Los de Puigdemont advierten de que se les acaba la paciencia ante el bloqueo de medidas con las que intentar contrarrestar el crecimiento por su derecha de Aliança Catalana. «No nos lo tomamos como amenaza», dicen en el Ejecutivo.
Nuevo órdago de Junts al Gobierno. El partido de Carles Puigdemont ha dado otro golpe sobre la mesa para advertir a Pedro Sánchez de que habrá «cambios» si los socialistas continúan «estirando el chicle». Los posconvergentes ponen el foco en dos cuestiones que para ellos son clave para intentar taponar el crecimiento por su derecha de Aliança Catalana: la norma que permitiría desalojar a okupas en 48 horas y la ley para luchar contra la multirreincidencia. En Moncloa restan dramatismo a los aspavientos de Junts y aseguran que no lo interpretan como una amenaza. De hecho, fuentes del Ejecutivo no se cierran a negociar estos asuntos, aunque descartan entrar en la dinámica de ultimátum con la que Junts pretende acelerar los plazos.
Junts acudió este miércoles a la sesión de control con el ultimátum preparado y apuntando directamente al presidente del Gobierno. Un murmullo recorrió el hemiciclo cuando su portavoz, Míriam Nogueras, lanzó la advertencia: «Quizá ha llegado el momento de empezar a hablar de la hora del cambio«. A lo largo de la jornada, la formación independentista insistió en la idea de que, si nada cambiaba, sería su relación con los socialistas la que acabaría dando un giro. Desde Moncloa, sin embargo, restaron relevancia al desafío y lo interpretaron como un simple «juego de palabras» de Nogueras, en alusión al cambio horario que Sánchez había propuesto el lunes.
Lo más chocante de la amenaza proferida por Junts este miércoles es que, en los últimos días, nada ha cambiado en su relación con el Gobierno, ni tampoco se ha producido ningún choque político con el Ejecutivo. De hecho, Nogueras aseguró que la mayor parte de la ciudadanía está «hasta las narices» del Ejecutivo por no aportar soluciones en materia de vivienda, las «ocupaciones», la «multirreincidencia» o «la tortura diaria de Renfe», todos ellos asuntos que los independentistas llevan reivindicando desde el inicio de la legislatura.
En los últimos meses, no obstante, Junts ha centrado sus demandas en asuntos relacionados con la inmigración y la seguridad, dos temas que, en muchas ocasiones, la formación independentista aborda conjuntamente. De hecho, la principal reivindicación del partido liderado por Puigdemont en los últimos tiempos ha sido la delegación de competencias sobre inmigración a la Generalitat de Cataluña, que Nogueras defendió en el Congreso con un discurso de línea muy dura en el que aseguró que «el país [Cataluña] y sus servicios públicos han quedado saturados» por el exceso de inmigración e incluso espetó que «la supervivencia de nuestra identidad no está garantizada».
La Cámara Baja terminó rechazando tramitar esa norma con el voto en contra decisivo de un Podemos que acusó a Junts de utilizar un asunto competencial para esconder un discurso «racista». Pero hay otras medidas en materias de seguridad e inmigración que se encuentran varadas en su tramitación parlamentaria, como la ley de multirreincidencia promovida por los de Puigdemont —que plantea que endurecer las penas para quienes cometan más de tres hurtos, incluso leves, y castigar con entre uno y tres años de cárcel a quien sustraiga móviles u ordenadores— o su ley antiokupación para acelerar los desalojos de este tipo de propiedades.
Las leyes de la discordia
Esas iniciativas fueron hace meses admitidas a trámite en el Congreso con el voto favorable del PSOE, pero desde entonces los socialistas las han mantenido congeladas. Y el importante enfado de Junts por esa parálisis no puede desligarse del que, ahora mismo, es el principal problema que preocupa a la formación independentista: el fulgurante crecimiento por su derecha de Aliança Catalana, el partido de extrema derecha secesionista que está comiendo terreno a marchas forzadas a Junts con un discurso xenófobo en relación a la inmigración y de mano dura en materia de seguridad.
En este contexto, la reunión que mantuvieron el pasado lunes los principales alcaldes de Junts con Puigdemont en Waterloo (Bélgica) no es baladí. Tras haber perdido la presidencia de la Generalitat el año pasado, el principal bastión que le queda al partido es su poder municipal en la Cataluña interior, y muchos de los regidores independentistas de esos municipios son, precisamente, los que más amenazados se ven por la pujanza de una Aliança Catalana que está creciendo rápidamente a costa de su electorado. Por ello, estos alcaldes pidieron a la cúpula de Junts que apriete al PSOE precisamente con los asuntos de la inmigración y la seguridad, y eso fue exactamente lo que hizo este miércoles Nogueras.
Sin embargo, no es la primera vez que el nerviosismo de estos alcaldes de feudos de Junts se hace público. El mes pasado, cinco regidores se reunieron con el secretario general del partido, Jordi Turull, para pedirle un cambio de estrategia para intentar volver a tomar una posición central en la política catalana, y plantearon dos vías: que Junts negocie en la Generalitat con el Govern que lidera el PSC en lugar de oponerse a todas sus iniciativas, pero también que abandone sus recelos a colaborar con Aliança Catalana en materias como la prohibición del velo en las escuelas.
Esas dudas sobre cómo contener a la ultraderecha independentista, no obstante, trascienden al ámbito municipal. La dirección de Junts se encuentra inmersa —como una parte muy importante de la derecha tradicional en todo Occidente— en una discusión interna sobre cómo mantener la primacía en el espacio conservador catalán ante el auge de Aliança Catalana. Hasta ahora, Junts ha respondido endureciendo su discurso en los asuntos en los que los ultras independentistas se sienten más cómodos, que son precisamente la seguridad y la inmigración, si bien lo cierto es que el partido que lidera Sílvia Orriols sigue creciendo y Junts, por el contrario, no ha logrado superar sus horas bajas.
Distintas voces son conscientes del problema que atenaza a Junts, por lo que insisten en que el órdago de este miércoles sea un ultimátum real. Aseguran que todo tiene que ver con la presión que ejercen los de Puigdemont para ver cumplidas sus exigencias. «No me lo tomo como una amenaza», señala una fuente de peso en el Ejecutivo. «No hay ultimátum», dice una segunda voz de Moncloa. Desde la sala de máquinas del PSOE tampoco le dan importancia y, de hecho, se abren a negociar para dar pie a las exigencias de sus socios.