El golpe sobre la mesa resonó este miércoles en todas las bancadas del hemiciclo del Congreso, y esa era la intención. Junts volvió a marcar sus ya clarísimas distancias con Pedro Sánchez, y por eso señaló a viva voz que la convocatoria electoral tiene cada vez más sentido, puesto que el Gobierno no cuenta con una mayoría suficiente para legislar. Como remate final, también intentó dar al PSOE donde más le duele, al reprocharle «la corrupción que rodea» a Sánchez. Sin embargo, en Moncloa reciben el rasguño con la tirita puesta y el cálculo ya hecho. A estas alturas de la legislatura, el Ejecutivo considera que tiene poco que perder. La agenda pendiente es de mínimos y las grandes apuestas —los Presupuestos Generales del Estado o la reforma de la financiación autonómica— siguen atrapadas en un horizonte cada vez más difuso, casi como espejismos en el desierto legislativo.

Todas las voces socialistas consultadas coinciden en que la intención de Junts es «sacar cabeza» y que hacerlo en este momento responde a una pataleta coyuntural. En concreto, creen que están molestos por la celebración de una triple cumbre progresista en Barcelona, bajo una alcaldía del PSC tras arrebatársela a Junts, y que necesitan hacer ruido con asuntos como la regularización de inmigrantes para despuntar frente a Aliança Catalana. Es decir, no dan importancia a que Junts les haya pedido convocar elecciones y haya insistido en que no tienen sus votos para sacar ninguna ley. Es algo que debería preocuparles si tuviesen intención de sacar adelante normas de calado, pero no es el caso, su agenda legislativa está en números rojos y sin nada «gordo» en el horizonte.

Lo único que tienen en barbecho es la reforma de la financiación autonómica que, en todo caso, fuentes del Ministerio de Hacienda recuerdan que aún tienen que negociar con las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para después llevarlo al Congreso. Desde este departamento no descartan que esto se alargue hasta finales de año. Son conscientes de que aún queda mucho tiempo y, durante el mismo, pueden pasar muchas cosas. Es decir, en este momento no les urgen esos 7 votos de Junts.

En relación con los Presupuestos, la exministra de Hacienda María Jesús Montero llegó a comprometer su aprobación antes de finales de marzo. Superado ampliamente ese plazo, el Gobierno ha optado por el silencio sobre nuevas fechas, lo que alimenta la percepción de que difícilmente se cumplirá en esta legislatura con un mandato constitucional que el Gobierno de Sánchez lleva tres años seguidos sin acatar.

Por ello, tampoco se percibe urgencia entre los socialistas por recomponer los puentes con Junts con este objetivo. Esa ausencia de presión explicaría, en parte, la aparente calma oficial ante un bloqueo que en otro contexto sería políticamente muy sensible, como sucedió al principio de la legislatura.

En el PSOE prefieren interpretar el último órdago de Junts como algo coyuntural y condicionado por dinámicas internas en Cataluña. En ese diagnóstico, el partido de Carles Puigdemont estaría más centrado en contener el avance de Aliança Catalana y en reajustar su posición en el tablero autonómico que en una ruptura estratégica con el Gobierno. En Moncloa también se apunta a cierto malestar por lo que consideran una apropiación política del espacio municipal de Barcelona por parte del PSC durante el último fin de semana, un episodio que habría tensado aún más la relación.

A ello se suma la lectura que hacen fuentes de la Ejecutiva socialista sobre la próxima semana parlamentaria, especialmente la votación de la toma en consideración de la propuesta de ERC para crear un consorcio de inversiones entre el Gobierno y la Generalitat. Un asunto que incomoda especialmente a Junts, que se enfrenta a un dilema político: cualquier posición que adopte puede acabar erosionando su equilibrio interno o su encaje en la estrategia independentista.

Junts sigue descartando una moción de censura

En lo que respecta a la posición de los independentistas, lo cierto es que no parece que vaya a producirse un cambio de calado en la dinámica parlamentaria después de las palabras de Nogueras. Las relaciones con el PSOE están rotas desde finales de 2025 y desde entonces, aunque la realidad es que nunca podía darse por supuesto dada su imprevisibilidad, los posconvergentes han retirado su apoyo de las iniciativas del Gobierno a excepción de ocasiones muy puntuales. Por ejemplo, secundaron en marzo el decreto anticrisis por la guerra en Irán, pero a cambio de que el PSOE hiciese lo propio con su petición para que el Gobierno aplique la directiva europea que permite eximir del IVA a los autónomos con una facturación anual inferior a 85.000 euros.

Sea como fuere, el Ejecutivo no ha impulsado aún esta última medida, algo que ha contribuido a enfadar todavía más a Junts y a engrosar la lista de los compromisos que, dice, Moncloa ha incumplido. Y si a nivel parlamentario no parece que vaya a producirse un cambio de calado, tampoco, en realidad, en ningún sentido que pueda afectar a la legislatura, pues fuentes de Junts descartan apoyar una hipotética moción de censura que pudiera presentar, en un escenario que tampoco se contempla, el Partido Popular.

Los posconvergentes quieren que el Ejecutivo explique «qué sentido tiene» seguir «de espaldas» al Parlamento, «qué argumentos democráticos», como ha señalado Nogueras, puede ofrecer «para no convocar elecciones». La elevación del tono de Junts también tiene lugar días después de que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, reafirmase que la formación catalana es «racista» y «clasista», lo que provocó que anunciase que, «a nivel parlamentario y gubernamental», rompía relaciones con Sumar hasta que rectificase sus palabras, algo que no ha sucedido. Unas relaciones que, por otra parte, tampoco parecían sólidas.

Con el rechazo frontal de PP y Vox al decreto sobre alquileres que se vota el próximo martes, el apoyo de Junts era esencial para Sumar, el grupo que lidera las negociaciones parlamentarias. A lo largo del último mes ha habido versiones contradictorias entre ambas formaciones. Fuentes posconvergentes aseguraban que no se habían sentado a la mesa de negociación mientras en Sumar sí se hablaba de contactos. En cualquier caso, el partido de Carles Puigdemont ya había manifestado en más de una ocasión su rechazo a la medida, que es aún más acusado si cabe tras las críticas de Yolanda Díaz.