Mañueco ha avisado con recurrir al Tribunal Constitucional si la propuesta para un nuevo modelo de financiación autonómica sale adelante.
El pacto sellado entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras ha vuelto a tensar el pulso político en España, colocando en el centro del debate un acuerdo que promete marcar un antes y un después no sólo en la legislatura, sino también en el ciclo electoral que comenzó en Extremadura y continuará en Aragón el próximo 8 de febrero. Génova y los barones populares han clamado contra lo que consideran un caso de corrupción política, y Alberto Núñez Feijóo ha llegado a asegurar que Sánchez ha convertido la Moncloa en «una casa de empeños». Pero el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha ido más allá y ha advertido de que responderá «con todos los recursos legales» si el nuevo sistema de financiación autonómica se acaba materializando, dando el paso de recurrir al Tribunal Constitucional si es necesario.
4.700 millones de euros más para Cataluña y hasta un 12% más de capacidad presupuestaria. Esto es lo que ganará la comunidad catalana en caso de que se apruebe el nuevo modelo que presentará este viernes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, según ha dicho el líder republicano a la salida de la reunión que ha mantenido con el jefe del Ejecutivo. Sin embargo, una de las cuestiones que más preocupa a los barones populares es la introducción en el pacto de una de las reivindicaciones históricas de ERC y otras formaciones catalanas, como es el «principio de ordinalidad», que en la práctica supone que las comunidades del régimen común —todas menos País Vasco y Navarra— que más aporten a la caja recibirán, a su vez, más recursos. «Si Cataluña es la tercera en aportar, también debe ser la tercera en recibir», aseveró Junqueras.
De hecho, esta regla es contra la que han dirigido gran parte de las críticas los barones populares, al considerar que quiebra la igualdad de los españoles y, sobre todo, «entierra» el principio de solidaridad por el que se rige el sistema actual. De hecho, Feijóo ha aunado el espíritu de las críticas que han lanzado los dirigentes territoriales populares y ha avisado de que la igualdad de todos los ciudadanos no puede ser «moneda de cambio», y que la financiación autonómica debe perseguir «el bien común», un compromiso que ha asumido en el caso de que llegue a La Moncloa.
No obstante, en el plano territorial han asumido la voz cantante los barones que se encuentran en la antesala de unas elecciones en su comunidad. Ha sido el caso de Jorge Azcón y Mañueco, que acudirán a las urnas en febrero y marzo, respectivamente. En concreto, el presidente aragonés ha tachado de «acuerdo de la desvergüenza» el pacto de financiación alcanzado por el presidente del Gobierno y el líder de ERC , y ha alertado de que ha contactado con presidentes populares de otras comunidades, así como con su partido, para liderar la iniciativa que pretende reclamar la convocatoria de una reunión urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera, ya que «lo que afecta a todos se decide entre todos». Una propuesta que también ha dirigido a los presidentes socialistas, pese a que no confía en su apoyo.
Por su parte, Mañueco se ha mostrado aún más tajante en sus declaraciones sobre el pacto para aprobar un nuevo sistema de financiación autonómica, y ha contemplado recurrir a la vía judicial para evitar que el acuerdo se materialice si llega el caso. El presidente de la Junta ha remarcado su «rechazo de plano a los privilegios que rompan la igualdad entre las personas y los territorios», y ha alertado de que defenderá los intereses de Castilla y León y de los españoles «con todos los recursos legales», contemplando incluso la opción de acudir al Tribunal Constitucional.
El último presidente del PP que desempolvará las urnas en esta primera mitad del año será Juanma Moreno, que también se ha pronunciado al respecto. «Andalucía no va a consentir un nuevo maltrato del Gobierno de Sánchez y que se rompa la igualdad«, ha transmitido el jefe del Ejecutivo andaluz, al mismo tiempo que ha reprochado que la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica ha sido negociada «unilateralmente con un inhabilitado del procès y sin contar con el resto de territorios de España». De hecho, este asunto tomará más protagonismo si cabe en los comicios andaluces, ya que será María Jesús Montero, candidata a la Junta de Andalucía, la que explicará la propuesta del nuevo modelo como titular del Ministerio de Hacienda este viernes.
En este sentido, en el PP ya se arman de argumentos para usar el pacto con Junqueras como principal baza electoral para los próximas citas electorales. La portavoz popular en el Congreso, Ester Muñoz, ya ha tomado posición y ha lanzado el primer dardo a los candidatos socialistas en Aragón y Castilla y León, las comunidades que concurrirán a las urnas en el primer trimestre del año. «El PSOE consuma la ruptura de la solidaridad entre los territorios por necesidad de Sánchez y pleitesía al separatismo. ¿Algo que decir, Pilar Alegría o Carlos Martínez«, les ha interpelado la dirigente del PP.
Además, el acuerdo entre Sánchez y Junqueras tampoco ha sido recibido con buenos ojos en algunos bastiones socialistas, como es Castilla-La Mancha. De hecho, el presidente manchego, Emiliano García-Page, ha aseverado el nuevo modelo de financiación supondría «el mayor quebranto a la ideología del Partido Socialista «, al mismo tiempo que ha avisado al jefe del Ejecutivo de que «no cruce la línea roja de la igualdad porque ya ha cruzado muchas líneas rojas».
En todo caso, el acuerdo entre Junqueras y Sánchez tan sólo se circunscribe al terreno político por el momento, y el próximo paso es llevarlo al Congreso para su debate y aprobación. Un respaldo parlamentario con el que no cuenta, y más cuando el otro partido independentista, Junts, ya evidenció sus reservas ante el pacto. «¿Dónde está el concierto económico que se pactó para investir a Salvador Illa?», se preguntó en un mensaje en redes sociales la formación independentista, que ironizó con que «comienzan las rebajas» y recordó que, desde hace meses, ha defendido que «no hay concierto ni nada que se le parezca».