La condena histórica al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, no tiene precedentes en democracia. La Sala Segunda del Tribunal Supremo adelantó este jueves el fallo de una sentencia que aún está pendiente de redacción. Dos años de inhabilitación suponen la salida inmediata e irreversible de García Ortiz de la Fiscalía General una vez la resolución se notifique. Además, la condena incluye el pago de una multa de 7.300 euros, de una indemnización de 10.000 euros a la pareja de Isabel Díaz Ayuso y de las costas del procedimiento. 

¿Por qué han condenado al fiscal general?

García Ortiz ha sido condenado como autor de la filtración de un correo electrónico que se publicó en distintos medios la noche del 13 de marzo de 2024. Se trata de un mail redactado por Carlos Neira, el abogado que representa a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, en una causa por el fraude de más de 350.000 euros a Hacienda. En ese correo electrónico, cuando la causa no estaba judicializada, el abogado de González Amador solicitaba un pacto al fiscal Julián Salto y reconocía que su representado era culpable de dos delitos fiscales. 

La filtración del correo comporta un delito de revelación de datos reservados del artículo 417.1 del Código Penal. Este artículo castiga a «la autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deben ser divulgados». 

En el juicio, las acusaciones solicitaron que se condenara el delito en su modalidad agravada, contemplando penas de entre tres y seis años de prisión. No obstante, el Supremo ha limitado la condena a dos años de inhabilitación, sin llegar a los tres que permite la norma. 

¿Qué indicios se han hallado contra él?

A lo largo de la instrucción y el juicio al fiscal general, el Supremo recabó indicios de su interés por obtener el correo electrónico que, horas después de estar en su mano, se filtró por primera vez. García Ortiz mandó recabar todos los correos intercambiados por Neira y Salto después de que desde el Gabinete de Ayuso se difundieran informaciones falsas. 

El jefe de Gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez, difundió en la tarde del 13 de marzo de 2024 una información engañosa. Dijo que el fiscal había ofrecido un acuerdo a González Amador (había ocurrido al revés) y que luego lo había retirado por «órdenes de arriba».  

Cuando esta información se hizo pública, García Ortiz solicitó el conjunto de correos electrónicos, dando pie a un «frenético intercambio de mensajes» entre él y varios subordinados. Finalmente consiguió los correos a las 21.59 horas. Pese a que hasta cinco periodistas que publicaron el correo filtrado negaron en la Sala que su fuente sea García Ortiz, el Supremo no les ha dado credibilidad. Ninguno de estos periodistas hizo público su contenido hasta que el mail estaba en poder del fiscal general. 

Hay otro indicio que ha obrado contra él, según han apuntado a lo largo del procedimiento el juez instructor, la Sala Segunda, las acusaciones populares y la defensa de González Amador. García Ortiz eliminó todos sus mensajes de WhatsApp y Gmail el mismo día que el Supremo asumió la causa contra él, y más adelante formateó su móvil y lo cambió por uno nuevo. 

Durante el juicio no se ha hallado ninguna prueba directa de que García Ortiz haya filtrado el correo electrónico. El instructor de la causa señaló en su día que esto es así porque el fiscal general eliminó las pruebas que se hallaban en su teléfono. 

¿Hay forma de anular la condena?

Solo existe una vía para anular una condena en firme de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, y esa vía comienza en el Tribunal Constitucional. No cabe recurso ordinario contra la decisión de la Sala presidida por el magistrado Andrés Martínez Arrieta. Pero el fiscal general, tras presentar un incidente de nulidad, podrá pedir amparo al tribunal que preside a día de hoy Cándido Conde-Pumpido. 

Si lo hace, tendrá que alegar que el Supremo ha vulnerado sus derechos fundamentales; o bien en la condena, o bien durante el procedimiento penal. Si el Tribunal Constitucional apreciara esta vulneración y estimara la petición de amparo, quedaría anulada la sentencia del Supremo. No obstante, esto solo tendría efectos a la hora de restituir el honor de García Ortiz, que ya estaría cesado. 

Si el Constitucional desestimara un eventual recurso de amparo, una vez agotada la vía interna, el fiscal general podría acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). 

¿Qué pasos se han de seguir para nombrar un nuevo fiscal general del Estado?

Este jueves, el Gobierno anunció que, «en los próximos días» iniciaría el proceso para nombrar a un nuevo (o «una nueva») fiscal general. La sexta autoridad del Estado es nombrada por el rey, a propuesta del Gobierno, y oído previamente el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de acuerdo con la Constitución.

De acuerdo con el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), el fiscal general debe ser elegido «entre juristas españoles de reconocido prestigio con más de 15 años de ejercicio efectivo de su profesión». No podrá ser elegido nadie que haya sido alto cargo del Gobierno o los gobiernos autonómicos en los cinco años previos. Tampoco quienes en ese periodo hayan sido alcaldes, diputados, senadores o parlamentarios autonómicos y europeos. 

El CGPJ debe emitir previamente al nombramiento un informe «preceptivo» pero no «vinculante». El 23 de noviembre, cuando se renovó a García Ortiz, el CGPJ lo consideró «no idóneo», pero el Gobierno lo nombró de todos modos. El candidato también debe acudir a la Comisión de Justicia del Congreso. Una vez nombrado por el rey, el flamante fiscal general deberá acudir a tomar posesión en el Tribunal Supremo. 

¿Cómo han reaccionado Gobierno y oposición?

Este jueves, tras conocer el fallo del Supremo, el ministro de Justicia expuso desde el Palacio de La Moncloa la posición del Gobierno. Dijo que el Ejecutivo «tiene el deber legal de respetar el fallo, pero también el deber moral de decir públicamente que no lo comparte«.

«El Gobierno siempre ha creído y ha defendido la inocencia del Fiscal General del Estado», expuso, para a continuación reiterar su «reconocimiento a la labor» de García Ortiz. En su comparecencia, Bolaños encontró la ocasión de dirigirse «especialmente» a los ciudadanos que «no comparten este fallo». 

A ellos les dijo: «La discrepancia con esta sentencia no puede conllevar una desconfianza generalizada en las instituciones y particularmente en la justicia. España es un Estado de Derecho con garantías y recursos para dirimir las discrepancias con una decisión judicial». 

Paralelamente, el líder de la oposición pronunció ayer un discurso enormemente crítico con el fiscal general y el Gobierno que le nombró. Alberto Núñez Feijóo pidió la dimisión de Pedro Sánchez y definió al fiscal condenado como «un peón en la estrategia política del Ejecutivo». «Participó con ciega obediencia en una operación política contra el Partido Popular y una presidenta de una Comunidad Autónoma«, señaló Feijóo. 

Ante una situación como la presente, el líder popular consideró que no existe «otra salida» más allá de «la dimisión del presidente del Gobierno» y la convocatoria de elecciones. La condena supone para Feijóo «un antes y un después en la historia democrática de España».