El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves una reforma del Código Penal que tipifica como delito las llamadas terapias de conversión a personas del colectivo LGTBIQ+. La norma, que ha salido adelante con los votos a favor de la mayoría de la investidura, la abstención del PP y los votos en contra de Vox, castiga con hasta dos años de cárcel las prácticas destinadas a modificar, reprimir o eliminar la orientación sexual o la identidad de género de una persona, incluso cuando exista consentimiento de la víctima. Impulsada por el Partido Socialista hace justo un año, la reforma ha recibido el visto bueno de una amplia mayoría de la Cámara Baja, no sin el reproche de varios socios del Gobierno, que han afeado a los socialistas que se hayan negado a incluir en el articulado ayudas económicas y apoyo habitacional para las víctimas.

La iniciativa da un paso más respecto a la ley trans de 2023, que ya prohibió este tipo de prácticas, pero únicamente como infracción administrativa muy grave, con multas de 10.001 a 150.000 euros. Así, con esta reforma, las terapias de conversión pasarán a figurar como delito en el Código Penal, en línea con otros países, como Francia, Reino Unido o Canadá, que también persiguen estos métodos. «Las terapias de conversión son tortura, son violencia y son, en definitiva, actitudes que persiguen transformar a una persona simplemente porque no encaja en un estereotipo o etiqueta», ha denunciado la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que ha cerrado el debate de la ley en Pleno reivindicando el carácter «histórico» de una reforma que llega tras décadas de lucha del movimiento LGTBIQ+.

Según el texto, que todavía debe ser ratificado por el Senado antes de entrar en vigor, la reforma castiga con pena de cárcel de seis meses a dos años y multa de ocho a veinticuatro meses a quien «aplique o practique» sobre una persona «actos, métodos, programas, técnicas o procedimientos de aversión o conversión, ya sean psicológicos, físicos, farmácológicos o de cualquier otra naturaleza, destinados a modificar reprimir, eliminar o negar su orientación sexual, su identidad sexual o su expresión de género».

Además, se impondrá la pena más alta cuando la víctima sea menor de edad, cuando los hechos se hayan cometido empleando violencia o intimidación, si el culpable pertenece a una organización o asociación y cuando los hechos se hubieran realizado con fines lucrativos. La ley castiga también con las mismas condenas a los familiares, tutores o cualquier responsable de un menor de edad que «consienta, promueva, favorezca o facilite» que la víctima sea sometida a una falsa terapia de conversión.

Faltan ayudas económicas y habitacionales

«Esta es una reforma muy sencilla en su formulación, pero tiene un enorme significado democrático», ha destacado el diputado socialista Víctor Gutiérrez, que ha celebrado que con esta ley por fin se «cierre la puerta» al miedo, la culpa y la violencia y se castiguen las terapias de conversión que ha calificado como «una forma de tortura». «Hoy protegemos la dignidad de miles de personas a las que quisieron convencer de que eran un error», ha zanjado Gutiérrez.

La mayoría de grupos han aplaudido la ley, aunque consideran que se queda «corta» al no recoger ayudas habitacionales y económicas para las víctimas de estas terapias. Tesh Sidi, de Sumar, ha asegurado que la reforma actuará como un «elemento disuasorio» hacia «todos aquellos que ejercen violencia y tortura sobre menores, sobre sus hijos, sobre sus amigos y sobre sus primos». Pero la diputada ha advertido de la vulnerabilidad añadida a la que se ven sometidas las víctimas de las terapias de conversión, pues normalmente se ejercen en el seno familiar, y la falta de apoyo económico y habitacional puede obligarlas a tener que permanecer en ciertas situaciones de violencia. 

Algo parecido subrayó la diputada de ERC, Teresa Jordà, que ha asegurado que este tipo de prácticas «intentan destruir la parte esencial de una persona». «No hay nada que curar, no hay nada que corregir, no hay nada que reparar», ha aseverado la dirigente republicana, que asegura que el problema está siempre en el «perjuicio» de quienes rechazan al colectivo LGTBIQ+. También ella lamentó que no se hayan incorporado ayudas económicas y de vivienda para quienes sufren rechazo familiar o exclusión social tras pasar por ellas.

«¿Tan difícil de entender es que las víctimas necesitan seguridad económica y habitacional para poder blindar su derecho a la denuncia?», ha cuestionado también la diputada de Compromís, Àgueda Micó. Como ella, Noemí Santana, de Podemos, cree que la ley se ha quedado «corta» y que al texto le faltan medidas de acompañamiento y protección integral para las víctimas.

La derecha no apoya la reforma

En el Partido Popular, que finalmente se ha abstenido, el apoyo ha sido más bien descafeinado. El diputado Jaime de los Santos ha asegurado que la ley es «tan necesaria como corrompida», pues, aunque reconoce que las terapias de conversión son «inaceptables» y «un delito contra la dignidad», considera que el consentimiento debería permanecer en el centro del articulado. Es decir, que la persona adulta (o, en el caso de un menor, su tutor legal) pueda decidir voluntariamente si acudir a este tipo de terapias.

Vox directamente ha tildado la ley de «absoluto despropósito» y ha cargado contra sus impulsores por «imponer una forma de pensar y actuar a golpe de Código Penal». «Es un ataque a la libertad individual, una libertad que para nosotros es sagrada», ha denunciado la diputada Julia Calvet.