Hace un mes que el juez Leopoldo Puente recibió un extensísimo informe de la Guardia Civil en el que se revela un complejo entramado de supuestos amaños de obras públicas liderado por Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García. En este tiempo, el magistrado del Tribunal Supremo ha tomado declaración a prácticamente todos los protagonistas de la trama y ahora persigue el rastro del dinero que supuestamente se repartieron entre empresas y cargos públicos.

El pasado 20 de junio, el magistrado dio el primer paso de este camino. El instructor dictó un auto en el que imputó formalmente a Cerdán y a cinco empresarios envueltos en la supuesta trama. Entre ellos figuraban José Ruz, dueño de la compañía Levantina Ingeniería y Construcción (LIC); los hermanos Daniel y Antonio Fernández, propietarios de Obras Públicas y Regadíos; Fernando Merino, exdirectivo de Acciona; y Joseba Antxon Alonso, administrador único de la empresa Servinabar 2000, supuestamente participada en un 45% por Santos Cerdán.

En ese mismo escrito, el instructor solicitó a varias entidades bancarias que aportaran información sobre el patrimonio de los empresarios y de sus compañías. Paralelamente, el juez investiga el de José Luis Ábalos y de Santos Cerdán y entre las empresas cuyo patrimonio está sobre la lupa están Acciona, la principal «corruptora» de la trama, Servinabar y también la fundación Fiadelso, de José Luis Ábalos.

Este jueves, el juez Puente ha acordado requerir a la Agencia Tributaria la información de la que disponga sobre estos empresarios y sus correspondientes empresas. El objetivo, según detalla el juez en el auto, es «cruzar los datos bancarios con las correspondientes declaraciones tributarias», y localizar así posibles bienes no declarados.

Además, el instructor ha solicitado a la Tesorería General de la Seguridad Social que informe de la «vida laboral» de los principales empresarios de la trama, de Koldo García y su mujer, y de Santos Cerdán. A esta misma institución le pide información sobre los trabajadores de las empresas que protagonizan la trama, incluidas las uniones temporales de empresas (UTE) formadas por Acciona y otras compañías.

Hasta ahora, todos los indicios con los que cuenta el instructor sobre la trama navarra se basan en los audios que grabó Koldo García a escondidas, en conversaciones de mensajería intervenidas por la UCO y en las declaraciones que ha tomado el propio juez. Mientras tanto, la Unidad Central Operativa tiene la encomienda de analizar una gran cantidad de contenido documental y de información patrimonial que podría dar el sustento necesario a todos los indicios ya recabados.

Aparte de cotejar los bienes de los investigados con lo declarado a Hacienda, la UCO tiene que estudiar todo lo que requisó durante el registro de las compañías y los domicilios de los empresarios y los cargos públicos imputados. Por otra parte, la Guardia Civil ha volcado el contenido de los correos electrónicos de Santos Cerdán, la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera y el ex director general de Carreteras, Javier Herrero.

En busca del «botín» de cinco millones de euros

Si el informe de la UCO que dio pie al encarcelamiento de Santos Cerdán sirvió para dibujar un mapa de la estructura de la trama navarra, lo primordial ahora es encontrar el «botín» de la corruptela, en palabras del propio Leopoldo Puente. En un escrito dictado a finales del mes pasado, el instructor estimó que el dinero obtenido por Cerdán, Ábalos y Koldo García podría rondar los cinco millones de euros. La gran pregunta es dónde ha ido a parar el dinero. A día de hoy la respuesta no es  del todo clara.

La UCO dedujo de las conversaciones analizadas que Santos Cerdán gestionó el pago de mordidas de hasta 620.000 euros para Ábalos y su exasesor. Otros 450.000 euros quedaron pendientes de pago, según el mencionado informe. No obstante, el juez ha subrayado que, teniendo en cuenta el funcionamiento de «otras operaciones semejantes», sería razonable considerar que el triángulo Santos-Ábalos-García pudo llevarse «un 1%» del valor de los contratos amañados. Ese 1%, «un porcentaje aún muy contenido», «equivaldría a una cantidad superior a los cinco millones de euros».

En aquel escrito, el juez deslizó una idea clave para la investigación. Dijo que «más personas, físicas o jurídicas, además de los señores Ábalos, García y Cerdán, pudieran haberse lucrado». El término «personas jurídicas» podría aludir a empresas, pero también a partidos políticos, como el PSOE.

Aunque el instructor aún no se ha pronunciado sobre la posibilidad de un delito de financiación irregular en el Partido Socialista, este jueves el magistrado dictó un segundo auto en el que reclama al PSOE que informe de las donaciones que ha realizado José Luis Ábalos a la formación. Los datos que maneja la UCO al respecto son contradictorios: la Agencia Tributaria cifra las donaciones en 44.729,29 euros, pero el análisis de la información bancaria de Ábalos solo ha servido para localizar el pago de 8-471.36 euros al partido.

Tras el requerimiento judicial, fuentes socialistas han trasladado su intención de colaborar con la justicia y han aclarado que «en el caso de los diputados, cada electo cobra su sueldo del Grupo Parlamentario Socialista, no del Congreso de los Diputados». «De ese sueldo se detrae la aportación voluntaria» que los diputados socialistas hacen al partido, al margen de la cuota que se cobra a todos los militantes.

Por otro lado, aclaran en Ferraz, «los altos cargos afiliados al PSOE pagan una cuota voluntaria directamente al partido». «todas esas aportaciones están perfectamente declaradas ante la Hacienda pública, y fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas, en aplicación de la ley de Financiación de Partidos Políticos», trasladan desde el Partido Socialista.