Fumata blanca en Andalucía. Juanma Moreno vuelve a ser por tercera vez presidente de la Junta 45 días después de haber ganado las elecciones autonómicas del pasado 17 de mayo tras haber alcanzado finalmente un acuerdo con Vox, que ambas formaciones han presentado en la tarde de este jueves, antes de la segunda votación para la investidura del líder popular, y que incluye la entrada de Vox en el próximo Ejecutivo andaluz y el concepto de prioridad nacional. 

Bajo el título de Acuerdo de Gobierno y Estabilidad para Andalucía, han sido el propio Moreno y el portavoz de Vox en la comunidad, Manuel Gavira, quienes han escenificado la rúbrica del documento en el mismo Parlamento, tras semanas de intensas negociaciones entre los dos partidos. Un escrito de 60 páginas en las que se hablan, entre otros asuntos, de fiscalidad, inmigración, familia, vivienda, industria, sanidad, el sector primario, el «gasto superfluo» o las «leyes ideológicas». Y que garantiza la aprobación de los Presupuestos autonómicos para los próximos cuatro años, una de las exigencias irrenunciables del PP en esta negociación. 

Tan solo media hora más tarde, a las 19.00 horas, se ha celebrado en la Cámara la segunda votación para la investidura de Moreno, tras la fallida del pasado martes. En la primera, quiso el azar que el primero en votar fuera el portavoz de Vox. En la de este jueves, ha sido la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, la primera en emitir su voto. Tal y como estaba previsto, Moreno ha recibido los 53 apoyos de su formación y los 15 de Vox, frente a los 41 votos en contra de las tres formaciones de la izquierda. A las 19.14 horas, Moreno ha quedado investido como nuevo presidente de la Junta de Andalucía para la XIII legislatura y el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, ha dado por concluida la sesión al grito de «que gane España» (por el partido del Mundial que la selección juega a las 21.00 horas). 

Moreno tomará posesión de su cargo este domingo. Aún no se sabe cuándo anunciará su Ejecutivo, pero lo que sí es seguro es que Vox formará parte de ese Gobierno. Lo hará con una consejería con rango de Vicepresidencia, la de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local, que aúna competencias antes repartidas en dos carteras diferentes, y que recaerá sobre el propio Gavira. Asimismo, el pacto recoge que uno de los cinco senadores autonómicos asignados al PP-A pase a ser de Vox, así como una de las vicepresidencias de la Mesa del Parlamento autonómico.

El recién reelegido presidente de la Junta ha defendido que este es un acuerdo «razonable, sensato y legal». Y ha aludido, a preguntas de los medios, al «lío» que decía en campaña que sería gobernar con Vox. «Al final, los ciudadanos mandan y si hubieran querido que yo hubiera disfrutado de una mayoría suficiente, me hubieran votado de manera suficiente«. Moreno ha reiterado que repetir las elecciones «paralizaría seis meses más» la Administración, «cosa que la mayoría de los andaluces no quieren». Por tanto, «desde la máxima responsabilidad, nos ha tocado llegar a un acuerdo». 

«Hemos alcanzado un acuerdo para tener un gobierno que defienda el sentido común y que trabaje por mejorar la vida de los andaluces», ha aseverado por su parte Gavira tras firmar el pacto, que afirma que supondrá «1.300 millones de ahorro para los andaluces». Tras agradecer a Moreno su «buena predisposición» para acordar, el portavoz de Vox en Andalucía ha garantizado que van a gobernar «para todos los andaluces, los que nos han votado y los que no». Y ha asegurado que el acuerdo «no es de vencedores ni vencidos, porque quienes han ganado son los andaluces». 

Medidas del acuerdo

El acuerdo alcanzado contempla un documento programático con 150 medidas articuladas en una quincena de ejes, cada una de ellas con los plazos de ejecución marcados. Entre ellas, la que representa la principal bandera de Vox, la prioridad nacional, que finalmente ha asumido Moreno pese a haber sido muy crítico con el concepto durante la campaña electoral. El documento detallada que «el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas se inspirará en el principio de prioridad nacional, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio». 

Al respecto de la prioridad nacional, Moreno ha minimizado su impacto al señalar que «básicamente es el arraigo que ya se viene incorporando en nuestra propia Administración». Y como ejemplo, se ha referido al acceso a los servicios de la dependencia en Andalucía, donde ya es necesario «tener un arraigo de cinco años». «Lo que se incorpora es un concepto que existe aquí, que se ha ampliado en otras comunidades como Canarias, que exige un año más, especialmente para vivienda, y que en algunos casos en el acuerdo pues se refuerza por así decirlo. La clave es el arraigo», ha subrayado.

También en materia de inmigración, el documento recoge medidas como la no aceptación de más menores extranjeros no acompañados, un plan de retorno y repatriación de la inmigración ilegal, la verificación de la edad de los inmigrantes ilegales, la supresión de ayudas a las ONG que «favorezcan la inmigración ilegal» o el endurecimiento del régimen interno en los centros de menores. PP y Vox han pactado igualmente la «prohibición del burka y nicab en espacios públicos» y la creación de un servicio de verificación del padrón. Si bien en un punto del texto se admiten las «limitadas competencias» autonómicas en estas materias, toda vez que las políticas migratorias corresponden al Estado. 

El documento incluye nuevas rebajas fiscales, como una progresiva del IRPF (un 0,25% cada año para rentas por debajo de los 60.000 euros), deducciones por nacimiento o adopción de hijos, por discapacidad de hijos, para enfermos de ELA, apoyo a los gastos educativos, a la compra de gafas y lentillas y a las familias numerosas. También se contempla la eliminación de tres impuestos autonómicos relacionados con el medio ambiente (bolsas de plástico, emisión de gases y vertidos a aguas litorales». 

En cuanto a servicios públicos, se reclaman, entre otras cuestiones, más plazas residenciales para personas mayores; una ley de Segunda Infancia; un plan de apoyo a la mujer embarazada; incrementar la oferta de vivienda con, al menos, 20.000 VPO en cuatro años; una nueva línea de avales públicos para familias numerosas; exclusión de los ocupas en el acceso a viviendas públicas; climatización de los colegios; fin del programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí; incluir la historia del terrorismo de España en los planes de estudio; la concertación progresiva del Bachillerato en Andalucía; incrementar el presupuesto en sanidad; una agenda «real de consulta el mismo día» en Atención Primaria en procesos agudos y pediatría; un plan de retorno de sanitarios. 

En lo que al sector primario se refiere, entre las medidas del acuerdo destaca el rechazo al «formal» al acuerdo UE-Mercosur, a la reforma de la PAC y a la «condicionalidad climática», «Andalucía, libre de cargas derivadas del Pacto Verde», un plan de modernización de infraestructuras hidráulicas o la reducción de la burocracia. 

El acuerdo alcanzado, salvo pequeñas diferencias, se ha redactado a imagen y semejanza de los ya rubricados entre ambas formaciones en Extremadura, Aragón y Castilla y León tras sus respectivos comicios autonómicos, si bien el peso de Vox en el Gobierno andaluz es menor que en los otros territorios, donde consiguieron entre dos y tres consejerías. Andalucía ha sido, además, la comunidad donde más rápido se han puesto de acuerdo el PP y Vox, tan solo 45 días desde que se cerraran las urnas, frente a los 116 de la comunidad extremeña; los 73 de la aragonesa; y los 80 días de la castellanoleonesa.