La UCO ha detenido al expresidente de la SEPI nombrado por Montero, mientras que la UDEF ha registrado la compañía Plus Ultra en el marco de una investigación sobre el rescate a la aerolínea y ha detenido al presidente y el CEO de la compañía. En el Gobierno mantienen la cautela y no descartan que haya más detenidos o nuevos hallazgos.
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), un organismo dependiente del Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero, está en el ojo del huracán. Este miércoles, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvo a Vicente Fernández, expresidente de esta entidad que opera como el brazo inversor del Gobierno. Lo hizo por orden de la Audiencia Nacional, que le investiga junto a Leire Díez y el socio de Santos Cerdán, Antxon Alonso, por una presunta corruptela en la adjudicación de contratos públicos. No es todo. El jueves, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional detuvo al presidente y al CEO de la compañía aérea Plus Ultra —cuya sede ha registrado—, rescatada por la SEPI en 2021 con 53 millones de euros, en una investigación por presunto blanqueo de capitales.
Mientras el Tribunal Supremo ha confirmado la apertura de juicio oral contra José Luis Ábalos, en plena tormenta judicial para el Gobierno se han abierto dos causas distintas que amenazan directamente al organismo dependiente del Ministerio de Hacienda.
Pese a ello, este jueves la vicepresidenta Montero quiso desmarcarse públicamente de quien fuera su director entre 2018 y 2019 y aseguró que lleva desde que lo cesó sin hablar con Vicente Fernández. «Todo lo que está saliendo en los medios de comunicación» relativo a las supuestas actividades ilegales que habrían llevado a su detención «es posterior a su salida de la SEPI», insistió Montero, que detalló que no ha tenido conversaciones «ni de WhatsApp, ni de llamadas, ni de reuniones, ni de nada» desde hace seis años.
Tras salir en 2019 de la empresa pública al ser imputado por un caso de corrupción en Sevilla del que ha resultado absuelto, Fernández fichó en 2021 por la empresa Servinabar, propiedad de Antxon Alonso y coparticipada en un 45% por Santos Cerdán. Se trata de una compañía central en el caso Koldo como presunta adjudicataria de contratos millonarios irregulares de la mano de Acciona Construcción.
«Yo he conocido que trabajaba en Servinabar por los medios de comunicación», afirmó asimismo Montero, que en esa misma línea declaró que la primera vez que oyó hablar de dicha empresa, que supuestamente servía como vehículo para el cobro de mordidas, fue también «a través de los medios de comunicación». «Nosotros [el Gobierno] siempre somos los primeros sorprendidos y a los que más les duelen los comportamientos de personas que hayan estado en nuestro entorno y que se han comportado al margen de cualquier legalidad o código ético», lamentó.
En el Gobierno, no obstante, se mantienen cautos porque contemplan la posibilidad de que haya más detenidos o nuevos hallazgos documentales. «La operación policial sigue en desarrollo», advierten las fuentes consultadas, que aseguran que en la Moncloa la información que va llegando es la que proporcionan los medios puesto que el caso está bajo secreto de sumario. Políticamente, no obstante, los planes no cambian: según aseguran estas fuentes, el presidente Pedro Sánchez sigue teniendo como objetivo extender la legislatura hasta su final ordinario en 2027.
Leire Díez, Antxon Alonso y el vínculo con Santos Cerdán
Las detenciones de este miércoles cercan también a Santos Cerdán, imputado en el caso Koldo por presuntamente gestionar el cobro de mordidas para Koldo García y Ábalos a través de Servinabar. Dos de los detenidos, Díez y Alonso, tuvieron o dijeron tener un vínculo estrecho con el exsecretario de organización del PSOE.
El vínculo de Alonso y Cerdán está reconocido por ambos: eran amigos, pero también eran socios como parte de la compañía Servinabar, de acuerdo con los hallazgos de la UCO en el caso Koldo. El Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional atribuye a Alonso delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal en esta incipiente causa sobre presuntos amaños en la SEPI.
El vínculo entre Cerdán y Leire Díez solo lo reconoció la supuesta fontanera, tal y como se desprende de otra causa en la que se investigan sus supuestas maniobras para obtener información sensible contra la UCO y la Fiscalía Anticorrupción. En las pesquisas se abordan distintas reuniones que mantuvo Díez con ese objetivo. En una de ellas, le dijo al fiscal Ignacio Stampa que ella era «la mano derecha de Cerdán», una colaboradora que «no iba a aparecer en ningún lado».
En este y otros encuentros, la presunta fontanera dijo que actuaba por orden del PSOE o directamente de Santos Cerdán. Por otro lado, en la causa se ha revelado que Díez mantuvo una reunión en Ferraz tras la imputación de la mujer del presidente, Begoña Gómez. En el encuentro estuvo presente Cerdán y también Antonio Hernando.
El rescate de Plus Ultra
El Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid investiga bajo secreto de sumario a Plus Ultra por un presunto delito de blanqueo de capitales. En el marco de estas pesquisas, la UDEF registró este jueves la sede de la aerolínea y detuvo a su presidente, Julio Martínez, y a su consejero delegado, Roberto Roselli.
El juzgado investigó anteriormente el rescate del Gobierno a esta aerolínea tras la pandemia, pero la causa se archivó por errores procesales en enero de 2023. El rescate a la aerolínea se gestionó a través de la SEPI en 2021 y ascendió a 53 millones de euros.
Hay un segundo precedente de la causa actual: Anticorrupción denunció en 2024 ante la Audiencia Nacional el desvío del dinero del rescate a cuentas de una organización dedicada al blanqueo de capitales con la que Plus Ultra había contraído deudas, supuestamente. En una información avanzada por ABC se relataba cómo la Fiscalía había recibido información de las autoridades de Francia y Suiza para concluir que había indicios de «una defraudación al Estado».