La Unión Europea también quiere aportar su grano de arena para solucionar el problema de la vivienda. La Comisión Especial sobre la Crisis de la Vivienda del Parlamento Europeo inició el jueves el debate del primer informe sobre este asunto elaborado a nivel comunitario. El margen de maniobra no es muy holgado, porque las competencias directas en materia de vivienda recaen fundamentalmente sobre los Estados miembros, las regiones y las autoridades locales. No obstante, el informe de la Eurocámara abre tres caminos para las instituciones europeas: revisar la normativa comunitaria para eliminar las «barreras» que puedan estar frenando la construcción, movilizar más fondos para crear vivienda asequible y elaborar recomendaciones para los Estados miembros.
El primer pilar sobre el que se vertebra la propuesta embrionaria de la Eurocámara, que es todavía un borrador sobre el que las distintas formaciones podrán hacer enmiendas y tendrán que negociar en los próximos meses, reconoce el papel «clave» de las autoridades regionales y locales a la hora de abordar el problema de la vivienda, bajo la convicción de que ante la crisis habitacional no caben soluciones únicas sino que la respuesta ha de ser a medida de las distintas realidades. «La Unión Europea no puede ni debe reemplazar a los Estados miembros en la gestión de las políticas de vivienda», remarca el texto presentado este jueves, cuya redacción fue encargada al eurodiputado popular Borja Giménez.
Frente al protagonismo que se le reconocen a las autoridades locales y regionales, el informe reclama para la Unión Europea un rol como «catalizador» para «eliminar barreras, desbloquear inversión y crear condiciones propicias para que los ciudadanos, familias y futuras generaciones puedan tener acceso a un lugar al que llamar hogar». En esta línea, se plantea encomendar a la Comisión Europea y al Tribunal de Cuentas una auditoría de la legislación comunitaria para examinar si existen exigencias, por ejemplo a nivel burocrático o en materia medioambiental, que estén lastrando la construcción.
Eliminar estos «cuellos de botella» es prioritario, según la propuesta preliminar presentada este jueves, que parte de la base de que el origen de la escalada del precio de la vivienda se encuentra en una insuficiente oferta de pisos con la que cubrir la elevada demanda. Es por eso que buena parte de las medidas planteadas se centran en agilizar la construcción. En ese sentido, también se sugiere que la Comisión Europea haga un estudio sobre los motivos que demoran la concesión de licencias de obra y analice también qué impacto ha tenido la legislación europea sobre el aumento de los costes de producción.
El ala de la izquierda en la Eurocámara matizan el diagnóstico, remarcando que lo que falta es vivienda asequible. Desde una postura más minoritaria, el grupo de los Verdes —en el que Compromís ha impulsado un informe alternativo— no cree que haya que limitarse a revisar la regulación europea, sino que se muestran partidarios incluso de legislar para, por ejemplo, fijar unas dimensiones mínimas en el parque de vivienda social. Reconocen que habría que buscarle las costuras al reparto de competencias para dar un paso de este tipo desde Bruselas, pero ponen el ejemplo de los avances que se están dando en materia de seguridad.
En lo que sí coinciden la mayoría de familias políticas es en la baza de recurrir a los fondos europeos para construir vivienda asequible y apalancar, a su vez, la inversión privada. En ese sentido, el borrador que se negociará en el Parlamento Europeo llama a destinar a este objetivo más recursos a través los fondos de cohesión y de los NextGeneration, así como a exprimir el apoyo del Banco Europeo de Inversiones (BEI), que ya anunció en junio un nuevo plan de acción para encauzar recursos hacia el desarrollo de viviendas asequibles. Además, el borrador reclama que las autoridades locales puedan tener acceso directo a los fondos para vivienda.
En 2024, el 7% de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia se destinó a vivienda social, según los datos que maneja el informe presentado en la Eurocámara, que recuerda que la Comisión Europea trabaja en la revisión de los fondos de cohesión y ha hecho una propuesta para duplicar los recursos disponibles para vivienda asequible. La familia europea del PSOE aboga por crear una suerte de fondos NextGeneration específicos para vivienda asequible dotados con 300.000 millones de euros, mientras que los Verdes piden incluso flexibilizar las reglas fiscales de la UE para permitir a los estados aumentar el gasto en vivienda, como se ha hecho con el gasto en defensa.
Junto a las palancas de la revisión normativa y la financiación, el borrador del Parlamento Europeo recoge otras iniciativas orientadas hacia el lado de la demanda. Por ejemplo, se sugiere mejorar el acceso de los jóvenes a un techo mediante hipotecas a tipos bajos, avales públicos o reducción de impuestos para la compra de una primera vivienda, al mismo tiempo que se reclaman programas específicos para trabajadores esenciales como médicos, enfermeros, profesores o policías, entre otros colectivos. Sin embargo, estas medidas entran en el terreno de las recomendaciones, ya que la UE no tiene competencias para ponerlas en marcha directamente.
De hecho, el informe de la Eurocámara es en sí mismo un conjunto de recomendaciones que se pretenden enviar a la Comisión Europea en marzo, una vez debatidas y negociadas las aportaciones de los distintos grupos y votado el texto final. Sobre esta base, el Ejecutivo comunitario será quien elabore el primer Plan Europeo de Vivienda Asequible. También se ha comprometido a preparar una Estrategia Europea para la Construcción. Estos son los instrumentos con los que la institución presidida por Ursula von der Leyen pretende contribuir a atajar la crisis habitacional.