Los populares presentan este miércoles sus conclusiones de la comisión de investigación del cero eléctrico en la Cámara Alta que previsiblemente se aprobarán en votación el jueves.
El PP reclama un régimen «claro, accesible y ágil» para informar a ciudadanos o empresas afectadas sobre cómo pueden reclamar daños y perjuicios por el apagón del 28 de abril, así como un sistema «transparente» de reparto de eventuales sobrecostes, por recuperar el sistema o por correcciones con medidas como la operación reforzada que desde el 28 de abril aplica Red Eléctrica.
Estas son dos de las recomendaciones del informe de conclusiones elaborado por los populares como resultado de la comisión de investigación en el Senado que en los últimos meses ha analizado las causas e intentado hallar responsables del apagón y que concluyó la fase de comparecencias el pasado 25 de marzo. La portavoz del PP en la Cámara Alta, Alicia García, lo presentará en una rueda de prensa este miércoles, un día antes de que el jueves se vote en la comisión de investigación, donde previsiblemente será aprobado, dada la mayoría absoluta de los populares en esta Cámara. Fuentes populares adelantan que, en conjunto, las conclusiones son «demoledoras».
En el capítulo de recomendaciones ante eventos que pongan en riesgo la «seguridad del suministro» eléctrico, el PP cree que se debe «cerrar el círculo» con medidas destinadas a «quienes soportaron directamente las consecuencias del apagón», a saber, «consumidores, familias, empresas e industria».
Vías para reclamar y reparto de los costes
Casi un año después del cero eléctrico, ni el Gobierno, ni la CNMC ni los expertos europeos han señalado un culpable, que es algo que debería resolver el regulador como resultado de eventuales expedientes sancionadores cuyas investigaciones todavía están en curso. En consecuencia, y una vez archivada la investigación penal que abrió de oficio la Audiencia Nacional por si el apagón pudo deberse a un ataque terrorista, hogares, comercios e industria que aquel día perdieron desde alimentos a ventas o producción tampoco tienen una base para reclamar ante los tribunales los daños y perjuicios.
Para evitar que algo así pueda suceder, el PP recomienda en su informe que se debe articular «un régimen claro, accesible y ágil de información pública para los afectados en caso de interrupción masiva del suministro» que haga una «identificación precisa de las vías de reclamación, los criterios de compensación, los órganos competentes y los derechos del consumidor».
«Muchos ciudadanos no solo sufrieron el apagón, sino también una prolongada indefinición sobre qué había ocurrido, quién debía responder y cómo podían ejercer sus derechos. Una situación de desprotección de esa naturaleza no puede repetirse», dice el PP, que en las sucesivas sesiones de la comisión de investigación ha dejado claro que, después de lo escuchado, la culpa fue de Red Eléctrica por no haber programado suficientes centrales síncronas la víspera del apagón, lo que hubiera evitado las sobretensiones que terminaron tumbando el sistema.
Por otra parte, el apagón del 28 de abril ha dejado «costes extraordinarios», con los que no se contaban, como los que tuvieron las centrales eléctricas de ciclo combinado que tuvieron que quemar más gas del previsto en el proceso de reposición del sistema o por el coste extra que supone desde entonces la operación reforzada que aplica Red Eléctrica, que recurre en mayor medida al gas —la energía más cara— para generar más electricidad de la que necesita el sistema pero que, sin embargo, contribuye a hacer más robusto el sistema programando más centrales síncronas.
Por ello, otra recomendación del PP es que «los costes extraordinarios derivados del apagón y de la corrección de sus secuelas no se trasladen de forma opaca a los consumidores y a la industria, y menos aún a quienes fueron precisamente los perjudicados por el fallo del sistema».
«Si la operación reforzada, las nuevas inversiones o determinados costes de reposición generan sobrecostes, estos deben quedar perfectamente identificados, cuantificados, auditados y sometidos a criterios transparentes de imputación y reparto«, dice el PP en lo que previsiblemente serán las conclusiones definitivas de la comisión de investigación sobre el apagón del Senado. «Resulta incompatible con cualquier principio de justicia material que las víctimas de un colapso sistémico terminen sufragando, sin explicación suficiente, la factura de la reparación del propio sistema que les falló», apunta.