El pleno tumba la enmienda a la totalidad de Junts gracias a la abstención del PP, que espera cambiar «muchas cosas» de la ley en su tramitación parlamentaria.
La reforma de las leyes de dependencia y discapacidad ha superado este jueves su primer examen en el Congreso de los Diputados. El Ministerio de Derechos Sociales se apunta así otra victoria en un momento en el que el Gobierno tiene cada vez menos margen de maniobra por la fragilidad de sus relaciones con los socios de investidura. El último pleno del año ha tumbado la enmienda a la totalidad de Junts, que se ha quedado solo en su intento de devolver la ley al Ejecutivo por invasión de competencias. Un veto que han conseguido sortear gracias a la abstención del PP, que durante el debate en la Cámara Baja ya ha avanzado que sus votos no son un cheque en blanco y que trabajará para cambiar «muchas cosas» de la ley durante la tramitación parlamentaria que arranca ahora.
Es el segundo escollo que conseguía salvar la ley en apenas un día, después de que el PNV retirase a primera hora de la mañana una segunda enmienda a la totalidad, tras llegar a un acuerdo con el Gobierno y acordar una serie de modificaciones que introducirán en el articulado de la ley en los trabajos de la Comisión. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, llevaba semanas apelando al consenso del arco parlamentario para sacar adelante una norma que pretende transformar el modelo asistencial en España y refuerza la ayuda a domicilio.
Así lo ha reivindicado también este jueves desde la tribuna, donde ha destacado la oportunidad de «prolongar» la senda de avances sociales que se inició con la reforma del artículo 49 de la Constitución y que continuó con la aprobación unánime de la ley ELA, la ampliación de los permisos de paternidad, y con la ley de servicios de atención a la clientela, que ha sido ratificada definitivamente en el mismo pleno. «Sería un buen mensaje que enviar a la ciudadanía y una gran contribución para mejorar nuestra democracia y nuestro Estado social», ha subrayado. Para el ministro, la norma aborda uno de los desafíos «más acuciantes» que afronta el país para garantizar una «atención digna» a las personas con dependencia, teniendo en cuenta que, según estimaciones de su departamento, el sistema atenderá a 2,5 millones de personas en 2030, lo que requerirá la contratación de hasta 300.000 trabajadores adicionales.
«El dinero es fundamental»
Con mayor o menor reparo, todos los grupos han coincidido en la necesidad de esta reforma, aunque también han recriminado al Ministerio de Derechos Sociales que el proyecto no vaya unido a un compromiso presupuestario sin el cual temen que todas las medidas queden «en papel mojado». «Sin dinero no hay desarrollo de los derechos, solo buenas palabras e intervenciones de cara a la galería. El dinero es fundamental, no para condicionar los derechos, pero sí para garantizarlos. Sin presupuesto no podemos seguir avanzando», ha subrayado el portavoz del PP, Enrique Belda. Con todo, y tras trasladar el «firme compromiso» de su líder, Alberto Núñez Feijóo, con los derechos de las personas con discapacidad, Belda ha dicho que esperan «poder arreglar la ley en tiempo y en forma» durante la tramitación. «Tenemos que cambiar muchas cosas», ha apuntado.
Bustinduy, por su parte, ha prometido que la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad contarán «con la financiación necesaria para ser viables y salir adelante». «Es lo que refleja el acuerdo de gobierno que recoge el compromiso de alcanzar un 50% de la financiación de la dependencia en la contribución de la Administración General del Estado», ha subrayado.
Las medidas de la ley
Tras rechazarse la enmienda a la totalidad, la ley pasará ahora a ser debatida en la Comisión de Derechos Sociales del Congreso, donde los grupos negociarán para introducir sus propuestas de modificación a travñes de las enmiendas.
Medidas que se incluirán a las que ya recoge la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad que salió del seno del Ejecutivo, como el refuerzo de la ayuda a domicilio (que podrá extenderse a otros espacios, como los supermercados o el médico) o el préstamo de productos de apoyo como sillas eléctricas, andadores, camas articuladas o asistentes de voz. También se amplía la ayuda económica por cuidados a familiares, que podrán percibir personas allegadas o convivientes, y se contemplan servicios transitorios para los dependientes en grado II o III que estén esperando a recibir un recurso. Para reducir la burocracia, la reforma reconocerá automáticamente un 33% de discapacidad a las personas en grado I; y un 65% a las de grado II o III. Además, suprime el régimen de incompatibilidades en las prestaciones y elimina el plazo suspensivo máximo de dos años en las ayudas económicas para cuidados en el entorno familiar.