El artículo 134.3 de la Carta Magna es claro: el Gobierno español tiene una obligación constitucional de presentar anualmente los Presupuestos Generales del Estado (PGE) ante el Congreso. Además, fija un calendario preciso: deben remitirse al menos tres meses antes de la expiración de los del ejercicio anterior, es decir, antes del 1 de octubre de cada año. Sin embargo, desde que Pedro Sánchez es presidente no solo no se ha cumplido el plazo, sino que la situación se ha enquistado hasta el punto de que el Ejecutivo encadena tres ejercicios sin presentar unas nuevas cuentas, en un contexto marcado por la ausencia de una mayoría estable para su aprobación. Llegados a este punto, y sin avances respecto a los de 2026, el Gobierno ha optado por reinterpretar el alcance de esta obligación constitucional, fijándola ahora como meramente «política».

Apoyándose en las conclusiones de unas jornadas académicas del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales -un organismo público adscrito al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes-, el ministro del ramo, Félix Bolaños, defendió este martes desde la sala de prensa del Palacio de la Moncloa que la obligación a la que se refiere la Constitución es «obviamente política». Una interpretación totalmente opuesta a la que defendía Sánchez en 2018, cuando lideraba la oposición frente a Mariano Rajoy y le exigía elecciones por no cumplir con esa exigencia. Entonces, Sánchez sentenció que el Gobierno estaba eludiendo sus «responsabilidades al frente de las institucionales» ya que los Presupuestos son «la primera y principal obligación de un Gobierno».  «Un Gobierno sin Presupuestos es tan útil como un coche sin gasolina», ironizó.

Tras ocho años de retrasos y tres de prórrogas, el Gobierno de Sánchez opta por correr un tupido velo a esas declaraciones y redefinir lo que, a su juicio, fija esa obligación constitucional. Lo hizo Bolaños para zafarse de la enésima pregunta de los periodistas sobre cuándo va a presentar el Ejecutivo los Presupuestos de este año, teniendo en cuenta que ya los tenía que haber presentado hace ocho meses.

El ministro se remitió a unas jornadas del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC), que definió como la «academia del constitucionalismo», para señalar que tras la valoración de «todos los escenarios» por parte de dichos académicos, estos concluyeron que «obviamente» presentar las cuentas públicas «es una obligación política», es decir, un deber no vinculante y no un mandato jurídico al que el Gobierno está obligado por ley.

Amparándose en esta definición, Bolaños ensalzó la «voluntad» del Gobierno de cumplir con ese deber meramente político de presentar los Presupuestos y llevarlos, además, ante el Congreso. Aunque acto seguido quiso dejar claro que «ahora no es el momento». Desde hace tres meses, cuando estalló la guerra de Irán, el Ejecutivo argumenta que ya no puede presentar las cuentas públicas a causa de las «incertidumbre económicas», que hacen «muy difícil» tener un cuadro macro preciso. En todo caso, este argumento lo estrenó cuando ya llevaba cuatro meses de retraso para presentar los de este año, cuatro meses en los que no había un escenario de «incertidumbre económica».

Y es que las prórrogas presupuestarias coinciden con los años de una legislatura en la que no hay una mayoría progresista en el Congreso. Sánchez depende de los 7 votos de Junts, un partido que rompió relaciones con el PSOE el pasado mes de noviembre y sin el que no puede aprobar, en este caso, las cuentas públicas. En todo caso, el Gobierno podría igualmente presentarlas ante el Parlamento para cumplir con un mandato constitucional -que no obliga a aprobar, sino a presentar-. No obstante, esta votación, de las más relevantes en una legislatura, evidenciaría la realidad parlamentaria a la que se enfrenta realmente el Ejecutivo, que es que no tiene los apoyos para sacar adelante su agenda legislativa. Y eso le podría conducir a lo que sí es una obligación política: convocar elecciones anticipadas.

Por eso, los tiempos se estiran al máximo y cada paso parece medido al milímetro para ganar aire antes de afrontar la presentación de los Presupuestos. En el Gobierno evitan reconocer abiertamente que no está entre sus planes, aunque en Moncloa ya se desliza la idea de que, por calendario y realismo político, la mirada estaría puesta, en todo caso, en los de 2027.

La incertidumbre como argumento

Algo que no quiere evidenciar sobre el papel, ya que este mismo martes ha incorporado formalmente los Presupuestos de 2026 a su plan legislativo anual, para acto seguido alejarlos sin fecha concreta, en un contexto que atribuye a la incertidumbre internacional derivada de la guerra en Irán. «Esta situación pasará, y nuestra idea y voluntad es presentarlos y llevarlos a tramitación y trabajar duro para conseguir apoyos», defendió el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que, en línea con el discurso mantenido por el PSOE durante toda la legislatura, insistió en que las cuentas prorrogadas «son muy buenas», por lo que ahora tiene más sentido mantenerlas a elaborar unas previsiones macroeconómicas inciertas.

No obstante, bajo el mandato de Sánchez, aunque en la pasada legislatura -cuando sí tenía apoyos parlamentarios-, ha habido más crisis en las que la inestabilidad se ha utilizado, precisamente, en sentido opuesto. Durante la crisis provocada por la guerra en Ucrania, el Ejecutivo no paralizó la presentación de las cuentas públicas pese al fuerte impacto en precios, actividad y previsiones macroeconómicas. Al contrario, defendió la necesidad de combinar Presupuestos y decretos anticrisis como herramientas complementarias para dar respuesta a un escenario volátil.

También en la fase de salida de la pandemia, con una economía sujeta a revisiones constantes y una elevada incertidumbre sobre la recuperación, el Gobierno optó por mantener el calendario presupuestario. En aquel momento, las cuentas públicas se presentaron como un instrumento clave para canalizar los fondos europeos y sostener el crecimiento, asumiendo que la inestabilidad y la incertidumbre formaban parte del contexto, pero no impedía la planificación.