La defensa de Begoña Gómez ha pedido a la Audiencia Provincial de Madrid revocar la decisión tomada por el juez Juan Carlos Peinado de encaminar un juicio del tribunal del jurado a la esposa del presidente por un presunto delito de malversación. El escrito niega que las supuestas gestiones de la asesora de Moncloa Cristina Álvarez en la cátedra de Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) puedan comportar un delito de malversación.
Rechaza, por tanto, que se pueda dirigir la instrucción a un juicio por este delito. En su escrito, el abogado Antonio Camacho define a Begoña Gómez como una «particular» que no tiene atribuidas «funciones públicas» y, por tanto, no puede cometer un delito de malversación.
Peinado investiga a Gómez, a Álvarez y al actual delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, por malversación en una pieza separada de la causa central contra la esposa de Pedro Sánchez. Dicha pieza indaga en las labores que realizó la asesora para ayudar a Gómez con las gestiones de la cátedra de Transformación Social Competitiva. El juez entiende que, dado que esas labores no están comprendidas en las funciones de la asesora, destinar su sueldo a las mismas supone desviar dinero público.
Este delito se atribuye a la mujer de Sánchez, a la propia Cristina Álvarez y a Francisco Martín, ya que hasta 2023 trabajaba en Presidencia de Gobierno y era, según el juez, el superior directo de la asesora que asistía a Begoña Gómez. El abogado de Gómez, Antonio Camacho, niega que la malversación sea imputable a ninguno de los tres investigados.
Respecto a su clienta, el abogado señala que la «esposa del presidente del Gobierno» es «una particular». De modo que no se la puede considerar «como funcionaria pública a los efectos de la comisión del delito de malversación». «Es indiscutible que como cónyuge del presidente del Gobierno ni tiene mando o jurisdicción propia ni participa en el ejercicio de funciones públicas», defiende Camacho, a la par que acusa al juez Peinado de hacer «una interpretación del Código Penal extraordinariamente extensiva y alejada de la realidad». Asimismo, el escrito niega que haya indicios de la participación de Begoña Gómez en el nombramiento de Álvarez «ni en el pago de emolumentos».
Para tratar de exculpar a Álvarez ante la Audiencia Provincial, el letrado cita, precisamente, a la Audiencia Provincial. Concretamente a un escrito dictado en esta misma causa en el que se dice: «El funcionario ilícitamente destinado a cubrir necesidades o utilidades privadas de su superior o encargado no puede cometer el delito de malversación«.
Finalmente, en lo que se refiere a Francisco Martín, Camacho destaca que «el mismo no participó en el nombramiento» de Cristina Álvarez, y ella no «dependía orgánicamente» de él.
Expuestos estos tres argumentos, el abogado se dirige a la «obvia» conclusión de su escrito: «Ninguno de los investigados puede ser considerado como presunto autor del citado delito». Por tanto, no se cumplen las condiciones para «incoar el procedimiento del tribunal del jurado», que es lo que acordó Juan Carlos Peinado en el auto que ahora se recurre.
Al margen de esta conclusión, el letrado reprocha al juez la falta de motivación del auto en el que acordó incoar el procedimiento de jurado, que a su juicio «carece de toda fundamentación jurídica». Concluida así la impugnación del auto dictado por el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, Camacho emprende la carga contra la pieza separada en su totalidad.
El abogado echa mano de un escrito que dictó Peinado el 5 de mayo, un auto en el que rechazó imputar a Cristina Álvarez por malversación como pedían las acusaciones populares. En aquel auto, Peinado sostuvo que había indicios de «desviación de caudales públicos destinados a Cristina Álvarez» pero afirmó que «no se alcanza a percibir» que la asesora «pueda tener responsabilidad alguna». El juez llegó a la misma conclusión sobre Begoña Gómez «que, sin indicios de participar en el nombramiento ni en el pago de los emolumentos de Cristina Álvarez», no pudo cometer el delito.
A juicio de Antonio Camacho, en unos meses el juez Peinado ha dicho «una cosa y la contraria sin fundamentar en absoluto a qué responde ese radical cambio de criterio». Una vez más, el abogado apela a la falta de motivación del juez, que ya fue motivo de reproche por parte de la Audiencia Provincial en otras ocasiones. «El derecho de defensa obliga a que el justiciable conozca las razones por las cuales se produce tan radical cambio de criterio», zanja Camacho.
Los correos electrónicos, un «favor» de Álvarez
La base de la pieza separada por malversación está en una serie de correos electrónicos que la asesora de Begoña Gómez intercambió con la Universidad Complutense y las compañías patrocinadoras de la cátedra. Al abordar estos correos, el abogado de Gómez los define como un «favor» de la asesora. «No podemos olvidar que es habitual en el ámbito laboral que en su horario de trabajo los trabajadores hagan gestiones, como puede ser la remisión de un correo electrónico en su beneficio, en el de sus familiares o amigos», apunta el escrito.
Por otro lado, Camacho subraya que el trabajo de Cristina Álvarez la requiere «24 horas siete días a la semana». Apunta que «es muy habitual que sus jornadas comiencen a primeras horas de la mañana y finalicen llegada la noche, incluyendo fines de semana». De modo que, aunque esos mails se enviasen en horario laboral, la defensa de Begoña Gómez los reduce a favores de Álvarez a Gómez, con quien mantiene aún a día de hoy «una relación de amistad».