El Partido Popular aprobará, con su mayoría absoluta, la próxima semana en el Senado, la petición al Gobierno para que otorgue a los militares desplegados en Ceuta la condición de agentes de la autoridad. De ser atendida la iniciativa por parte del Ejecutivo, los militares, en coordinación con Policía y Guardia Civil, dos cuerpos que sí tienen ese estatus, tendrían capacidad para dar órdenes a los civiles, identificarlos e incluso retenerlos preventivamente; podrían restringir pasos y establecer cordones de seguridad; sus informes, declaraciones y denuncias gozarían de presunción de veracidad y cualquier agresión contra ellos sería considerada atentado contra la autoridad y, por tanto, un delito con graves consecuencias penales.

De esta forma, el Partido Popular da curso a la reclamación que ya han elevado al Ministerio de Defensa en las últimas semanas las principales asociaciones profesionales de militares –ATME y UMT– como consecuencia de las emboscadas y ataques que han sufrido las patrullas en los barrios periféricos de la ciudad y en las zonas próximas a la valla fronteriza.

La iniciativa se añade a la proposición no de ley que el grupo Popular llevó al Congreso esta semana y al contenido de la misma también se añade la petición de «reforzar de manera permanente la presencia institucional del Estado en Ceuta y Melilla y garantizar que cualquier situación que pueda comprometer su seguridad, su normal funcionamiento o la integridad de sus fronteras sea abordada desde el primer momento como una cuestión de Estado, con plena coordinación entre las administraciones competentes y con información suficiente y permanente a las Cortes Generales».

El otorgamiento temporal de la condición de agentes de la autoridad a los militares desplegados en Ceuta como consecuencia de la avalancha migratoria de los días 30 y 31 de julio, se haría de conformidad con lo dispuesto en la ley Orgánica de la Defensa Nacional; en la Ley de la Carrera militar y en el Real Decreto de 2010 por el que se aprueban las normas de seguridad en las Fuerzas Armadas.

El Gobierno de España puede, mediante decreto, otorgarles esta condición de manera temporal. Así sucedió, por ejemplo, durante la declaración del estado de alarma en la pandemia del Covid.

Tras la avalancha migratoria el Ministerio de Defensa desplegó efectivos adicionales a los ya existentes en la ciudad autónoma incluyendo el patrullaje por parte de la Armada de las aguas próximas a Ceuta. Si el estatus de agentes de la autoridad se extiende a los miembros de las dotaciones de los buques, estarían facultados para interceptar e inspeccionar embarcaciones dentro de las aguas de soberanía española.

Esta reclamación del PP se suma a la petición de solicitar de manera inmediata el despliegue de Frontex; prolongar el perímetro fronterizo mar adentro, comenzando por el espigón de El Tarajal; consolidar refuerzos permanentes de Guardia Civil, Policía Nacional y unidades de extranjería así como reforzar a los profesionales sanitarios y a jueces y fiscales y modificar la ley para extender el régimen de rechazo en frontera a las entradas irregulares por vía marítima.

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, recalca que es «imprescindible» que los militares sean reconocidos como agentes de la autoridad. En su opinión, «tras más de 40 días desde la invasión, la situación en Ceuta, lejos de solucionarse, ha ido a peor». Y añade: «Si en Ceuta viviesen Puigdemont u Otegi, Sánchez habría puesto todos los medios para arreglar la situación».