El Partido Popular forzará a que el Parlamento se pronuncie sobre la gestión presupuestaria del Gobierno, que los populares califican de «dictadura», «anomalía democrática» y cuestionan su legalidad. El grupo parlamentario popular ha registrado una petición para solicitar la comparecencia «urgente» de la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, en comisión parlamentaria el próximo 21 de mayo.

Así lo ha anunciado la vicesecretaria de Regeneración Institucional del partido, Cuca Gamarra este jueves en un encuentro informativo en Génova 13, al que también ha asistido el vicesecretario de Economía, Alberto Nadal. Una reunión en la que el responsable económico del partido ha presentado un informe muy crítico con la gestión de la política económica del Gobierno y en particular de los fondos europeos.

Con esta iniciativa, el PP busca que se debata y se emita dictamen sobre el informe sobre la Cuenta General del Estado de 2024. Un documento que analiza los resultados presupuestarios de ese ejercicio y en el que el tribunal expresó sus dudas sobre el desvío temporal de 2.390 millones de euros de fondos europeos para pagar pensiones.

Una maniobra para conseguir liquidez que, no obstante, ha sido avalada explícitamente por la Comisión Europea. El vicepresidente de la Comisión encargado del plan de recuperación, Rafaele Fitto, destacó el miércoles que se trata de una operación «temporal» y que no tienen impacto sobre la protección de los fondos de la UE.

Sin embargo, en el PP insisten en que Bruselas no ha entrado a analizar la legalidad de la gestión presupuestaria y apuntan a que este movimiento refleja «la ausencia total de control presupuestario» al Ejecutivo. «Sabemos que ha generado debate dentro de Hacienda», ha destacado Nadal, que ha insistido en que la prórroga presupuestaria estaba pensada para unos meses, no para tres años.

El grupo popular entiende que llevar este informe al Parlamento es la única forma de que las Cortes se pronuncien sobre la gestión de las cuentas públicas del Ejecutivo, que siguen prorrogadas desde el año 2023. La formación que lidera Alberto Núñez Feijóo quiere «devolver al Parlamento la competencia que el Gobierno le ha quitado», ha dicho Cuca Gamarra, aunque el debate se produzca con el ejercicio presupuestario ya concluido.

Un «fraude parlamentario»

Los vicesecretarios del PP han calificado la gestión de las cuentas públicas del gobierno como de «dictadura presupuestaria» y han acusado al Gobierno de incurrir en «fraude parlamentario» al modificar partidas presupuestarias sin rendir cuentas a las cortes. Además, tachan de «anomalía democrática» el hecho de que no se hayan presentado Presupuestos en toda la legislatura.

En el PP entienden que el Ejecutivo se está extralimitando en esa reasignación de créditos y dudan incluso de su legalidad, al tratarse de unas cuentas públicas que se aprobaron cuando la pandemia todavía seguía coleando, lo que les otorga unos mecanismos de flexibilidad que consideran excesivos.

El dictamen que salga de la Comisión Mixta se elevará al pleno del Congreso y el Senado, que tendrán que pronunciarse sobre él. Sin embargo, su valor es meramente simbólico porque no supondrá una limitación de ningún tipo a la gestión presupuestaria del Ejecutivo.