Dos ministras, dos leyes, pero el mismo objetivo: abordar la violencia vicaria en España. El Gobierno se ha propuesto legislar sobre esta variante de la violencia machista y, de momento, lo está haciendo por separado con dos textos que, aunque presentan diferencias, tienen medidas en común. En solo una semana, tanto el ala socialista del Ejecutivo como Sumar han presentado dos normas distintas en cuyo articulado recogen la penalización de estos crímenes, cometidos contra el entorno de la víctima para hacerla sufrir. Tras un 2024 especialmente duro —en el que 9 menores fueron asesinados—, los socios de Gobierno compiten ahora por liderar la agenda en torno a un crimen especialmente sensible.

Este martes, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, llevó a Consejo de Ministros un anteproyecto de ley que, por primera vez, tipifica como delito en el Código Penal la violencia vicaria. Apenas 24 horas después, este miércoles, su homóloga de Juventud e Infancia, Sira Rego, presentará una reforma de la ley de protección a la infancia (LOPIVI) en la que, entre otras cosas, también se recogen medidas contra este tipo de violencias. Abordar la violencia vicaria es, además, un asunto que genera un amplio consenso social, y que está amparado en el nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Género, suscrito en febrero por todos los partidos salvo Vox. A lo largo del último año, ambos departamentos han ido haciendo anuncios sobre iniciativas en las que andaban trabajando, y que finalmente han acabado aterrizando, ambos, esta semana, de forma paralela.

En Juventud e Infancia alegan que la reforma en la que están trabajando es mucho más amplia y ambiciosa que el anteproyecto de Igualdad (del que son coproponentes), en el que solo se regula la violencia vicaria, y que su ley incluye «todas las violencias» hacia los menores de edad. Según fuentes del departamento que dirige Sira Rego, esta iniciativa viene a reformar la LOPIVI, aprobada en 2021 por Ione Belarra, para abordar algunas «lagunas estructurales» que han detectado en los últimos años con respecto al sistema de protección jurídico de la infancia. Se incluyen novedades como una defensa letrada independiente a los padres; la eliminación del límite de edad para que el menor sea escuchado; la prohibición explícita del falso síndrome de alienación parental (SAP); o la suspensión automática de la patria potestad a cualquier condenado por violencia de género, vicaria o sexual hacia la infancia.

La norma está siendo analizada ahora por el Ministerio de Justicia, y el objetivo de Rego es que pueda ser aprobada en primera lectura en Consejo de Ministros este mismo octubre.

Ejes principales de la reforma de Infancia

La reforma elimina el mínimo de edad de 12 años para que los menores sean escuchados, tanto en procesos administrativos como judiciales. En este sentido, la iniciativa hará distinciones de ese derecho, según se esté abordando en un ámbito administrativo o judicial. En el primero, se garantizará que el niño pueda estar acompañado de una persona de confianza cuando tenga que declarar, y este podrá elegir el sexo de la persona que le haga las preguntas (una medida que cobra especial relevancia en casos de violencia sexual).

En el ámbito judicial, sin embargo, añaden más restricciones: solo podrá declarar en presencia de un equipo judicial conformado por el juez, la Fiscalía y profesionales especializados. El ministerio defiende que esta es una manera de evitar «interferencias» en el relato del menor, y que los abogados de ninguno de los dos progenitores influyan en el juicio. Se trata de una medida con la que pretenden evitar casos como el de Daniel, el hijo menor de Juana Rivas que, por tener 11 años, tuvo que mudarse este verano a Italia con su padre, pese a haber manifestado que no quería.

En ese sentido, la norma garantizará también el derecho de los menores a una defensa letrada propia e independiente de sus padres, con un turno de oficio específico, mediante la figura del defensor judicial. Es, según el ministerio, una forma de salvaguardar la voluntad del niño en situaciones de mayor conflicto, como separaciones, procesos de guarda o custodia, regímenes de visitas o pensiones alimenticias.

Asimismo, se retirará automáticamente la patria potestad cuando exista una condena por violencia de género, sexual o vicaria hacia menores de edad. Actualmente, el Código Civil contempla restricciones en casos en los que uno de los progenitores esté incurso en un proceso penal relacionado con violencia doméstica, pero esta decisión depende de un juez que puede mantenerla o suspenderla atendiendo al interés superior del menor.

También se suprime la edad tope de 14 años para la prueba preconstituida, de tal modo que solo tengan que testificar una vez, que será grabada, para que pueda servir en el juicio sin necesidad de que el menor tenga que volver a repetir -y, por ende, a revivir- lo sufrido. El texto incorpora, asimismo, un refuerzo un refuerzo en los servicios de protección con la figura de un coordinador de bienestar.

Otro de los avances de la reforma -en la que también participan Justicia, Interior e Igualdad- será la definición de la violencia institucional, para sancionar los actos u omisiones de autoridades o instituciones que provoquen discriminación o victimización secundaria.

Además, como ya avanzó la ministra, se especificará la prohibición de que se pueda recurrir a síndromes sin base científica, como el SAP, que se suelen presentar en casos de custodias para alegar una manipulación de la madre al hijo.