Sánchez se compromete a «culminar lo que pueda culminarse» para atajar la multirreincidencia, que considera «uno de los principales problemas de seguridad del país». Sus socios de izquierdas se muestran reacios a debatir en un terreno de juego que, consideran, es el que marca la derecha apelando a la supuesta inseguridad en las calles.
Aunque el Gobierno se dice «tranquilo» ante el último órdago de Junts, cuya Ejecutiva sentenció la ruptura con el PSOE, los guiños de Moncloa no han pasado desapercibidos en este primer pleno tras el portazo de Carles Puigdemont. Pedro Sánchez le dijo a Alberto Núñez Feijóo que hoy no era el día para hablar de otro tema que no fuese la DANA, pero cuando fue el turno del PNV, no dudó en comprometerse a tramitar una ley que a Junts le interesa mucho, la de lucha contra la multirreincidencia. En concreto, el presidente ha mostrado su «disposición» para «culminar lo que pueda culminarse» en el Congreso para atajar lo que ha considerado uno de los «principales problemas de seguridad» del país. Y es que los socialistas confían en que Junts «recapacite» y vuelva a sentarse en la mesa negociación.
En el Ejecutivo esperan que en algún momento Junts se «reposicione». De hecho, desde que Puigdemont escenificó la ruptura, el argumentario de los socialistas no ha variado. Insisten en el «diálogo» y en «sudar la camiseta» para sacar adelante la agenda legislativa del Gobierno, incluidos los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Moncloa mantiene su intención de presentarlos en el Congreso, aunque ya van muy tarde respecto al mandato constitucional. El primer paso para hacerlo es presentar la senda de déficit, que aún sigue sin fecha. Se trata de una votación que ya se plantea complicada, puesto que si el Ministerio de Hacienda vuelve a presentar los mismos números del año pasado, Junts ya ha avanzado que, al igual que hizo hace un año, los rechazará.
Fuentes del departamento que dirige María Jesús Montero siguen sin poner fechas para que estas votaciones se lleven a cabo. «Tomaremos el tiempo que sea necesario para tener apoyos», afirman estas fuentes, que confían en que Junts «recapacite». Uno de los señuelos con el que llevan intentando persuadir a los de Puigdemont desde la semana pasada es la ley contra la multirreincidencia. Aunque reconocen que, en esta ocasión, el problema para tramitarla está a su izquierda.
Se trata de una de las medidas que reclama Junts desde hace tiempo para hacer frente al crecimiento de Aliança Catalana y que se encuentra varada en su tramitación parlamentaria. Esta ley de multirreincidencia plantea endurecer las penas para quienes cometan más de tres hurtos, incluso leves, y castigar con entre uno y tres años de cárcel a quien sustraiga móviles u ordenadores.
Fue una iniciativa admitida a trámite hace meses en el Congreso con el voto favorable del PSOE, pero desde entonces los socialistas la han mantenido congelada. No obstante, ya son varias voces del Gobierno las que, en público y en privado, apuntan a un deshielo. En todo caso, este guiño podría quedar en papel mojado, puesto que el primer escollo está en sus socios de izquierda. «Hay que tener mayoría», reconocen desde el Ejecutivo.
Los socios de izquierda se muestran reacios
El ala socialista del Gobierno es perfectamente consciente de que, para reabrir este melón, deberá hacerlo de la mano del PP, puesto que sus socios de izquierdas se muestran reacios a debatir en un terreno de juego que, consideran, es el que marca la derecha apelando a la supuesta inseguridad en las calles. De hecho, el PSOE tiene complicado contar incluso con Sumar, que el año pasado ya evitó dar apoyo —junto a otras formaciones como ERC o EH Bildu— a que comenzaran a tramitarse las normas para endurecer el Código Penal promovidas tanto por el PP como por Junts.
En el debate de toma en consideración de la proposición de ley de los populares, que tuvo lugar en junio de 2024, el portavoz adjunto de Sumar y dirigente de IU, Enrique Santiago, sostuvo que «las cosas no se solucionan metiendo a la gente en la cárcel, sino creando empleo y poniendo en marcha programas de atención social». «Ustedes desconocen cualquier solución que no sea el látigo, pero con sus políticas incrementan la delincuencia», espetó Santiago, que denunció que, «si hablamos de personas en situación de exclusión social, lo que popularmente se llaman robagallinas, ustedes proponen penas superiores o iguales a los de los delitos más graves del Código Penal, aquellos que solo pueden cometer personas o sociedades con alta capacidad económica».
Por su parte, EH Bildu calificó de «desproporcionada» e «ineficaz» la iniciativa de endurecer las penas para quienes sean reincidentes en el delito de hurto, y aseguraron que se basaba en «bulos». Y la diputada de ERC Teresa Jordá denunció en ese debate que el endurecimiento de las penas «no pretende es solucionar problemas, sino alimentar los conflictos y el miedo». No obstante, los republicanos se abstuvieron en la toma en consideración de la proposición de ley de Junts sobre multirreincidencia que empezó a tramitarse apenas unos meses después, en septiembre de 2024, aunque entonces su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, intentó nadar entre dos aguas y sostuvo que ERC era «consciente de la trampa» que hacían los de Carles Puigdemont al poner el foco en este tipo de asuntos.