La propuesta del Gobierno, que detallará Montero este viernes, es el primer intento de renovar un sistema caducado desde hace ya 12 años. La financiación singular catalana ha monopolizado el debate, generando gran malestar en la mayoría de territorios. El pacto inicial entre PSC y ERC recordaba a un ‘cupo’, pero se ha ido descafeinando hacia una reforma del sistema con fuerte acento catalán.
El ministerio de Hacienda debatirá con las comunidades los detalles del nuevo sistema de financiación autonómica en una reunión extraordinaria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se celebrará el próximo miércoles, 14 de enero. Fuentes del departamento que lidera María Jesús Montero aseguran que el nuevo modelo de reparto será “beneficioso” para todos los territorios, que “reforzará los ingresos de las comunidades autónomas para blindar el Estado del bienestar» e inciden en que, dado que el texto implica la modificación de una Ley Orgánica (la LOFCA), deberá recibir el visto bueno del Congreso de los Diputados. Ese es el verdadero reto que afronta el Ejecutivo, dadas las dificultades para apuntalar mayorías parlamentarias suficientes que respalden sus reformas.
“Se ha negociado con ERC, sí, pero Feijóo rechazó negociar el modelo cuando se lo propuso el presidente del Gobierno”, señalan las mismas fuentes ante las críticas del principal partido de la oposición y de las autonomías donde el PP gobierna, la gran mayoría. Doce años después de que caducase el sistema actual (vigente desde el año 2009), el Gobierno está a punto de desvelar la primera propuesta de calado de la financiación autonómica en diecisiete años.
«Nunca se había retrasado tanto la revisión, pero Cataluña siempre ha sido motor del cambio«, sostiene a este diario Santiago Lago, economista senior de Funcas y miembro de la comisión de expertos creada en 2017 por el gobierno de Mariano Rajoy para elaborar una propuesta de reforma. En su opinión, la clave será ver si el gobierno central consigue que los partidos independentistas catalanes apoyen una solución que sea «razonable» para los demás territorios y que eso se traduzca en una mayoría suficiente en la Cámara Baja.
La financiación singular catalana que el PSOE pactó con ERC para hacer presidente de la Generalitat a Salvador Illa en 2024 ha ido mutando progresivamente desde una suerte de concierto económico a lo que se parece más a una reforma del sistema de financiación autonómica con fuerte acento catalán. Por el momento, se sabe que el nuevo modelo llegará con más fondos para las comunidades autónomas, aunque solo ha trascendido la cifra que irá a parar a Cataluña: 4.700 millones. Y que también respetará el llamado principio de ordinalidad. Es decir, que ninguna comunidad debe perder puestos en el ranking de financiación después de que entre en juego la solidaridad entre territorios.
Más allá de ello, desde el Ministerio de Hacienda han deslizado que la reforma se estructura en cuatro grandes «vigas maestras», en palabras de la vicepresidenta primera y ministra María Jesús Montero. La primera es que «ninguna comunidad saldrá perjudicada». Es decir, se inyectarán más recursos al sistema para que todas ganen financiación, a costa de que el Estado renuncie a una parte de su pastel. La segunda, es que el modelo será igual para todas las comunidades, pero tendrá en cuenta singularidades y particularidades.
La tercera «viga» de Montero pasa porque el sistema sea «solidario» entre territorios (las comunidades con más recursos cederán una parte a las que menos tienen) con criterios «objetivos». La cuarta y última plantea que la gestión y recaudación de los impuestos se haga de forma cada vez más «compartida» y «coordinada» con las comunidades autónomas. Esto pasa porque las agencias tributarias autonómicas ganen protagonismo, pero sin romper nunca la AEAT, la agencia estatal. «Me gustaría una genuina agencia federal, pero la estrategia de las agencias consorciadas también es una solución aceptada por la mayoría de los expertos», apostilla Lago, quien incide en que el modelo de concierto es malo para el control del fraude y para la propia gestión tributaria a escala nacional.
Todo lo anterior hace pensar que lo que está encima de la mesa es más un cambio ordenado que una revolución. «En principio, esto suena más a una reforma que a una ruptura del sistema. Ya veremos los matices, pero desde luego suena mejor lo que se ha avanzado hoy que lo que se presentaba en julio de 2024″, explica a La Información Económica María Cadaval, catedrática de Economía, experta en financiación autonómica y subdirectora de la Rifde.
«Lo que conocemos suena más a una reforma que a una ruptura del sistema»
Otra de las opciones que Hacienda ha venido barajando es la de ofrecer a los territorios que lo deseen pasar del actual modelo de entregas a cuenta (que se basa en anticipos y liquidaciones con dos años de desfase) a un sistema de pago inmediato. Diego Martínez López, catedrático de Economía de la Universidad Pablo de Olavide e investigador de Fedea, considera que sería una buena iniciativa porque permitiría vincular las entregas al momento y contexto en que se produce la recaudación.
Los ‘agujeros’ del sistema vigente
El modelo actual de financiación, que se introdujo en 2009 en plena crisis económica, nunca ha llegado a contentar a todas las autonomías. A la hora de repartir los fondos, hay cuatro territorios que reciben claramente menos recursos que la media: Castilla-La Mancha, Andalucía, Murcia y Comunidad Valenciana. De hecho, la diferencia entre la autonomía que más recibe por habitante —Cantabria— supera en más de 1.000 euros de financiación a las peores tratadas —Murcia y Comunidad Valenciana—.
Otra de las críticas al sistema vigente es que reparte el dinero entre las comunidades autónomas «sin ningún tipo de criterio de equidad definido», según Diego Martínez López. Ese debería ser, a su juicio, el principal eje de la reforma del modelo. Lograrlo dependerá de cómo quede fijado el criterio de ordinalidad. Al final, se trata de diseñar «un sistema que deje claro cómo se reparte el dinero porque en estos momentos no lo está», zanja.
La forma en que el Gobierno ha llevado todo el proceso, pactando primero con las condiciones con ERC y después aplicándolas al resto, ha disgustado a la mayoría de las comunidades autónomas, gobernadas por el Partido Popular, pero también ha molestado a otras como Castilla-La Mancha, donde ostentan el poder los socialistas. Algo que ya sucedió con la propuesta de la condonación de la deuda, cuya cuantía se desveló primero para Cataluña y mucho tiempo después para el resto.