El Gobierno de Pedro Sánchez lleva desde 2023 corriendo una maratón en la que por momentos le falta el aire. El Ejecutivo depende de los independentistas y el elemento clave en todo esto son unos Presupuestos Generales del Estado sobre los que ya pesan dos prórrogas y que llevan a que por una cosa o por otra el futuro de la legislatura pase por Bruselas. ¿Por qué? Porque ahí se cocerán tanto las negociaciones con Junts como la manera de vehicular los fondos europeos con unas cuentas que sean lo más fiables posibles, además de medidas que Moncloa tendrá casi que negociar en Waterloo con Carles Puigdemont, como es el caso de la reducción de la jornada laboral o el aumento de nuevo del salario mínimo. De hecho, parece que la capital política de España es la propia capital comunitaria.

La figura clave en este panorama es la de Carles Puigdemont. El curso ha comenzado con su amnistía política con la foto con Salvador Illa a la espera precisamente de que se aplique la ley de amnistía sobre su persona. Esa rehabilitación puede ser también un mensaje previo a una futura imagen del expresidente catalán precisamente con Sánchez. Sin el sí de Puigdemont no sale casi nada adelante para el Gobierno como ya se ha demostrado en normas fiscales, salariales, energéticas o relativas directamente con una negociación de las cuentas públicas que Moncloa quiere retomar en un «más difícil todavía». La realidad es que sin luz verde desde Waterloo el Ejecutivo no puede gobernar.

Hay un gran reclamo de Junts que sigue pendiente: la oficialidad del catalán en la UE. Es un elefante en la habitación para España… y solo para España. De hecho ya ha tenido que retirar una vez de la votación el asunto ante la ausencia de la unanimidad exigida, aunque el Gobierno insiste en que no debería haber obstáculos en tanto en cuento asumirá el coste total de la oficialidad tanto del catalán como del gallego y el euskera. Pero los países están divididos, hasta donde se sabe, en tres bloques: los que no ponen problemas, los que ven este un paso arriesgado desde el punto de vista económico, por su elevado coste, y los que consideran que se abriría un precedente complejo porque hay un total de 50 lenguas en la misma situación en toda la UE. No sacar adelante este objetivo pondría en más problemas a Sánchez en el ‘vínculo’ con los independentistas.

Más allá de todo esto, el acuerdo con Mercosur, que España apoya, puede distorsionar la estabilidad social, sobre todo ateniendo al sector primario.  La valoración del Gobierno español es positiva. «Este acuerdo contribuye a reforzar la posición de la UE en el comercio internacional, impulsando la apertura de nuevos mercados y consolidando a ambas regiones como aliados estratégicos en un momento crucial del panorama geoeconómico internacional», explican fuentes de Economía. «España ha tenido un papel activo e impulsor en las negociaciones, defendiendo la importancia estratégica del acuerdo, tanto para la UE como para nuestro tejido empresarial, y asegurando que el mismo contemple garantías para la protección de los sectores agrícolas sensibles», añaden. Pero hay cierta trampa: el pacto no gusta a un sector decisivo y que ya ha protagonizado protestas en los últimos meses con el fondo de una nueva negociación sobre la Política Agraria Común (PAC).

Además, Sánchez se encuentra ‘solo’ en algunos temas clave (y de elevada carga electoral) como son la situación en Gaza o la migración. Tampoco muestra fortaleza el presidente del Gobierno ahí pese a empujar desde el primer minuto para apoyar a Palestina ante la guerra y presionar para que se rompa el acuerdo de asociación de la UE con Israel. Pese a su contundencia, no ha conseguido todavía convencer a los grandes socios de que se censuren del todo las acciones del Gobierno de Netanyahu. Al mismo tiempo, la mayoría de gobiernos europeos están optando por políticas migratorias más duras, con España como excepción reclamando con vehemencia que se aplique el pacto migratorio común cerrado en 2023.

El uso de los fondos de recuperación, en el foco

También se determinará el futuro de la legislatura en cómo España siga usando el fondo de recuperación. En eso hay luces y sombras. El país ha recibido, hasta mayo de 2025, más de 48.000 millones de euros en transferencias del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, lo que la sitúa como el segundo socio con mayor asignación de fondos dentro de la Unión Europea. Se han publicado convocatorias con un importe total de 79.195 millones y se han resuelto ya 53.646 millones, más del 40% de los cuales han ido destinados a las pymes. En ese marco, los doce PERTEs (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica) han adjudicado cerca de 19.100 millones, mientras que la disponibilidad de préstamos adicionales supera los 17.000 millones. Asimismo, se han distribuido más de 29.104 millones a las comunidades autónomas para gestión directa, destacando Andalucía, Cataluña y Madrid como las regiones con mayores asignaciones. Eso sí, cabe recordar que la fecha límite para asignar estas ayudas es el año 2026.

No obstante, existen diferencias notables en la ejecución por tipo de proyecto y territorio. En el ámbito residencial, la rehabilitación energética acumula una tasa de ejecución de solo el 37%, y en vivienda en general apenas alcanza el 42%, debido a problemas como la escasez de personal técnico y recursos en ciertas autonomías. En contraste, Castilla-La Mancha ya ha gestionado el 81% de los fondos que se le asignaron (3.150 millones), comprometiendo proyectos en educación, infraestructuras, sostenibilidad o el PERTE del hidrógeno, beneficiando especialmente a pymes y municipios pequeños Además, la Comisión Europea ha aprobado recientemente el quinto tramo de pago para España por 23.100 millones de euros (8.000 en subvenciones y 16.000 en préstamos), si bien descontó 1.000 millones por incumplir dos objetivos clave: la subida del diésel y la digitalización en ámbitos regionales

El PP aumenta la presión sobre Sánchez en Bruselas

En ese escenario general aparece el PP que desde el inicio de la legislatura está llevando a cabo una estrategia de desgaste al Gobierno desde Bruselas, con temas que van desde la situación del estado de derecho en España con los ataques a los jueces hasta la relación con el independentismo, pasando por la no implementación de normativas europeas como la ley electoral europea. «Sánchez está en su peor momento», aseguran fuentes consultadas por 20minutos, que además reconocen que el presidente «ha perdido el favor» de muchos socios que le ‘auparon’ después de su llegada al poder en 2018 tras la moción de censura contra Mariano Rajoy.

«El Gobierno ha hecho que España empiece a ser irrelevante en la UE y en la OTAN», comentó Esteban González Pons en una entrevista con este medio. El portavoz del PP en el Parlamento Europeo ve muchas cosas negativas alrededor del Ejecutivo de Sánchez y asume que así «se comenta» en Bruselas. «Somos el país de la corrupción, de las mordidas y tenemos a un Gobierno que critica a los jueces, a la prensa libre y al estado de derecho», expresó. «La oportunidad la volveremos a tener el día que proyectemos una imagen de país serio, solidario y que cumple con el resto de socios europeos. Ahora no influimos porque estamos fuera del debate europeo, y lo estamos, por una cuestión de supervivencia política del presidente del Gobierno», concluyó.