EFE
La Constitución española cumple este viernes 46 años de vigencia, y lo hace en un ambiente político enrarecido que ya se ha convertido en la tónica habitual en los últimos años. La gran novedad es que el aniversario de este año tiene lugar también en un momento complicado para el Gobierno, cercado por dos investigaciones judiciales: la del caso Koldo, en el marco de la cual el conseguidor Víctor de Aldama ha acusado públicamente —por el momento, sin aportar pruebas— a varios miembros del Consejo de Ministros de corrupción, y la que investiga al fiscal general del Estado por la supuesta filtración de documentación relativa a la imputación por fraude fiscal del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador.
Para celebrar el cuadragésimo sexto aniversario de la Constitución, el Congreso de los Diputados es el escenario del tradicional acto solemne en el que participarán las principales autoridades del Estado. Los presidentes de la Cámara Baja y del Senado, Francina Armengol y Pedro Rollán, respectivamente, actúan como anfitriones de un evento al que también acuden el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y varios ministros, así como presidentes autonómicos (incluido, por primera vez en años, el catalán, Salvador Illa) y otros altos cargos. El acto cuenta con la participación de la Agrupación Musical Inclusiva del Teatro Real, y ha estado precedido por un izado solemne de bandera presidido por Armengol, Rollán y el jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad), almirante Teodoro López Calderón.
Como ocurre anualmente, algunos partidos se han ausentado de la celebración para mostrar sus reservas o su rechazo a la Constitución. Varios de los socios del Gobierno, como ya es tradición, se han borrado: es el caso de PNV, EH Bildu, ERC, Junts o el BNG. Podemos, por el contrario, sí está representado, al igual que Sumar, aunque en el caso de la formación minoritaria del Ejecutivo no están presentes ni la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, de viaje oficial en México, ni la portavoz parlamentaria, Verónica Martínez, que ha alegado que tiene que «conciliar». Sumar, no obstante, insiste en que sus ausencias se deben a motivos de agenda y no políticos, y ponen el foco en que todo el resto de los ministros de la coalición y también otros parlamentarios sí estarán presentes.
La atención mediática, no obstante, está fundamentalmente puesta en la otra pata de la coalición de Gobierno, la socialista, muy tensa estas semanas por las acusaciones que está realizando Víctor de Aldama contra varios ministros y también contra el ex número dos del PSOE, José Luis Ábalos. Sin ir más lejos, el pasado miércoles el supuesto conseguidor de la trama aseguró al Tribunal Supremo que pactó con Ábalos, cuando este era ministro de Transportes, que le entregaría un piso valorado en 1,9 millones de euros en el Paseo de la Castellana (una de las zonas más caras de Madrid) como «garantía» de los pagos que una serie de constructoras le harían en un futuro a cambio de contratos «preadjudicados» de obra pública.
El Ejecutivo, asimismo, se ha visto salpicado esta semana por una segunda causa judicial, la que se sigue contra el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos. Las últimas novedades se produjeron el lunes, cuando el juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado citó en calidad de testigos, para el próximo mes de enero, al jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, y a ocho periodistas de distintos medios de comunicación para intentar arrojar luz sobre la filtración a la prensa de los correos electrónicos entre la defensa de Alberto González Amador y el fiscal que le investigaba por delitos fiscales, Julián Salto.
En el marco de la misma causa declaró hace unos días ante el Supremo el recién dimitido secretario general de la federación madrileña del PSOE, Juan Lobato, en calidad de testigo. Allí, Lobato entregó un acta notarial que confirma que Moncloa le envió los correos confidenciales del novio de Díaz Ayuso antes de que se publicaran en los medios de comunicación, lo cual supuso un duro golpe al Gobierno, que queda contra las cuerdas y señalado ante la presunta filtración.
El PSOE cierra filas con Sánchez
Pese a la sucesión de noticias negativas para sus intereses, el PSOE llega al acto conmemorativo del Día de la Constitución habiendo cerrado filas en su recién clausurado congreso de Sevilla, donde Pedro Sánchez ha sido reelegido secretario general. El número 3 de Ferraz, Santos Cerdán, otro de los señalados por Aldama, fue uno de los más duros en ese congreso, en el que denunció la existencia de una «cacería» contra Sánchez. Una estrategia «de acoso y derribo» que, dijo, también se sirve de la «sede judicial» para difundir «las mismas mentiras de siempre».
En el plano puramente político, la recepción en el Congreso tiene lugar apenas 24 horas después de que el Ejecutivo y el PP retomen las negociaciones para intentar acordar una reforma de la ley de extranjería que permita abordar la crisis migratoria de Canarias. El Ministerio de Política Territorial que lidera Ángel Víctor Torres insiste en una modificación legal para obligar a las comunidades a reubicar a los menores migrantes llegados a las zonas más saturadas, la misma posición que en su momento rechazó el PP.