El Partido Popular y Vox anunciaron este miércoles un acuerdo de Gobierno para la investidura del popular Jorge Azcón como presidente de Aragón. Así lo comunicaron los líderes regionales de ambos partidos, Azcón y Alejandro Nolasco, dos meses y medio después de celebrarse las elecciones y en la misma jornada en la que María Guardiola fue investida presidenta de Extremadura, también gracias a un pacto con los de Santiago Abascal.

La investidura de Azcón se celebrará la semana próxima. En virtud del acuerdo, Vox tendrá una vicepresidencia y tres consejerías: Desregulación, Política Social y Familia, Medioambiente y Turismo y Agricultura, Ganadería y Alimentación.

El pacto de Extremadura está estructurado en 11 bloques temáticos y el de Aragón en 13, pero ambos repiten un mismo armazón: rebajas fiscales, endurecimiento en inmigración, medidas contra la ocupación, prioridad territorial en vivienda y ayudas, apoyo al campo, simplificación administrativa y recorte del llamado gasto improductivo.

Inmigración y «prioridad nacional»

La mayor coincidencia entre ambos textos aparece en materia migratoria. Los dos acuerdos incluyen el rechazo frontal al reparto de menores extranjeros no acompañados, la promoción de retornos y repatriaciones, pruebas de determinación de edad y auditorías anuales del gasto vinculado a la inmigración masiva. Coinciden en no abrir nuevos centros ni ampliar plazas, reclamar la adaptación del Reglamento Europeo de Retornos y prohibir el uso del burka y el nicab en espacios públicos.

Como medida adicional, ambos pactan la supresión total de subvenciones a ONG que, a su juicio, favorezcan la inmigración ilegal o colaboren con mafias; y mecanismos para perseguir empadronamientos fraudulentos mediante la verificación del padrón y de la residencia efectiva. Asimismo, incorporan el principio de «prioridad nacional» para el acceso a ayudas y vivienda.

Vivienda

En vivienda, los pactos apuestan por aumentar la oferta y reformar la normativa urbanística (LOTUS en Extremadura y una nueva Ley de Vivienda en Aragón). Ambos exigen un arraigo prolongado (diez años para compra y cinco para alquiler) para acceder a vivienda protegida y excluyen a quienes tengan sentencias por ocupación ilegal.

Extremadura fija un objetivo de al menos 3.500 viviendas protegidas en la legislatura, mientras que Aragón eleva el objetivo a 4.000 y añade la creación de una cátedra con la Universidad de Zaragoza y un Observatorio de la Vivienda, algo que no aparece en el texto extremeño.

En cuanto al pago del ITP, en Extremadura, el pago fraccionado a diez años se apoyará en la empresa pública AVANTE para cubrir los intereses. En Aragón, se creará una línea pública de crédito priorizando viviendas en municipios en proceso de despoblación, e incluye una bonificación del 100% para permutas de fincas rústicas.

Seguridad y ocupación

El PP y Vox pactan también sobre seguridad y ocupación y defienden el desalojo exprés, el apoyo jurídico a víctimas de ocupación y reformas del padrón para que la inscripción sin título de propiedad sea nula de pleno derecho. Extremadura incorpora además el principio de prioridad nacional para ayudas públicas y liga de forma explícita el acceso a prestaciones al arraigo y la cotización.

Aragón añade otros elementos más centrados en seguridad territorial, como el refuerzo del sistema judicial, cooperación policial en el medio rural, coordinación operativa y reclamación de estadísticas de delincuencia vinculada a inmigración. El acuerdo también garantiza el refuerzo de la seguridad rural mediante la instalación de cámaras de videovigilancia y un Plan Extraordinario de Carreteras dotado con 135 millones de euros anuales.

Sanidad

El acuerdo de Extremadura desarrolla un plan de mejora de la sanidad con 500 millones anuales adicionales, campañas quirúrgicas, contratación de 1.500 profesionales, incentivos para zonas de difícil cobertura, equiparación salarial entre profesionales y más plazas residenciales para mayores. Aragón, aunque integra sanidad con familia y hábitos saludables, especifica un plan de choque contra las listas de espera, la construcción del nuevo Hospital Royo Villanova y centros de salud en Utebo o Arcosur, además de implantar la radioterapia en Teruel.

Educación

Además de suprimir el programa de lengua árabe (PLACM), ambos acuerdos coinciden en el «rechazo explícito a cualquier programa de adoctrinamiento en las aulas» y a cualquier intento de «diluir la identidad» y costumbres española. Establecen también una medida idéntica para priorizar el producto nacional y de proximidad en los comedores de colegios y edificios públicos, considerándolo un requisito determinante en las licitaciones.

El acuerdo de Aragón es más específico en el ámbito universitario al incluir la gratuidad de la primera matrícula universitaria, exigir una EBAU única y proponer la implantación progresiva del Bachillerato concertado. Por su parte, Extremadura pone el foco en la homologación salarial de sus docentes para equipararlos a la media nacional y detalla que la gratuidad 0-3 años comenzará con el tramo de 0 a 1 años en el curso 2026-2027.

Fiscalidad

En cuanto a fiscalidad, ambos plantean bajadas progresivas del IRPF de 0,25 puntos anuales, pero con distinto alcance: Extremadura en los dos primeros tramos y Aragón en los cuatro primeros.

Además, Extremadura recoge una ampliación de la bonificación en Sucesiones y Donaciones para ciertos supuestos, reducción del AJD, rebaja general de tasas autonómicas y gratuidades, una bonificación del 50% en la ITV y gratuidad en licencias de caza y pesca.

Aragón también baja figuras tributarias, pero pone más énfasis en el medio rural con un tipo del 0,1% en ITP para jóvenes en municipios pequeños y la supresión de impuestos medioambientales propios sobre emisión de contaminantes y grandes áreas de venta.

Sector primario

Ambos pactos prometen proteger al campo frente a las normas europeas que consideren lesivas, crear fondos de compensación frente a normativas comunitarias, aplicar la declaración responsable para reducir burocracia y priorizar a los jóvenes agricultores. Así, coinciden en una defensa frontal del sector primario frente al Pacto Verde europeo y frente al acuerdo UE-Mercosur. También prevén fondos de compensación para agricultores y ganaderos perjudicados por decisiones comunitarias o nuevas exigencias regulatorias.

Ahora bien, hay diferencias territoriales. En Extremadura el foco está en el regadío de Tierra de Barros, la modernización de regadíos, caminos rurales e infraestructuras hídricas, así como en reformas de varias leyes autonómicas ambientales, agrarias, de caza y pesca. En Aragón el pacto se centra más en la PAC, la reforma de la Ley de agricultura social y familiar, el impulso del regadío, el embalse de Biscarrués y nuevos regadíos en la margen derecha del Ebro.

Gasto improductivo

Ambos acuerdos son igualmente contundentes en este bloque: proponen auditorías anuales para eliminar el gasto superfluo, reducir al 50% las subvenciones a sindicatos y patronales, y rebajar al mínimo legal la cooperación internacional al desarrollo.

Energía e industria

PP y Vox coinciden tanto en Aragón como en Extremadura en blindar el suelo productivo, los usos tradicionales del territorio y el patrimonio natural frente a la expansión de macroplantas eólicas y fotovoltaicas.

El bloque en Extremadura es muy detallado con el blindaje de la central de Almaraz (reduciendo su ecotasa un 30% anual) y el refuerzo de redes eléctricas para la industria. En Aragón se enfoca en posicionar la región como un hub tecnológico y de centros de datos, además de fomentar el sector de la nieve como motor económico estratégico.