La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha anunciado que la nueva empresa estatal de vivienda ofrecerá contratos de alquiler asequible de una duración inicial de 14 años y serán ampliables hasta 75 años, con prórrogas cada siete siempre y cuando el inquilino siga cumpliendo los requisitos de acceso. Será la fórmula bajo la que operará la nueva entidad, que ha sido presentada este jueves —justo un año después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara su creación— y ha sido bautizada como Casa 47, en referencia al artículo de la Constitución en el que se recoge el derecho a la vivienda. «Hoy estamos presentando un gran avance en las políticas públicas de vivienda de nuestro país, uno de esos que no tienen vuelta atrás», ha celebrado Rodríguez, que ha destacado la voluntad de «blindar la tranquilidad» de los futuros inquilinos.
La titular de Vivienda ha remarcado que el nuevo organismo, creado a partir del germen de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), garantizará precios asequibles para las familias. Las rentas de alquiler no superarán el 30% de los ingresos medios de la zona en la que se ubique el inmueble, de manera que el precio se fijará «por primer vez» por lo que la ciudadanía puede pagar y no por el coste de construcción, aunque se introducirán también otros elementos correctores para topar los precios.
«¿Vamos a construir más barato? No, pero ese coste no lo tiene que asumir la ciudadanía», ha explicado, defendiendo la «calidad» de los estándares arquitectónicos también en las viviendas públicas y apuntando a que este mecanismo dará lugar en Madrid a precios un 38% por debajo de los de mercado y un 50% en Málaga, por ejemplo. La primera promoción en estrenar este mecanismo será una urbanización en Olivenza (Badajoz), donde se ofrecerán alquileres por 400 euros mensuales en una zona donde la renta media de las familias ronda los 25.000 euros anuales. Además, la ministra ha destacado que el 60% de la población española podrá optar a los pisos de la nueva entidad, ya que habrá distintas tipologías destinadas a familias con ingresos entre dos y 7,5 veces el IPREM —actualmente entre 16.800 y 63.000 euros anuales—.
Aparte de la fórmula de los futuros contratos de alquiler que gestionará la nueva Casa 47, la ministra ha reiterado que el objetivo es que esta entidad se encargue del ciclo completo de la vivienda, desde su planificación hasta la entrega de llaves y gestión de los arrendamientos. Para aumentar el volumen de viviendas bajo su paraguas, Rodríguez ha anunciado que el Gobierno lanzará «con la mayor celeridad posible» una oferta pública de 100 millones de euros para comprar casas a particulares y contribuir así a incrementar el parque público de vivienda. Estos pisos se sumarán a los que ya tiene la administración estatal, la mayoría de ellos constituida por los 40.000 pisos y 2.400 suelos traspasados desde Sareb antes del verano. «La empresa no nace con las manos vacías», ha subrayado la ministra, que ha recordado que tiene también otros 1.600 pisos en licitación.
Está previsto que el año que viene esté ya disponible un portal online donde cualquier ciudadano pueda registrarse para consultar y solicitar las viviendas disponibles según su perfil, una herramienta que servirá también como canal de comunicación entre la administración y los inquilinos ante cualquier incidencia. En ese sentido, en base a la experiencia de los usuarios, se diseñará un sistema de penalización y bonificaciones para potenciar la calidad de los servicios prestados a los inquilinos. Por ejemplo, se penalizará la demora en la resolución de incidencias en las viviendas por parte de las entidades gestoras y se bonificará a aquellas que ofrezcan «altos niveles de calidad», medidos a través de una encuesta de satisfacción anual a los inquilinos.
La ministra ha reiterado que todas las viviendas de Casa 47 se blindarán para que no puedan pasar al mercado privado al cabo de los años. «Decimos se acabó, porque lo que nace público tiene que permanecer público», ha explicado. «No podemos permitir que todo este esfuerzo termine el día de mañana en las manos de unos pocos», ha insistido, apostando a su vez por impulsar la construcción industrializada para agilizar los tiempos y por la colaboración tanto con el sector privado como con entidades sociales.
Rodríguez ha asegurado que el nuevo ente público, cuya creación será aprobada el martes en el Consejo de Ministros, «culmina» el anclaje de la vivienda como quinto pilar del Estado de bienestar, emulando los sistemas públicos que existen en otros ámbitos como sanidad o educación. «Una infraestructura pública es justo lo que ha faltado para atender el derecho constitucional a la vivienda», ha remarcado, confiando en que el nuevo organismo sirva para evitar «tropezar» de nuevo con la «piedra» de la «especulación». «¿Por qué Casa 47? Porque es el lugar donde tiene que residir el derecho a la vivienda», ha explicado, recalcando que «no es optativo» dar respuesta a la emergencia habitacional.
Por su parte, la directora general de Sepes, Leire Iglesias, ha destacado los meses de esfuerzo detrás del nacimiento del nuevo ente. «Han sido 9-12 meses de un trabajo y análisis muy importante», ha afirmado al inicio del acto, remarcando la colaboración con la sociedad civil y el sector privado a lo largo de todo el proceso. Iglesias ha destacado también la necesidad de garantizar la permanencia del parque público. «Si hoy hacemos una inversión pública en vivienda mañana no termine en otro tipo de negocio inmobiliario», ha reivindicado. «Esto no es un proyecto para un día ni para dos, tiene que tener continuidad para contar un parque estatal de vivienda asequible», ha insistido, al mismo tiempo que ha apuntado que «solo si contamos con un parque público suficientemente extenso vamos a poder intervenir en el mercado por la vía de la oferta y no solo de la regulación».