
Los socialistas se unen a los populares y a los independentistas para que la proposición de ley de multirreincidencia de Junts supere su antepenúltimo hito parlamentario.
La proposición de ley de multirreincidencia promovida por Junts sigue avanzando a buen ritmo en su tramitación parlamentaria. Este jueves, la norma superó un nuevo hito en el Congreso y quedó lista para ser aprobada, dentro de un par de semanas, en la comisión de Justicia, el paso previo a recibir luz verde en el pleno de la Cámara Baja. Y lo hizo gracias al acuerdo que alcanzaron PSOE, PP y el partido de Carles Puigdemont, que sumaron una amplísima mayoría favorable a endurecer las penas para los ladrones que cometan hurtos de manera reiterada. En contra solo se posicionaron abiertamente Sumar, EH Bildu y Podemos, que entienden que la delincuencia común debe combatirse atendiendo a sus causas sociales y no endureciendo las penas.
El acuerdo para aprobar el informe de la ponencia —la denominación técnica del texto que recibió luz verde este jueves, que ahora pasará a debatirse y votarse en comisión— llega en un momento en el que el Gobierno está intentando hacer gestos a Junts para recoser su relación tras la ruptura que anunció Puigdemont hace algo más de un mes. La aprobación de la ley de multirreincidencia es una de las prioridades de los independentistas catalanes desde el año pasado, y el PSOE reactivó su tramitación hace un mes después de haberla tenido congelada más de medio año, desde el pasado febrero.
La norma, básicamente, busca endurecer las penas por hurto en dos supuestos: cuando haya multirreincidencia y cuando el objeto robado sea un teléfono móvil u otro dispositivo electrónico. En concreto, Junts apuesta por modificar el Código Penal para que se aplique una condena hasta tres años de cárcel a quienes cometan hurtos con multirreincidencia, aunque el monto total de lo robado no sume 400 euros, o roben móviles u otros dispositivos electrónicos. Asimismo, el texto incluye una disposición para reformar la ley de Enjuiciamiento Criminal con el objetivo de que los ayuntamientos puedan ejercer la acción penal cuando no lo hace la Fiscalía.
Además de aprobar el informe de la ponencia y enviar el texto a comisión para afrontar su penúltimo escalón parlamentario, la mayoría que suman PP, PSOE y Junts pactó este jueves seis enmiendas para modificar algunos puntos de la proposición de ley original. Entre otras cosas, los tres partidos acordaron aplicar el endurecimiento de las penas a quienes reincidan en tres o más ocasiones en el delito de estafa, así como introducir en el Código Penal el delito de aprovisionar con combustible a los medios de transporte utilizados por los narcotraficantes para introducir droga en España, el conocido como petaqueo. Este último asunto, que no tiene nada que ver con el resto de la ley de multirreincidencia, es el único en el que ha habido unanimidad de todos los partidos.
Gestos de la Moncloa hacia Junts
Una vez aprobado este jueves el informe de la ponencia, lo previsto es que dentro de un par de semanas el texto sea debatido y votado en la comisión de Justicia, según explican fuentes parlamentarias. Al ser enero un mes inhábil en el Congreso, su votación en el pleno se retrasará hasta la primera semana de febrero, apuntan estas mismas fuentes. Entonces, si no hay algún cambio de posición de última hora, la Cámara Baja lo aprobará por una amplia mayoría, puesto que PSOE, PP y Junts reúnen 264 de los 350 escaños del hemiciclo, y eso sin contar con el apoyo de partidos como Vox o el PNV, que este jueves ya votaron a favor de acelerar la tramitación.
Cuando el Congreso le dé su beneplácito, a la norma únicamente le quedará para entrar en vigor recibir el apoyo del Senado, donde la mayoría absoluta con la que cuenta el PP garantiza que saldrá adelante. Con los votos que proporcionan los dos grandes partidos en ambas cámaras, la Baja y la Alta, será irrelevante lo que hagan las formaciones a la izquierda del PSOE, incluida ERC, el partido que más incómodo se encuentra con la iniciativa: en los últimos tiempos, los republicanos no han querido abrazar el discurso punitivista de la derecha, pero a la vez se han distanciado de Sumar o Podemos y han sostenido que es necesario abordar el problema de la delincuencia menor en Cataluña.
La votación de este jueves evidencia el cambio de estrategia del PSOE con respecto a la seguridad ciudadana y, además, supone un nuevo gesto para intentar congraciarse con Junts. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dio el pasado martes la razón a los independentistas y admitió que ha incumplido algunos de los compromisos adquiridos con ellos, y para reconducir la relación anunció que en las próximas semanas se aprobaría la ley de multirreincidencia, así como que el Consejo de Ministros aprobaría dos decretos: uno para «facilitar y flexibilizar» las inversiones de los entes locales y ayuntamientos —que ya recibió luz verde el martes pasado— y otro de ayudas a caseros cuyos inquilinos en situación de vulnerabilidad no puedan pagarles el alquiler.