La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado este jueves dos cambios en en el Estatuto de los Trabajadores. Por un lado, su departamento tramitará la ampliación hasta los diez días del permiso por fallecimiento de un familiar y, por otro lado, creará un nuevo permiso para cuidados paliativos. Así lo ha anunciado en un desayuno informativo organizado por Europa Press.
«Uno de los problemas que tiene España con la productividad es que a veces los trabajadores tienen que ir a trabajar en condiciones no favorables. Nadie puede ir a trabajar a dos días del fallecimiento de un padre, una madre o un hijo», ha denunciado, asegurando que los permisos actuales son «demasiado exiguos». Es por eso que, según ha informado, el Ministerio de Trabajo presentará próximamente un real decreto ley para modificar el Estatuto de los Trabajadores e introducir estadas dos novedades.
La legislación actual ya recoge un permiso de dos días por fallecimiento de cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que se extiende en dos días más si se requiere desplazamiento del trabajador. Con el cambio anunciado, este permiso retribuido se ampliaría hasta en ocho días, manteniendo el mismo alcance, por lo que incluiría el fallecimiento, por ejemplo, de un hijo, padre, abuelo, nieto o hermano.
El permiso para cuidados paliativos es una figura nueva. Díaz ha señalado que su departamento está todavía estudiando hasta qué grado de parentesco alcanzará. A falta de conocer más detalles, por el momento es seguro que cubrirá la atención a familiares de primer grado de consanguinidad, como es un hijo, un padre o una madre. Esta nueva figura se sumaría al permiso retribuido de cinco días que recoge la legislación actual por accidente o enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica de cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el segundo grado de consanguineidad o afinidad.
«El que entierra a una madre o el que no acude al trabajo porque tiene que cuidar a su hijo no es un absentista», ha defendido la ministra, que ha afirmado que hay que hablar sobre absentismo en España, pero ha reclamado hacerlo «con rigor». «El absentismo de verdad, claro que es un problema en España», ha señalado, estimando su impacto público en un punto y medio del PIB. «No podemos admitir que se llame absentismo a lo que son derechos laborales», ha remarcado.
El anuncio de este jueves llega después de que se validara a principios de septiembre la ampliación de los permisos por nacimiento de 16 a 17 semanas. A este cambio sumaron dos semanas retribuidas por cuidado de hijo de hasta ocho años, que se añadieron a las ocho ya existentes. Las nuevas modificaciones tendrán que seguir el mismo procedimiento para hacerse efectivas, es decir, tendrán que ser aprobadas primero en Consejo de Ministros y posteriormente recibir el respaldo del Congreso.
Sin negociar con patronal y sindicatos
Díaz ha asegurado que los cambios ya se han negociado con el ala socialista del Gobierno. En cambio, ha reconocido no haberlos tratado con la patronal, aunque confía que la acogida sea favorable. «Espero que los empresarios cojan esta medida con cariño. Nos hace un país mejor», ha expresado. No obstante, las primeras palabras del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, han sido de reproche. En un foro del Instituto de Empresa Familiar de Castilla-La Mancha, ha criticado que el anuncio se haya hecho sin diálogo social y ha apuntado a un interés «electoral». Sin pronunciarse sobre el fondo de la medida, lo ha calificado de «ocurrencia» y ha pedido que se tenga en cuenta su coste económico. «Yo pediría un permiso para descansar diez días de los anuncios de la ministra», ha ironizado.
También UGT ha afeado a través de un comunicado la falta de negociación previa, aunque en su caso la acogida de la ampliación del permiso por fallecimiento y la creación del de cuidados paliativos ha sido más positiva. El sindicato ha pedido conocer «con exactitud» el alcance de ambas propuestas para poder valorarlas con más detalle y debatirlas en el marco del diálogo social, aunque ha recordado que su organización lleva tiempo reclamando equiparar los permisos con los de países vecinos no solo por una justificación «social o familiar», sino también por prevención de riesgos laborales y por salud mental.
«España estaba a la cola de la protección del fallecimiento de familiares con permisos excesivamente cortos que hacían que muchísimos trabajadores tuvieran que cogerse la baja, porque no estaban en condiciones psicológicas de ir a trabajar con la cercanía del fallecimiento de un familiar», ha señalado en la misma línea el secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), Unai Sordo, antes de participar en una asamblea de delegados en Ponferrada, donde ha valorado el anuncio como «una buena noticia», aunque ha lamentado igualmente que no haya sido debatido con sindicatos y patronal.
Negociación del despido
Aparte de los cambios en los permisos, Trabajo tiene varios asuntos pendientes con los agentes sociales. Uno de ellos es la negociación de la reforma del despido —el Comité Europeo de Derechos Social condenó a España por considerar insuficiente la indemnización por despido improcedente—, que Díaz ha adelantado que arrancará el 20 de octubre. La ministra ha señalado que le «encantaría» contar también con el apoyo de la CEOE en la subida del salario mínimo para 2026, asegurando que prefiere una cifra menor con acuerdo que una más alta sin acuerdo.
Díaz también ha celebrado que este jueves haya salido a consulta pública el proyecto de real decreto para reformar el registro horario, algo a lo que se comprometió después de que el Congreso rechazara el proyecto de ley de la reducción de jornada en el que se pretendía abordar este asunto. «Este registro no va de vigilar, sino que va de garantizar que las horas extras se pagan, que el tiempo de descanso se respeta y que la productividad se mide con justicia, porque un país moderno no se construye a base de horas extras sin registrar», ha defendido, asegurando que la tramitación del endurecimiento del control horario como real decreto ha sido una «gran sorpresa» para los empresarios. «¿Qué temor tienen?», se ha preguntado.
La vicepresidenta ha cargado contra PP, Vox y Junts por haber tumbado la tramitación de la reducción de jornada en el Congreso, un rechazo que ha calificado como una «bofetada» no solo para los trabajadores sino también para los autónomos y las pequeñas empresas, para las que ha pedido un mejor tratamiento fiscal. En ese sentido, ha propuesto reformar el IVA y el Impuesto de Sociedades para que las pymes paguen menos y las grandes empresas más, así como por reducir el coste de la energía para las compañías de menor tamaño, facilitar su acceso a financiación a través de una banca de inversión pública y de una ventanilla única para reducir la burocracia y endurecer las sanciones por morosidad.