No ha sido una buena semana para el Gobierno en su juego de equilibrismo parlamentario. Además de verse obligado a fragmentar el decreto del escudo social para convalidar la subida de las pensiones, tal como exigían el PP y Junts, Moncloa ha recortado la medida que evita el desahucio de inquilinos que no pueden pagar el alquiler, una cuestión clave para sus socios de izquierdas y cuya convalidación sigue sin estar garantizada. Pero la agenda de Pedro Sánchez ha tomado otros derroteros, marcada por una serie de anuncios, algunos con mucha repercusión internacional. Esto ha contribuido a desplazar el foco mediático hacia otros asuntos, dejando en un segundo plano la complejísima situación parlamentaria a la que se enfrenta.

Mientras los negociadores de Moncloa observaban un puzle casi imposible de encajar, Sánchez decidía centrar la atención en otras medidas de calado social y económico. El mismo martes en el que se aprobaron los decretos en el Consejo de Ministros, el presidente anunció la prohibición del acceso a las redes sociales para menores de 16 años; al día siguiente, que el Gobierno pondría límites a la apertura de centros privados de Formación Profesional (FP); y este jueves lanzó una nueva ayuda para los autónomos y pymes que adquieran coches eléctricos.

Todo esto sucede en la recta final de la contienda electoral en Aragón, donde la candidata socialista y ex portavoz de Moncloa, Pilar Alegría, se podría enfrentar a uno de los peores resultados del PSOE en Aragón, tal y como sugieren las últimas encuestas. En este sentido, los tiempos no han favorecido al Gobierno, consciente de que controlar la agenda es crucial para cualquier estrategia política, y aún más en los últimos coletazos de una campaña electoral.

Anuncios y banderas anti-Trump

El rompecabezas parlamentario tiene difícil solución tras el portazo de Junts a la convalidación del decreto que incluye la moratoria antidesahucios. Sin embargo, el foco de los reproches del Gobierno se ha desplazado y ya no apunta solo al PP y a los que dejan al descubierto su crisis aritmética en el Congreso. Las críticas lanzadas por Elon Musk contra la aprobación del decreto para regularizar la situación de medio millón de personas migrantes marcaron el primer choque en una pugna pública, librada en redes sociales, entre Pedro Sánchez y algunos de los grandes magnates tecnológicos.

Un choque a miles de kilómetros que esta semana subió un peldaño más después de que Sánchez anunciara desde Dubái su intención de prohibir el uso de redes sociales a los menores de 16 años. «Tirano» o «traidor del pueblo español» fueron algunos de los insultos que Musk dedicó al presidente del Gobierno, a los que se sumó el fundador de Telegram, Pavel Durov, quien le acusó de promover «regulaciones peligrosas». Los dardos no quedaron sin respuesta. «Deja que los tecno-oligarcas ladren, Sancho, es señal de que cabalgamos», replicó el líder del PSOE a través de la red social X.

Lejos de rebajar el tono, Sánchez parece decidido a mantener esta cruzada. Durante un acto para anunciar nuevas ayudas a pymes y autónomos, volvió a arremeter contra Musk y Durov. «La voz de la democracia no será doblegada por los tecnoligarcas del algoritmo». A la vez que mantiene viva la polémica sobre su política migratoria. En un artículo de opinión publicado en The New York Times, defendió la regularización de las personas migrantes frente a quienes promueven su deportación mediante «operaciones ilegales y crueles», en una alusión implícita a dirigentes como Donald Trump. Una tesis en la que volvió a insistir en una entrevista concedida a la CNN desde Dubái.