Apenas unos minutos. Eso fue lo que tardó el PSOE en salir al paso de las informaciones publicadas este miércoles por la noche por diferentes medios en las que se aseguraba que un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) entregado al Supremo incluye grabaciones que implican a su secretario de Organización en el cobro de mordidas del caso Koldo. «Santos Cerdán no ha participado, mucho menos influido, en adjudicaciones de obra pública. Jamás ha cobrado una comisión por ello», afirmó la formación en un comunicado.
Los socialistas negaron así, de manera tajante, el cobro cantidades ilegales por parte de su número tres y hombre de la máxima confianza del presidente del Gobierno. Cerdán es, entre otras cuestiones, el negociador de Pedro Sánchez con el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont. «El conocimiento, una vez más por la vía de la filtración, de actuaciones policiales se ha convertido en una cuestión endémica de nuestro país que solo genera indefensión y juicios mediáticos a los afectados», apostilló Ferraz.
«Cuando se conozca la totalidad del informe, Santos Cerdán dará todas las explicaciones necesarias para que de una vez por todas su nombre y honorabilidad dejen de verse mezclados a diario con casos que nada tienen que ver con su persona», trató de zanjar el PSOE sobre una conversación intervenida al exasesor Koldo García en la que además de él y Cerdán participa el exministro de Transportes José Luis Ábalos. Según el informe de la UCO, la grabación revela que los tres hablaron sobre la deuda que varias empresas habían contraído supuestamente con ellos a cambio del amaño de adjudicaciones públicas de carreteras.
Postura contraria a la del PSOE sostuvo el PP, que también reaccionó rápidamente a las nuevas informaciones sobre el diputado socialista. «Queda uno para que caiga toda la banda», escribió el partido de Alberto Núñez Feijóo en su cuenta de X. El texto iba acompañado de un vídeo en el que se veía a Ábalos, Koldo, Cerdán y Sánchez.
Las informaciones publicadas por varios medios hablan de que en la conversación grabada, y que figura transcrita en un informe remitido el 5 de junio por la UCO al Tribunal Supremo, se escucha hablar a Santos Cerdán, a Ábalos y a Koldo de que hasta cuatro constructoras les deben dinero. Esa deuda sería superior a los 400.000 euros, según los investigadores. Precisamente este martes agentes de la UCO registraron la vivienda de Ábalos en Valencia, y cuatro empresas, dos de ellas ubicadas en Navarra, otra en Granada y una última en Valencia.
Esas compañías están bajo sospecha por sus vínculos con la trama que dirigía Víctor de Aldama y durante el registro en Navarra destacó la inusual presencia de un alto mando de la Guardia Civil, el del teniente coronel Antonio Balas. Balas es uno de los señalados por la ‘fontanera’ del PSOE Leire Díez en sus audios de los que trasciende que esta pretendía obtener información sensible de la UCO.
Esos registros vinieron desencadenados por el citado informe, el cual desvela que al entrar en febrero de 2024 en la casa del exasesor de Ábalos, la Guardia Civil se incautó de diversos dispositivos. En ellos había grabaciones realizadas por Koldo García de forma subrepticia. Uno de esos audios, según han confirmado diferentes fuentes de la investigación, pertenece a la reunión entre García, Ábalos y Cerdán en la que hablan de esas cantidades que todavía se les adeudan por las adjudicaciones de obra pública supuestamente amañada. El encuentro tuvo lugar después de que Ábalos abandonara la cartera de Transportes en 2021.
El caso Koldo entró en una nueva dimensión el 5 de junio, cuando el Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción de la UCO entregó al juez del Supremo Leopoldo Puente el informe, cuyo secreto se va a levantar en breve. En ese momento es previsible que el instructor ofrezca a Cerdán declarar de forma voluntaria, dada su condición de aforado. Si él rechaza ese ofrecimiento acabaría, como ya ocurrió con el exministro de Transporte, con el Supremo pidiendo el suplicatorio al Congreso.
Ese documento, según las fuentes consultadas, no solo versa sobre el diputado socialista, sino también sobre supuestos amaños millonarios de obra pública en la época de Ábalos al frente de Transportes (2018-2021). Se da la circunstancia de que Ábalos precedió a Cerdán al frente de la secretaría de Organización del PSOE. Ese esperado documento fue encargado por el propio instructor a los agentes hace semanas.
Servinabar 2000
Entre las empresas registradas el martes se encuentra la sede en Pamplona de Servinabar 2000 Obras y Servicios S.L. Esta compañía ganó la adjudicación por 76 millones -en una UTE junto Acciona y Osés Construcciones- del desdoblamiento de los túneles de Belate. La obra, que ha sido objeto de denuncias por las supuestas irregularidades que detectaron los propios técnicos durante la licitación en 2024, es además uno de los cincos contratos por los que Cerdán se interesó el 9 de mayo, cuando por primera vez en su trayectoria como diputado preguntó en el Congreso por las adjudicaciones de construcciones civiles en Navarra.
Ese inusitado interés se desató precisamente justo después de que diferentes medios apuntaran la posibilidad de que hubiera comunicaciones entre él y Koldo García sobre contratos de infraestructuras de Transportes y que estos supuestos mensajes iban a componer el grueso del informe que el juez había encargado a la UCO sobre la supuesta intervención de Cerdán en esta trama. Todo ello, después de que Víctor de Aldama le acusara de exigir un «cupo vasco» para el partido por obras adjudicadas en Euskadi.
Según la investigación, Servinabar es una sociedad administrada por Antxon Alonso y Koldo García ha figurado hasta junio de 2020 como titular real de su cuenta titulada de esta empresa, que transfirió entre 2017 y 2018 3.000 euros al depósito familiar del entonces asesor de Ábalos y su exmujer, Patricia Uriz. De Aldama entregó al juez documentación poniendo en cuestión la limpieza en 128 adjudicaciones del ministerio de Transportes que suman 54 millones.
Ya este miércoles por la mañana, antes de que se conociese el contenido del informe de la UCO, el propio Cerdán señalaba en los pasillos del Congreso que no tenía «ningún miedo» y negó él mismo cualquier actividad irregular.