticas más bajas. El avance del PIB, la marcha de la recaudación fiscal -que apunta a otro ejercicio récord- o la resiliencia del mercado de trabajo dan algo de oxígeno en un contexto marcado por los casos de corrupción, el último revés electoral en Extremadura y por los comicios, a la vuelta de la esquina, en Aragón, Castilla y León y Andalucía.
De momento, la hoja de ruta se mantiene en los primeros compases del ejercicio. La ‘número dos’ del Ejecutivo, María Jesús Montero, prevé llevar las cuentas a la Cámara Baja hacia el mes de febrero, por lo que la aprobación definitiva -en caso de producirse- no tendría lugar hasta bien entrado el año. El jueves, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, incidía en una entrevista a la Cadena SER en que el objetivo es sacar adelante sí o sí el proyecto que plasmará las prioridades de la política gubernamental, si bien otras voces dentro del Ejecutivo han insistido recientemente en que la legislatura seguirá adelante con o sin presupuestos.
La nueva portavoz del Ejecutivo y responsable de la cartera de Inclusión y Seguridad Social, Elma Sáiz, reconocía esta misma semana que los esfuerzos se centran en tratar de tejer una red de apoyos suficiente para aprobar las nuevas cuentas, si bien admitió que Junts —cuyos siete diputados son clave para esa votación y que ya ha asegurado que no las apoyará— insiste en que las relaciones «están rotas». La dificultad para aglutinar una mayoría parlamentaria suficiente sigue siendo uno de los principales quebraderos de cabeza del Gobierno que, de momento, puede contentarse con el desempeño de la economía.
El primer test sobre la economía y el empleo, a finales de mes
Moncloa contará con el resultado primer test sobre el cierre del pasado ejercicio a finales de este mismo mes. El 27 de enero el Instituto Nacional de Estadística publicará la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre y sólo tres días después los datos de la Contabilidad Nacional (PIB) de ese mismo periodo. Pese a las tensiones geopolíticas y la incertidumbre comercial, la economía apenas frenó su avance una décima entre julio y septiembre, cuando creció un 0,6% con respecto al trimestre previo y un 2,8% en relación al mismo periodo del ejercicio previo.
El consumo de los hogares y la inversión empresarial volvieron a tirar del carro y, según el Banco de España, están llamados a seguir siendo motores económicos a corto y medio plazo en ausencia de grandes perturbaciones. El organismo capitaneado por José Luís Escrivá elevó al 2,9% el avance previsto para el pasado ejercicio y, gracias a esa inercia positiva, incrementó cuatro décimas el del nuevo año hasta el 2,2%. Más crecimiento y una tasa de paro que se sitúa en el 10,45%, según la última EPA.
El dinamismo del mercado de trabajo y del consumo ofrecen otro colchón importante al Ejecutivo, el de la recaudación fiscal. Los datos hasta octubre muestran que los ingresos vía impuestos crecen a un ritmo del 8,3% interanual, 1,7 puntos por encima de lo que lo hacían a estas alturas del año pasado. Esto da margen al Gobierno para elevar el gasto público estatal a un ritmo del 6,4%, en medio de las necesidades crecientes que implican los desembolsos en pensiones, la inversión en defensa o la respuesta a la DANA.
Más dinero para atraer a las autonomías díscolas
En los diez primeros meses del año el Estado ha recabado 275.363 millones de euros —21.142 más que en 2024—, de los cuales la mayoría corresponden a impuestos (218.543 millones). Son la llave con la que poder asegurarse los apoyos parlamentarios que necesita y con la que tratar de reconstruir puentes con las autonomías gobernadas por el PP. A ello pretende contribuir el plan para condonar parte de la deuda regional, que el Consejo de Ministros aprobó en segunda vuelta el mes pasado y con el que, en principio, acudirá también a la Cámara Baja en febrero.
El proyecto de ley llevará al Estado a asumir hasta 83.252 millones de euros del pasivo de las comunidades que lo soliciten está íntimamente ligado al nuevo modelo de financiación, pendiente desde 2014. El Ejecutivo intentará presentar su propuesta en las próximas semanas a los consejeros del ramo en una nueva reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), dado que la propia Montero aseguró que se encuentra en una fase muy avanzada. Será un modo de estrechar lazos con ERC, que sigue reclamando progresos en la conocida como «financiación singular» para Cataluña.
El sistema de reparto incorporaría dos novedades importantes. El ministerio de Hacienda se plantea elevar, por un lado, el porcentaje de recaudación de los principales impuestos cedidos a las autonomías. Esto es, más allá del 50% que perciben del IRPF, del 50% del IVA o del 58% de los Impuestos Especiales. Por otro, María Jesús Montero estaría ideando un plan para sustituir las actuales entregas a cuenta (la liquidación se lleva a cabo dos años después del cierre del ejercicio) por un tipo de transferencia directa, que daría también más margen de actuación a las regiones.
No son las únicas líneas de actuación en lo económico a corto plazo. El ministro de Economía también avanzó que el Gobierno aprobará este mismo mes de enero la norma que limitará las condiciones de los créditos al consumo para mejorar su transparencia. Además, establecerá un plazo mínimo de 24 horas para la aceptación de la oferta por parte de los consumidores. Y Trabajo tiene pendiente retomar los próximos días las negociaciones con patronal y sindicatos para cerrar el alza del salario mínimo interprofesional para este ejercicio, que entrará en vigor de forma retroactivas desde el 1 de enero.