Medio año después del apagón del 28 de abril y cuatro meses después de que el Congreso tumbara el real decreto ley con un primer intento para evitar un nuevo cero nacional, el Gobierno ha aprobado este martes un real decreto que recoge algunas de sus medidas, por ejemplo, para que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y Red Eléctrica refuercen el control de la tensión de la red, que no tendrán que ser refrendadas por el Congreso.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde el real decreto en el que la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, empezó a trabajar justo después de que a principios del verano quedara derogado el real decreto, con medidas que no requieren el voto parlamentario. Entre ellas, el encargo a la CNMC para que intensifique el control sobre Red Eléctrica y sobre las propietarias de las centrales de generación eléctrica para asegurarse de que cumplen con su obligación de controlar la tensión de la red eléctrica, programando suficientes grupos síncronos en el primer caso y absorbiendo energía reactiva en el segundo. En términos generales, el decreto, como también hacía el decreto ley derogado, atribuye a la CNMC nuevos controles sobre la función de control sobre Red Eléctrica para que no vuelva a producirse otro apagón.

El Ministerio para la Transición Ecológica ha indicado hoy que la norma refuerza la resiliencia, robustez y estabilidad del sistema eléctrico». Como novedad con respecto al decreto ley derogado, la pieza legislativa que ha aprobado el Consejo de Ministros acorta los plazos para las tareas de control y supervisión que Aagesen encomienda a CNMC y los nuevos encargos que hace a Red Eléctrica para que quede garantizada la estabilidad de la red eléctrica y que no vuelven a producirse alteraciones en la tensión como las que hicieron caer todo el sistema el pasado 28 de abril.

Así, la CNMC deberá presentar con una periodicidad trimestral -y no en un plazo inicial de seis meses- un informe de seguimiento dentro de tres sobre el cumplimiento por parte de Red Eléctrica y de las empresas eléctricas de sus obligaciones de control de tensión de la red eléctrica.

Cada tres años, la CNMC deberá completar también «un plan de inspección extraordinario» de las capacidades de reposición del suministro eléctrico, es decir, del proceso que se activó nada más producirse el cero nacional para recuperarlo. Según el borrador del decreto que Transición Ecológica sometió en julio a consulta pública, el plazo con el que cuenta el regulador para tener listo el plan pasa de 12 a seis meses. Según se indicaba en este primer texto, el regulador deberá prestar «especial atención» a las instalaciones de generación con arranque autónomo, a los ciclos combinados y a las redes de distribución. Este plan también será periódico y se realizará cada tres años, con independencia de los simulacros que una vez año también realizan Red Eléctrica y las compañías en sus propios centros de generación.

En cuanto a Red Eléctrica, el Gobierno reclama a la compañía que preside Beatriz Corredor que «revise» y presente informes con eventuales propuestas para hacer cambios por lo que respecta a su respuesta ante oscilaciones de potencia, sobre la velocidad de variaciones de tensiones o sobre la programación de las restricciones técnicas. Además, tendrá que definir «un procedimiento para monitorizar incidentes» y otro para coordinar la red de transporte con la de distribución, es decir, Red Eléctrica con las empresas eléctricas. Como muy tarde, todas estas tareas deberán estar listas en seis meses.

Por ejemplo, da como máximo tres meses —y no seis— para que estudie una nueva regulación sobre la velocidad de variación de la tensión, otro elemento clave en el apagón porque, aunque el organismo de Corredor mantiene que la tensión estaba dentro de los parámetros de normalidad, el Ministerio constató que, incluso dentro de ellos, las oscilaciones eran muy pronunciadas y habría que determinar un factor de anomalía de las fluctuaciones.

También en un máximo de tres meses —y no de seis y nueve, como preveía el decreto ley—, Corredor analizará los requisitos de inyección de potencia en la red por parte de las instalaciones de producción y la regulación de los servicios de ajuste y la programación de las restricciones técnicas para incorporar las nuevas situaciones del sistema y soluciones novedosas para su resolución desde una perspectiva de neutralidad tecnológica y de optimización de costes para el conjunto de consumidores. Esta segunda medida es totalmente de la competencia de Red Eléctrica y se da de bruces con la defensa por parte de Corredor de que la programación que realizaron la víspera del apagón era suficiente, aun con tres reactores nucleares menos y una central eléctrica que se declaró indisponible en el último momento y que no fue reemplazada.

Plazos para suministro eléctrico

En otro orden de cosas y para impulsar la demanda de electricidad y asegurar que los derechos de acceso y conexión a la red eléctrica quedan en manos de proyectos viables, el decreto fija un plazo de cinco años entre su obtención y la formalización de un contrato de suministro. Con ello, el Ministerio busca «prevenir el acaparamiento y la especulación».

También acota los plazos en los que las distribuidoras de electricidad deberán poner en marcha las extensiones de red, por ejemplo, para infraestructuras de recarga de coches eléctricos. Así, en suelo urbanizado con todas las dotaciones y servicios requeridos, deberán responder en cinco días si no hay que ampliar la red y en 30 si sí hay que hacerlo, en 60 si es necesario construir un centro de transformación y en un máximo de 80 si hay que construir varios.

Repotenciación, almacenamiento y evaluación ambiental

El Gobierno trata también mediante este real decreto de flexibilizar la instalación de almacenamiento, agilizando la tramitación cuando vayan hibridadas en plantas de generación ya existentes. Esto supondrá que el promotor no tenga que empezar desde el inicio la y que se «reconozcan» los estudios de impacto ambiental de la planta, según la Unión Fotovoltaica Española (UNEF), que este martes ha celebrado la aprobación del real decreto, sobre todo por este aspecto.

Además, el Ministerio para la Transición Ecológica se da nueve meses para elaborar una hoja de ruta sobre repotenciación de parques eólicos en línea con la normativa europea que, en reglamento de 2022, prevé acelerar a un máximo de seis meses los permisos para instalar aerogeneradores más potentes o limitar las evaluaciones de impacto ambiental a la ampliación, no a todo el proyecto. La hoja de ruta podrá incluir «medidas técnicas, regulatorias y financieras» para incentivar la sustitución de los equipos e incrementar la eficiencia y producción de energía.

Medidas no ‘recuperables’

Tras el Consejo de Ministros que lo ha aprobado, Transición Ecológica ha explicado que el decreto «recupera» parte de las medidas que figuraban en el primer intento de legislar contra futuros apagones en el decreto-ley que tumbó el Congreso en julio con los votos en contra del PP, Vox, Junts, Podemos, BNG y CHA.

Sin embargo, no todas porque hay decisiones para las que es necesario el visto bueno de la Cámara y que algunos de los sectores afectados esperan que el Gobierno intente aprobarlas en piezas particulares. Es el caso de la exención del 80% de los peajes eléctricos para la industria electrointensiva.

En el decreto tampoco figuran las deducciones de hasta el 50% del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y del 95% del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) por instalar aerotermia ni la extensión de dos kilómetros a cinco de la distancia entre el punto de producción y el de consumo permitida para una instalación de autoconsumo.