
El presidente afronta múltiples frentes abiertos sin incentivos claros, pero mantiene su determinación de liderar el PSOE hasta el final de la década.
El año se despide con el presidente del Gobierno sumido en una crisis de primer orden. A los problemas políticos y judiciales que ya arrastraba, en las últimas semanas se han sumado nuevos escándalos que han agravado un curso político especialmente convulso desde sus primeros compases. El llamado caso Koldo, cuyo estallido cumple casi dos años, ha vuelto a marcar la agenda en 2025 con la detención de Santos Cerdán y del exministro José Luis Ábalos. A este escenario se añaden las denuncias de acoso sexual contra varios dirigentes socialistas, un frente más para un PSOE que, además de las tensiones con Junts, ahora se ve obligado a lidiar con grietas en la relación con sus propios socios de Gobierno. A pesar de todo, Pedro Sánchez vuelve a aferrarse a su manual de resistencia y ya ha dejado claro que su intención en 2026 es aguantar.
Lo dejó claro en su balance de final de año. Resistirá pese a lo que califica como campañas de acoso personal y lo hará porque, a su juicio, a los españoles les «renta» este Gobierno. En lo que va de legislatura, Sánchez se ha replanteado al menos en una ocasión su continuidad al frente del Ejecutivo, pero no parece que esta vaya a ser la segunda —o al menos ese es el mensaje que ha querido trasladar—. La primera duda llegó con la judicialización del caso de su mujer, Begoña Gómez; y aunque él nunca lo admitió, en las filas socialistas algunos creen que también pudo pensar en dimitir tras el ingreso en prisión de Santos Cerdán.
Ahora, con una crisis múltiple y de gran calado a sus espaldas por los casos de corrupción y de acoso sexual en el partido, pero con la vista puesta en un 2026 de marcado carácter electoral, el líder socialista se resiste a soltar las riendas del Gobierno, pese a un desgaste del que ya le alertan incluso sus propios socios de coalición.
Crisis de confianza con los socios
Este, precisamente, será uno de los grandes problemas a los que tendrá que enfrentarse a principios de año: sus socios. A la ruptura que anunció Junts a principios de noviembre, se suman ahora las amenazas de sus socios de coalición y también de investidura. De momento, Sánchez ha puesto fecha para intentar enmendar la relación con ERC: el 7 de enero se reunirá con Oriol Junqueras. En lo que respecta al resto, el Gobierno no adelanta todavía si el presidente replicará este formato de reunión o se trata de otro gesto exclusivo hacia los republicanos.
No obstante, la lista de tareas en cuestión de relaciones parlamentarias se amontonan, y más teniendo en cuenta que en 2026 el PSOE cumple tres años con los Presupuestos prorrogados y sin haber aprobado ninguno en lo que va de legislatura. A la crisis de finales de año con sus socios de Sumar —que le exigen mayor impulso en materia de vivienda— se suma un Podemos que lo da prácticamente por «muerto» y un PNV que ya le ha lanzado un ultimátum: o detiene la hemorragia o se avecina un adelanto electoral.
Sánchez no ha desvelado todavía sus planes para apaciguar estas presiones, aunque sí ha realizado algún gesto a sus socios de la izquierda con la prórroga del escudo social. Además, fuentes gubernamentales sostienen que a ninguno de ellos les viene bien ir a elecciones y que gobierne la derecha. De hecho, en este momento los esfuerzos y las esperanzas del Gobierno parecen volcados en Junts. El presidente aseguró en conversación con los periodistas que veía una «ventana de oportunidad» con el partido de Carles Puigdemont para sacar adelante unos Presupuestos que le proporcionen el oxígeno necesario para intentar agotar la legislatura.
La relación con Junts este año ha sido más que tortuosa. A la ruptura del primer trimestre —en la que Carles Puigdemont estuvo a punto de someterle a una suerte de cuestión de confianza—, se sumó el portazo de final de año tras acusar a Sánchez de no cumplir con sus compromisos. No obstante, distintas fuentes apuntan a un hito clave: la aplicación de la amnistía a Carles Puigdemont después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resuelva el fondo de la cuestión. Esto podría producirse en febrero, el mes en el que el Gobierno tiene previsto presentar unas nuevas cuentas.
Previsión de derrotas electorales y más escándalos
Pero si hay algo que marcará el tablero político en 2026, serán las sucesivas elecciones autonómicas que se avecinan. La derrota del PSOE en Extremadura se lee como antesala a lo que podría suceder en los comicios de Aragón del 8 de febrero, en los de Castilla y León previstos para el 15 de marzo y en Andalucía, que deberían celebrarse antes de junio. Aunque Sánchez confía en aprovechar estos resultados para señalar al PP por sus pactos con Vox en distintas autonomías, una cascada de batacazos electorales podría hundir aún más los ánimos de las bases.
Pero mientras el PSOE se mueve para conseguir algún resultado en los territorios, la actividad parlamentaria y judicial podría seguir poniendo entre las cuerdas a Sánchez. En enero se producirán las primeras votaciones en el Congreso y, además, a su comparecencia en el Senado el pasado mes de octubre para dar explicaciones sobre los casos de corrupción -la primera de un presidente del Gobierno-, se podría sumar una nueva en el Congreso a principios de 2026. Además, en la agenda también está el juicio por el caso de su hermano, David Sánchez, que podría celebrarse en primavera.
Todo ello, sin olvidar que pueden seguir saltando nuevas informaciones sobre las investigaciones a su mujer; la trama de mascarillas del caso Koldo; la de hidrocarburos o el llamado ‘caso fontanera’, relacionado con la exmilitante Leire Díez, cuyo nombre además está asociado a dos procedimientos judiciales distintos.
De este modo, Sánchez cierra un año extremadamente complejo al frente del Gobierno con el reto de resistir los envites que pueda traer 2026. Sin embargo, existe un factor que, por ahora, marca la diferencia entre un año y otro: en los últimos meses ha logrado aferrarse a flotadores que han dado cierto respiro al PSOE en momentos críticos. Entre ellos, su postura firme sobre la cuestión palestina, que le ha otorgado visibilidad y reconocimiento internacional; la campaña por el blindaje del derecho al aborto; o medidas sociales como los permisos de paternidad y maternidad.
Estas cuestiones funcionan como el tipo de incentivos que sus socios reclaman de cara a 2026: algún balón de oxígeno que justifique resistir al frente del Gobierno mientras el voto progresista sigue hundiéndose.