28 de agosto de 2025. Es la fecha en la que el Gobierno arrancará con los traslados de casi 4.000 menores migrantes no acompañados que se encuentran actualmente en Canarias, Ceuta y Melilla. Lo hará pese al rechazo frontal de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, que todavía no han querido dejar claro si acatarán la ley llegado el momento y acogerán a los menores que les ha asignado el Ejecutivo. El Ministerio de Juventud e Infancia, no obstante, se ha plantado: el decreto aprobado en marzo en el Congreso son lentejas. Les guste o no, empezarán a reubicar a esos niños y adolescentes extranjeros a finales de agosto, en un proceso que será progresivo y que se irá produciendo «a lo largo del año». En caso de que se nieguen, el Ejecutivo avisa de que se reserva la opción de acudir a la Fiscalía.
Las comunidades populares, que acusan al Gobierno de imponer un reparto «ilegal» y «arbitrario» que, dicen, invade sus competencias, se escudan de momento en los 11 recursos de inconstitucionalidad pendientes de resolver. El Tribunal Constitucional admitió a trámite todos y el departamento que dirige Sira Rego defiende avanzar con el desarrollo del decreto mientras no se pronuncie. «Tenemos garantías jurídicas para seguir trabajando», sentenció la ministra este jueves, después de que todos los consejeros del PP le dieran plantón en la Conferencia Sectorial en la que iba a trasladarles las cifras definitivas de cuántos menores migrantes nuevos debe tutelar cada territorio, según criterios como el PIB, el paro, la dispersión territorial, insularidad, o el «esfuerzo previo» en la acogida.
El Gobierno se ampara en el respaldo del Consejo de Estado que, según la ministra, emitió un dictamen en el que «avala» esa «legitimidad para seguir trabajando», aunque no lo ha hecho público. Rego denunció el «bloqueo» de los de Génova, a quienes acusa de mantenerse en una postura completamente inmóvil desde que empezaran a negociar los detalles del decreto hace justo un año, en una docena de Sectoriales convocadas para tal fin. «No hemos conseguido que el Partido Popular haya traído una sola propuesta a lo largo de estas 12 convocatorias de espacios de trabajo», recriminó, calificando la ausencia de las autonomías del PP como el «colofón definitivo» de esa oposición constante.
«Un año para ir trasladando a los niños»
Así, Juventud e Infancia continuará con los plazos previstos. El próximo martes, 22 de julio, llevará a Consejo de Ministros el reglamento de aplicación del decreto, en el que se concreta cómo debe aplicarse la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería que convalidó el Congreso de los Diputados el pasado mes de marzo. El 26 de agosto se aprobará otro documento, en el que aparecen las cifras definitivas de los traslados y la financiación que reciba cada comunidad en función de los menores que se les asigne.
«Y a partir del 28 de agosto estamos en disposición de comenzar con los traslados de niños a la Península», zanjó Rego. Un proceso que, no obstante, no se producirá de golpe, sino de forma progresiva y «a lo largo de un año». «Tenemos un año para ir trasladando a los niños», insistió la ministra, que explicó también que en ese periodo se acabarán de aterrizar los «mecanismos de coordinación permanente con las comunidades autónomas», con «procedimientos muy tasados» y siempre «de una manera muy equilibrada».