El encarcelamiento preventivo de Santos Cerdán ante el riesgo de que se fugue o destruya pruebas no altera la hoja de ruta de Moncloa, que sigue con el mismo plan que ya anunció hace días el presidente Pedro Sánchez: el de agotar la legislatura y convocar las elecciones generales cuando tocan, en 2027. Así lo repitió este martes la portavoz del Gobierno, la ministra Pilar Alegría, y fuentes de la Moncloa justifican la decisión con diferentes variantes de un mismo argumento: que, ahora mismo, no hay un solo indicio que apunte a una eventual financiación ilegal del PSOE y que, por mucho que Sánchez fuera quien eligió a los dos últimos secretarios de Organización socialistas (Cerdán y José Luis Ábalos), esa no es razón para que un caso en el que no está implicado se lo lleve por delante.
En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de este martes, Alegría reiteró lo mismo que llevan asegurando todos los miembros del gabinete de Sánchez desde hace días: que «el Gobierno va a continuar hasta 2027 porque merece la pena seguir transformando este país y trabajar para seguir mejorando las condiciones de la clase media y trabajadora». «Ver entrar ayer en la cárcel a Santos Cerdán es una imagen tan desgarradora como decepcionante», pero «este hecho confirma nuestra determinación de seguir trabajando para combatir la corrupción, colaborando con la justicia, con máxima transparencia y dando las explicaciones oportunas», zanjó la ministra portavoz.
En los últimos días, voces como la de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, han confesado que Sánchez manejó todos los escenarios tras el estallido del escándalo de Cerdán, incluida la convocatoria anticipada de elecciones. Pero, una vez descartada esa posibilidad, el Gobierno se ha conjurado para resistir, y fuentes de la Moncloa insisten en el razonamiento que constituye la base del argumentario del PSOE para justificar esa decisión: que la corrupción no afecta a todo el partido, sino que es responsabilidad de tres de sus militantes (pese a que dos de ellos eran altísimos cargos en la estructura socialista) y que, al no haber sido Sánchez conocedor de lo que hacían Ábalos y Cerdán, no sería justo que acabara con el Ejecutivo.
«Se nos han colado unos corruptos en casa», «nos han fallado los controles, es verdad», pero «hasta que alguien presente un indicio que diga lo contrario, el PSOE no es un partido corrupto» porque no hay ningún atisbo de financiación ilegal de la formación, al menos en este punto de la investigación, resumen fuentes de la Moncloa. Por ello, afirma el entorno de Sánchez, no es momento de «tirar la toalla», especialmente cuando existen «horas de grabaciones» en las que el presidente Sánchez no aparece, lo que refuerza, consideran estas fuentes, la afirmación de que el líder socialista desconocía las andanzas de Cerdán, Ábalos y Koldo.
El Ejecutivo intenta proyectar, además, la seguridad de que según avancen las pesquisas judiciales, esos indicios de financiación ilegal no se van a encontrar simplemente porque no existen. El PSOE, insisten, no se habría lucrado de las corruptelas de Cerdán, pese a que el juez Leopoldo Puente, en el auto en el que dictó prisión provisional para el exdirigente, estimó que el «botín» total defraudado sería de más de cinco millones de euros y aseguró que eso «refuerza la idea de que más personas, físicas o jurídicas, además de los señores Ábalos, García y Cerdán, pudieran haberse lucrado».
El Comité Federal y después el Congreso
A pesar de que la estrategia del Ejecutivo pasa por apretar los dientes y seguir adelante, el PSOE tiene por delante varios hitos en los próximos días que servirán para testar el nivel de apoyos tanto internos como externos con los que sigue contando Sánchez. El próximo sábado, día 5, los socialistas celebrarán una reunión clave de su Comité Federal, el máximo órgano entre congresos del partido. Allí, está previsto que Sánchez elija un nuevo secretario o secretaria de Organización para suplir a Cerdán y también que haga más cambios en la dirección del PSOE, aunque previsiblemente también se enfrentará a voces críticas con su gestión del escándalo, singularmente la del barón castellanomanchego Emiliano García Page.
Superado ese trance, al presidente del Gobierno aún le quedará otra larga sesión de explicaciones, en este caso en el Congreso, donde el miércoles día 9 comparecerá ante una oposición que le reclama insistentemente la dimisión y la convocatoria anticipada de elecciones y unos socios que, como mínimo, exigen mayor contundencia y aclaraciones. Fuentes de la Moncloa aseguran que el Ejecutivo tiene muy claro que debe ser «comprensivo» con sus aliados parlamentarios y que entienden su enfado y la dureza de algunas de sus declaraciones en las últimas semanas.
No obstante, en la Moncloa hay, por ahora, sensación de tranquilidad con respecto a la cohesión de una mayoría parlamentaria que, aunque ha quedado muy golpeada, aún sigue en pie. «Si no tuviéramos la confianza arco parlamentario, [el líder del PP, Alberto Núñez] Feijóo nos presentaría una moción de censura», pero no lo hace porque es consciente de que no cuenta con los apoyos para sacarla adelante, razonan estas fuentes. Este martes volvió a quedar claro ese extremo: aunque el PP cuenta con Vox y UPN para una eventual investidura de Feijóo, ni el PNV ni Junts han querido siquiera sentarse a negociar con los populares para darles los apoyos que les faltan para alcanzar la mayoría.