La reubicación de los menores migrantes ha sido, sin duda, el tema del verano. Aunque ha costado, el decreto ya está en marcha. ¿Se están produciendo los traslados con normalidad?

Ha sido un procedimiento largo por los bloqueos sistemáticos del PP, pero ya estamos en condiciones de comenzar con los traslados, una vez decretada la contingencia migratoria en tres territorios [Canarias, Ceuta y Melilla]. Tenemos bastante avanzados los de Ceuta. Hay que combinar dos situaciones diferentes: los niños que entren desde este momento, para los que hemos habilitado un mecanismo que permita que en 15 días sean trasladados; y al mismo tiempo garantizar la acogida de esos algo más de 3.000 niños que llevan más tiempo en una situación muy dolorosa. Hay un protocolo individualizado que permite detenernos en cada situación específica, hemos hecho una propuesta de capacidad ordinaria, hemos evaluado la situación de los distintos sistemas de acogida y la propuesta para la acogida va a ser equilibrada territorialmente. De tal modo que vayamos ocupando plazas gradualmente en los distintos territorios.

Baleares, pese a solicitarlo, no ha sido declarada en contingencia migratoria, porque no cumple con los requisitos (que se triplique su capacidad de acogida). El Govern asegura que no podrá asumir la tutela de más menores de otras comunidades. ¿Se plantean algún tipo de alternativa para el archipiélago?

Lo que hemos establecido es un punto de partida para tener un mecanismo de coordinación. No vamos a saturar territorios que, aunque no cumplan con la sobreocupación, estén ya tensionados. Va a haber un diálogo abierto con las comunidades a lo largo del año. Quiero recordar que hemos celebrado 12 reuniones con ellas. Y la puerta sigue abierta. Más allá del ruido de algunas comunidades del PP, nosotros seguimos tendiendo la mano. Todo se puede hablar, y ahora que tenemos un sistema coordinado, podemos atender a todas las especificidades que surjan en los territorios.

Uno de los asuntos que le reprocha el PP es que a País Vasco ni Cataluña se les haya asignado ningún menor migrante…

Nosotros hemos hecho una propuesta que se ha fijado en los derechos de la infancia y en cómo estaban los sistemas. Y aquí cada territorio tiene que hacerse cargo de lo que ha hecho y de lo que no ha hecho. Hay comunidades gobernadas por el PP, suficientemente financiadas, que han decidido usar el dinero público para no dimensionar los servicios públicos. Hay comunidades que durante años se han esforzado más y otras que han decidido que no era una prioridad dedicar recursos a los sistemas de acogida.

Este mecanismo, entonces, ¿es una forma de premiar ese esfuerzo que sí han hecho algunas comunidades?

​No, es una orientación basada en la garantía de los derechos de la infancia. Un servicio público saturado no garantiza ese derecho. Y quiero decir una cosa: en este momento, la segunda comunidad con más plazas ocupadas es Cataluña, después de Canarias, y va a acoger niños, a pesar de que tiene un sistema saturado. Una vez hecha la propuesta de acogida entre territorios, seguramente Cataluña sea el territorio que quede con más niños en su sistema de acogida.

Al menos 11 comunidades han recurrido el decreto ante el Tribunal Constitucional. ¿Teme que la justicia le tumbe la reforma?

​La justicia hablará, pero yo estoy concentrada en que comencemos ya a hacer efectivos los traslados. La ley está habilitada y hay que cumplirla.

Tienen hasta marzo de 2026 para culminar los traslados de los menores que llevan tiempo en Canarias, Ceuta y Melilla. ¿Les dará tiempo?

Vamos a trabajar con determinación para que sea así.

La semana pasada trascendió el caso de una menor violada cerca de un centro de menores migrantes en Hortaleza (Madrid) y la posterior agresión de unos encapuchados a algunos menores que vivían en ese centro. ¿Cree que la sobreocupación pueda estar provocando un conflicto social?

​En primer lugar, manifestar mi apoyo a la víctima. Dicho esto, no es aceptable que en una comunidad en la que hay casi 400 agresiones sexuales hasta la fecha solo se señale esta porque está cometida por una persona de otro país. Esto tiene una orientación claramente racista que no es aceptable en una sociedad democrática. Y esto no significa que obviamente con la ley haya que cumplir y que seamos absolutamente exigentes en la erradicación de todo tipo de violencias contra las mujeres.

Isabel Díaz Ayuso ha hablado de «reagrupar» a los «menores conflictivos» con sus familias en los países de origen. ¿Qué opinión le merece esta propuesta?

Está hablando de deportaciones y es algo que va contra los derechos de la infancia. Algunos países europeos han apostado por la expulsión de personas migrantes a terceros países sin ninguna garantía de derechos y desde luego no es la línea que compartimos.

Hace unos meses se anunció un decreto para regular las condiciones de los educadores sociales en los centros tutelados…

Salió a audiencia pública y estamos ya en la rampa de salida para sacarlo. Es un reglamento de estándares mínimos de los sistemas de acogida, de ratios, formación, procesos de acompañamiento y transición a la vida adulta. Hay que hacer un esfuerzo para que haya suficientes profesionales y recursos para dar una oportunidad a esos niños.

¿Cuándo prevé aprobarlo?

El horizonte me gustaría que no fuera más allá de un mes.

¿Sin unos nuevos presupuestos puede redimensionarse el sistema?

Bueno, este es un reglamento plantea más cómo ordenar y las responsabilidades de las comunidades autónomas. Pero esto no significa que los presupuestos no sean absolutamente imprescindibles y que sea fundamental que salgan cuanto antes.

¿Qué demandas tiene desde el Ministerio para incluir dentro de los presupuestos? 

Muchas. Algunas de nuestras competencias, otras que tienen que ver más como socios de coalición, sobre todo las de fiscalidad y vivienda. Respecto a las políticas de infancia y juventud, incidir en todo lo que tiene que ver con el despliegue de la ley de entornos digitales seguros y la Estrategia Nacional de Entornos Digitales Seguros. La ley se ha empezado a tramitar esta semana en el Congreso, pero además, necesitamos esta dotación presupuestaria para la implementación de las medidas. También elementos que tienen que ver con la pobreza infantil, y ahí reivindicar uno de los pilares fundamentales que tienen que incluir los presupuestos: la prestación universal por crianza.

Esto es algo que se quería incluir en la ley de familias, que lleva un año y medio bloqueada en el Congreso. ¿Se plantean aprobar la renta universal por crianza mediante un decreto, como hicieron con los permisos en julio?

De momento vamos a ver el trabajo que hacemos con los presupuestos. Hemos planteado varias posibilidades y estamos trabajando en ellas. Y luego hay otras líneas de trabajo. El plan de emancipación juvenil, la implementación de la ley de juventud o la reforma y la ampliación de la ley orgánica de protección de la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que también va a requerir un esfuerzo presupuestario.

Ha mencionado la ley de protección a la infancia, la LOPIVI. En ese despliegue querían prohibir explícitamente el llamado síndrome de alienación parental. ¿Saben ya la fórmula legal para hacerlo?

En teoría no se puede considerar ya ese síndrome porque no está acreditada su existencia. Planteamos ampliar la ley para que sea más garantista con los derechos de la infancia y, en concreto, con su derecho a ser escuchada, y que una vez esté documentado sus testimonios, puedan ser creídos y, por supuesto, reparados.

El miércoles se debatió la ley de menores en el entorno digital. ¿Cuentan con el respaldo de las tecnológicas?

Nosotros hacemos nuestro trabajo, que es regular el entorno digital. El sector tecnológico ha demostrado que no se puede autorregular, que tienen una orientación clara de su negocio, subalterna a los derechos de la infancia. Las reglas del juego están dictadas por tres supermillonarios y quizá ha llegado el momento de que los países intervengamos y legislemos para garantizar los derechos de nuestros ciudadanos. Lógicamente, las empresas tendrán que someterse a lo que digan las leyes.

Tiene pendiente también la que será la primera ley de juventud en España. Una de las medidas estrella es la ampliación de voto a los 16 años. Los informes muestran cierta desafección política entre los jóvenes, ¿no cree que pueda ser contraproducente?

Hay una contradicción. Lo que señalan es que tenemos una juventud bastante politizada, pero que no siente que forma parte de la arquitectura institucional clásica. El entorno digital ha venido a romper la manera que teníamos de comunicarnos. Y esto incide también en cómo maduramos políticamente. No es tanto que haya desafección, sino que la juventud está cuestionando el sistema político.

Algunos estudios dicen que se está produciendo una derechización de la juventud. ¿Lo comparte?

Hay una polarización de la juventud, porque hay un porcentaje de jóvenes que expresan una autoubicación político-ideológica en la extrema derecha, pero también hay un porcentaje nada desdeñable de personas jóvenes que se autoubican en la izquierda. Me preocupa mucho que en todo este ruido la extrema derecha venga con un proyecto de sociedad que dice que, para hacer frente a los desafíos sociales hay que recortar derechos y democracia. Frente a esa desafección, la izquierda o el campo progresista debe ofrecer mecanismos que ensanchen la democracia.

¿Cree que la izquierda está fallando a la hora de apelar a esa juventud?

Tenemos que hacer un esfuerzo mayor para interpelarles. Detesto hablar de un ‘momento histórico’, porque parece que llevamos 15 años así, pero sí que creo que estamos asistiendo a cambios de paradigma. La esfera digital, el cambio climático, la crisis ecosocial… abren unos retos extraordinarios. Hay debates abiertos que son vibrantes en la izquierda, yo soy optimista. Las movilizaciones por Palestina están dando una lección de humanidad extraordinaria, hay mucha gente que por primera vez está participando en política.

¿Han sondeado los apoyos que tendría el voto desde los 16 años?

Bueno, estamos trabajando en ello. Todavía no ha llegado al Consejo de Ministros. Ha sido un proceso muy largo porque hemos querido hacer un proceso participativo. Pero es un debate muy interesante y hay margen para tratar de convencer.

Quería derogar la ley mordaza dentro de esa ley de juventud. ¿En qué sentido?

Lo que se plantea, fundamentalmente, es proteger al derecho de la juventud a la protesta y esto va a requerir ajustes de carácter legislativo. La derogación de la ley mordaza forma parte del acuerdo de Gobierno y se está trabajando de manera incansable en el Congreso por parte de nuestro grupo para tumbar toda la parte más lesiva de la ley. Se hizo una propuesta que no fue posible en la legislatura anterior, pero seguimos trabajando para llegar a un acuerdo.

El principal problema de los jóvenes es la vivienda. ¿Por qué no se está consiguiendo abordar este asunto?

Necesitamos que haya mecanismos de coordinación entre los niveles institucionales. Se está utilizando la vivienda para hacer política partidista, y eso no ayuda a resolver el problema. Hemos registrado una ley para regular los alquileres y es urgente que comience a tramitarse. Pero va a ser muy complicado si los gobierno autonómicos no legislan para garantizar la vivienda como derecho, como sí ha ocurrido en Navarras y Asturias. Hay instrumentos eficaces, como la declaración de zonas tensionadas, que estamos viendo que funciona en Barcelona. Pero hay que seguir. Con esto no basta, porque las políticas en vivienda desgraciadamente no se notarán hasta dentro de un tiempo.

El Gobierno aprobó un paquete de medidas contra Israel por la guerra en Gaza. ¿Son suficientes?

Es incuestionable que la activación de estas medidas se ha producido gracias, en primer lugar, a la movilización de la sociedad española. Y también gracias a la presión que hemos ejercido en el seno del Gobierno para trasladar estas demandas. Son un avance muy importante, pero debemos seguir empujando hasta parar el genocidio en Gaza y que sus responsables paguen por sus crímenes. En Izquierda Unida y en Sumar tenemos claro que debemos romper todo tipo de relaciones con el Gobierno genocida de Israel y no vamos a parar de exigirlo de la mano de la sociedad civil organizada que también considera imprescindible este paso.

Israel le ha vetado la entrada a usted y a Yolanda Díaz al país… ¿Cómo recibió la noticia y qué mensaje cree que está lanzando el país con esta acción?

Israel nos ha vetado la entrada por denunciar el genocidio en Gaza. Es una medida propia de un Estado genocida que lleva años vulnerando de manera sistemática los derechos humanos y el derecho internacional. Quizá esto habrá gente que no lo sepa, pero con este veto también impiden nuestra entrada en Palestina, porque de facto el gobierno de Netanyahu controla Palestina, y decide quién entra y quién sale. Este es el fruto de una ocupación que dura décadas. Con este veto, intentan criminalizar las protestas y generar un ambiente de miedo, pero Israel ha perdido toda la credibilidad. La ciudadanía está viendo con sus propios ojos cómo asesinan a personas inocentes, a periodistas, cómo dejan a niños y niñas morir de hambre, como bombardean colegios u hospitales… Tienen mucho poder, pero la verdad se impone y se está demostrando en la ola de indignación que está recorriendo nuestro país y muchos otros.