El Gobierno aprobó este martes el listado de normas que prevé impulsar a lo largo de este año. Es el denominado Plan Anual Normativo para 2026, un documento en el que no figura prácticamente ninguna propuesta encaminada a atajar la crisis habitacional. De hecho, el Ministerio de Vivienda es el que menos proyectos tiene previstos para este año, según la planificación del Ejecutivo. Entre las 179 iniciativas recogidas, solo se incluye un reglamento dedicado a la vivienda y se trata de un real decreto de contenido técnico para la transposición de parte de una directiva europea sobre eficiencia energética.

La única norma que se asigna al Ministerio de Vivienda en el plan normativo para 2026 es un real decreto para modificar el Código Técnico de la Edificación siguiendo las directrices de Bruselas. El objetivo es introducir nuevas obligaciones fijadas por la Unión Europea, como la instalación de plazas de aparcamiento para bicicletas en los edificios o el aumento de los sistemas de recarga de vehículos eléctricos. El texto que planea aprobar el Gobierno, y en el que el ministerio ya está trabajando —lo sacó a audiencia pública en noviembre—, recoge también cambios en el Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio orientados reforzar la protección de fachadas de edificios y aparcamientos frente a la propagación de fuegos.

En ese mismo reglamento se incorporarán igualmente otras modificaciones orientadas a mejorar la accesibilidad de los edificios. En concreto, está previsto introducir una nueva exigencia para crear aseos adaptados para personas con ostomía. En definitiva, se trata de un texto técnico encaminado a mejorar las condiciones de construcción y la funcionalidad de los edificios, no a atajar la subida de los precios y facilitar el acceso a un techo. Al ser un real decreto ordinario, es una norma que corresponde aprobar directamente al Gobierno, sin que tenga que pasar por el Congreso de los Diputados. Además del departamento dirigido por Isabel Rodríguez, hay otros ocho ministerios (Agricultura, Ciencia, Cultura, Educación, Inclusión, Industria, Política Territorial y Transportes) que solo incluyen reales decretos entre las normas que tienen previsto impulsar en 2026.

Al igual que este año, el Plan Anual Normativo de 2025 recogía también una única norma en materia de vivienda: el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que finalmente fue aprobado en Consejo de Ministros hace apenas dos semanas. Este documento sirve al Gobierno de marco para poner a disposición de las comunidades autónomas recursos con los que emprender acciones en materia de vivienda, dentro de un catálogo de ayudas que comprenden subvenciones para construir pisos de alquiler social y asequible, rehabilitar viviendas y facilitar el acceso a un techo a colectivos especialmente afectados por la crisis habitacional, como los jóvenes. En total se esperan movilizar 7.000 millones de euros.

Pese a no recoger ninguna otra iniciativa en el plan anual, el departamento encabezado por Isabel Rodríguez sí impulsó el año pasado también otras actuaciones con respaldo normativo, como la transferencia de los pisos de la Sareb, procedentes del rescate bancario, a la antigua Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) o la reconversión de este organismo en la nueva empresa estatal de vivienda, Casa 47. Con este nuevo ente, el ministerio pretende ganar protagonismo en la gestión de alquileres sociales y asequibles y contribuir a la ampliación del parque público de vivienda.

Casa 47 tiene varios desarrollos urbanísticos y promociones en marcha, así como una convocatoria para comprar pisos a particulares y tiene entre sus planes lanzar un portal online para facilitar el acceso a todas estas viviendas. Son todo iniciativas que no requieren que el Gobierno apruebe ninguna norma adicional para llevarlas a cabo, lo que evidencia que el ministerio tiene margen de maniobra para emprender acciones más allá de la aprobación de normas que refleja el Plan Anual Normativo.

Ni bonificaciones ni prórroga

A principios de 2026, el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la intención de aprobar un decreto-ley con medidas para intervenir sobre el mercado del alquiler y tratar de contener la escalada de precios. En concreto, puso sobre la mesa bonificaciones fiscales para aquellos caseros que no suban el precio del alquiler a sus inquilinos y endurecer los arrendamientos de temporada y por habitaciones para evitar fraudes. El Plan Anual Normativo de 2026 no contiene ninguna referencia a este eventual decreto-ley, cuyo anuncio despertó un choque entre PSOE y Sumar por las reticencias de la formación de Yolanda Díaz a actuar por la vía fiscal, una oposición que han rectificado en las últimas semanas en el marco de las negociaciones para tratar de convalidar en el Congreso la prórroga extraordinaria de alquileres, que finalmente acabó siendo rechazada.

En el Plan Anual Normativo de 2026 tampoco hay rastro de esta prórroga, que Sumar tiene intención de volver a llevar al Consejo de Ministros. No obstante, también fue aprobada en forma de real decreto-ley. Es una tipología de norma que tiene rango de ley —aunque tiene que ser convalidadas posteriormente por el Congreso—, pero, al estar pensadas para situaciones de «extraordinaria y urgente necesidad» y, por tanto, en principio imprevistas, no suele figurar en la planificación del Ejecutivo.

Aparte de las iniciativas que el Gobierno pueda llevar a cabo, el Congreso tiene también varias normas en tramitación en materia de vivienda, aunque la mayoría de ellas se encuentran paralizadas. Es el caso, por ejemplo, de la proposición de ley para regular el alquiler de temporada. Impulsada por los partidos a la izquierda del PSOE, esta norma inició su andadura parlamentaria hace más de un año. Vuelve a estar paralizada después de que a finales de 2025 los socialistas, el resto de la izquierda y el PNV acordaran un texto de consenso que está pendiente de votación.

Tampoco ha llegado a debatirse una proposición de ley con medidas fiscales sobre alquileres —subir el IVA a los pisos turísticos o crear un impuesto para limitar la compra de vivienda por parte de extranjeros, por ejemplo— en la que trabajó el Ministerio de Vivienda pero que finalmente acabó registrándose como iniciativa del PSOE en solitario y no como proyecto del Gobierno. Por su parte, el PP ha impulsado su propia propuesta de ley del suelo, aunque por el momento también está lejos de llegar a buen puerto. Hace más de un año que el Senado la admitió a trámite. Ante su paralización los populares han vuelto a llevarla al Congreso para tratar de reactivarla.