Tal y como se temía el Gobierno, España no recibirá íntegramente el quinto tramo del plan europeo de recuperación y resiliencia, que lleva asociados 23.900 millones -8.000 millones en subvenciones y 16.000 en préstamos-. Con más detalle, Bruselas ha decidido bloquear el pago de unos 1.000 millones de euros por las reformas incumplidas por parte del Ejecutivo. Se trata de dos hitos clave a los que España se había comprometido para acceder a los fondos comunitarios: el impuesto al diésel y la digitalización de las entidades locales.

El primero de los hitos incumplidos cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que formaba parte de la reforma comprometida ante Bruselas. En su caso, la subida fiscal al carburante que merodea el Congreso desde 2020, no ha logrado salir adelante por falta de apoyos necesarios. Pues, Podemos, PP, Vox y UPN tumbaron el pasado noviembre el último intento de aprobar la subida fiscal que la Comisión exigía a España para descongelar los fondos.

El otro de los objetivos que quedan descolgados tiene que ver con las inversiones que el Gobierno compromete a la digitalización de las entidades regionales y locales. Un hito, que se ha marcado en rojo, a la espera de que la Comisión complete su análisis para validar el compromiso. «El grueso del hito está cumplido, si bien la Comisión ha pedido más tiempo para seguir trabajando en el análisis de parte de las evidencias presentadas, a fin de poder evaluar su cumplimiento completo» descuentan desde el Ministerio de Hacienda.

Para más inri, a estas dos reformas hay que sumarle el frente abierto entre Bruselas y Madrid con la temporalidad del sector público como objeto de debate. Dado que, a juicio de la Comisión, el Ejecutivo no ha cumplido con esta reforma. ¿Su motivo? La falta de compensación a aquellos trabajadores públicos que han sufrido la alta temporalidad en sus contratos con la Administración.

Si bien este requisito se cumplió mediante un decreto destinado a reducir los interinos del sector público, dos sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) consideraron insuficientes esas indemnizaciones tasadas y abogaron por medidas más contundentes como las que ahora España renegocia en Bruselas para adaptar su hito a las exigencias del tribunal europeo.

«En base en la información proporcionada, la Comisión concluye que España no ha adoptado medidas con la debida celeridad para promulgar una nueva legislación que contenga medidas efectivas para sancionar el uso abusivo de contratos de duración determinada en el sector público, de conformidad con la interpretación del Tribunal de Justicia» rige el documento de la Comisión que vio la luz este lunes.

Se trata de un ‘contratiempo’ que no pilla desprevenido al Gobierno. Semanas atrás era el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, quien deslizaba ante los medios que el Ejecutivo avanzará «en paralelo» para cumplir los hitos pendientes, como hizo con el cuarto desembolso, abriendo entonces la puerta a que el pago pendiente sería parcial ante las dificultades para sacar adelante varios hitos asociados.

A contrarreloj para desbloquear los fondos

La medida de Bruselas, no obstante, no supone una retirada de fondos sino una suspensión ligada a la resolución de estas dos reformas. Por lo que España dispondría de más tiempo -un plazo adicional de seis meses- mientras recibe este ‘cobro’ parcial. Como ya ocurrió en el último desembolso cuando quedaron en el aire 158 millones de un total de 10.000 por no llegar a tiempo con una de las reformas comprometidas, relacionada con la transformación de las pymes. Si bien, en su evaluación de este lunes, la Comisión ha desbloqueado también esos 158 millones, que se liberarán como parte del quinto desembolso tras constatar que este objetivo se ha cumplido con éxito.