El sistema de financiación autonómica genera importantes desigualdades en el reparto de los fondos. Así, hay un grupo de comunidades como Cantabria, La Rioja o Extremadura que reciben ingresos por habitante notablemente superiores a los de otras autonomías como Castilla-La Mancha, Andalucía, Murcia o Comunidad Valenciana. La brecha entre el territorio mejor tratado por el sistema (Cantabria) y el peor tratado (Comunidad Valenciana) supera los 1.000 euros de financiación por habitante.
Así lo refleja un estudio del Instituto Valenciano de Estudios Económicos (IVIE) dedicado a la situación de las comunidades autodenominadas «infrafinanciadas», que son las que ocupan los cuatro últimos puestos en el reparto de fondos por habitante ajustado (la unidad de población que utiliza el sistema para distribuir el dinero en función de las necesidades y que está vinculada a cuestiones como el envejecimiento o la dispersión de la población).
Las cifras que calcula el IVIE coinciden con las de otros organismos como Fedea que se han dedicado a estudiar la cuestión. Castilla-La Mancha recibe 3.274 por habitante ajustado, Andalucía ingresa 3.190, mientras que Murcia y Comunidad Valenciana (las dos peor financiadas) perciben 3.148 euros. Las diferencias respecto a la media que reparte el sistema (3.367 euros) llegan a los 200 euros por habitante ajustado en el caso de Murcia y Comunidad Valenciana.
El informe retrata un sistema de financiación que lleva pendiente de reforma desde 2014, excesivamente complejo, que «padece carencias muy relevantes» y que no proporciona los recursos suficientes para cubrir las necesidades de gasto del conjunto de las comunidades. Una situación que se acentúa todavía más en las regiones que salen peor paradas del reparto.
El documento señala que la deuda autonómica se ha multiplicado por seis en los últimos años hasta superar los 300.000 millones de euros. Según el IVIE, de esa cuantía hay 176.688 millones de euros que se explican por la infrafinanciación colectiva del sistema, a la que achacan 176.688 millones de euros. Más allá de esa cifra, el informe sostiene que hay otros 58.000 millones de deuda autonómica que se deben a la «infrafinanciación relativa», es decir, al endeudamiento al que han tenido que recurrir las comunidades peor financiadas para poder prestar el mismo nivel de servicios que el resto.
Los autores coinciden en señalar que una condonación de la deuda parece algo inevitable, pero critican el diseño que ha planteado el Gobierno en su propuesta a las comunidades, previo pacto con ERC para Cataluña. El reproche se centra en que el ‘perdón’ parcial propuesto por el Ejecutivo solo se centra en la insuficiencia general de recursos del sistema y obvia la situación de las comunidades infrafinanciadas. De hecho, estiman que la condonación propuesta para el grupo de las cuatro infrafinanciadas, ronda el 30% de su deuda.
Las 4 infrafinanciadas unen fuerzas
El informe se ha presentado en un acto en Sevilla en el que se han conjurado los consejeros de Economía y Hacienda del bloque de las cuatro infrafinanciadas. Los representantes de Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia y Castilla-La Mancha han vuelto a hacer frente común para reclamar un fondo transitorio que compense su infrafinanciación hasta que se logre la reforma del sistema. Además, han cargado contra la financiación singular catalana y han cuestionado la condonación de la deuda autonómica que ha diseñado el Gobierno, que creen que en todo caso debe ser complementaria a una reforma del sistema.
«Que un Gobierno autonómico pueda gastar 1.000 euros más por habitante que otro es claramente un ataque a la constitución. Se están permitiendo privilegios al acceso a los servicios públicos en función de donde residan los ciudadanos», ha expresado la consejera andaluza de Hacienda y Economía, Carolina España. Su homóloga valenciana, Ruth Merino, ha señalado que los 20 años de «infrafinanciación estructural» que sufre su comunidad han convertido el déficit en «un problema estructural y crónico» al intentar gastar como la media de todas las autonomías, pero con menos recursos.
Del lado de Murcia ha intervenido el consejero Luis Alberto Marín, quien ha criticado el sistema de financiación actual al considerarlo «obsoleto, caduco, injusto y desequilibrado». Por parte de Castilla-La Mancha, gobernada por el socialista Emiliano García Page, ha hablado Juan Alfonso Ruiz, quien se ha quejado de «la clara insuficiencia» de los recursos que reciben para prestar «los servicios más sensibles» a los ciudadanos, como son la sanidad y la educación.