
El ritmo de construcción de vivienda protegida se ha desacelerado en los últimos meses. Según los datos publicados este jueves por el Ministerio de Vivienda, entre enero y septiembre se pusieron en marcha en España 11.567 pisos de esta tipología, un 6,4% menos que las 12.355 impulsadas en el mismo periodo de 2024. Pese al descenso con respecto al año pasado, es el segundo mejor dato en el acumulado de los tres primeros trimestres del año desde 2012.
La caída de la producción se notó especialmente en los meses de verano. Entre julio y septiembre se iniciaron 3.283 viviendas protegidas, impulsadas al amparo de planes tanto estatales como autonómicos. Fueron un 20,2% menos que las 4.114 puestas en marcha en los mismos tres meses de 2024, en los que este tipo de promociones se duplicaron con respecto al año anterior. Ya en el segundo trimestre de 2025 el volumen de casas a precio tasado en construcción se había resentido, al registrar una caída interanual del 8%, la primera desde principios del año pasado.
Las 3.283 viviendas protegidas iniciadas entre julio y septiembre sí superaron las 1.928 de 2023 y las 2.051 de 2022. Lejos quedan las 20.159 que se llegaron a poner en marcha en el tercer trimestre de 2008, que es el primer año para el que recoge datos mensuales la serie estadística. Al igual que ocurrió con la vivienda libre, la construcción de pisos a precio tasado se hundió tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. En España se pasó de dar luz verde provisional a 97.617 pisos protegidos en todo 2006 a menos de 10.000 al año entre 2013 y 2017. La recuperación está siendo lenta. En todo 2024, se impulsaron un total de 23.967, el mayor volumen anual en 13 años.
En cuanto al número de viviendas terminadas, en lo que va de año se han calificado de forma definitiva 7.899 pisos protegidos —3.030 en régimen de propiedad y 3.776 de alquiler—, apenas un 0,7% menos que entre enero y septiembre de 2024 y, por tanto, el segundo mayor volumen acumulado en los nueve primeros meses del año desde 2014. El nivel se mantiene prácticamente invariable con respecto al año pasado por el tirón de la primera mitad de año, en la que el número de viviendas a precio tasado terminadas creció un 25,8% en el primer trimestre y un 19,8% en el segundo. En los meses de verano se rompió la racha. Se finalizaron 2.042 inmuebles de este tipo, un 36% menos que en 2024, aunque más que en el mismo periodo de 2022 y 2023.
La mayoría de pisos protegidos terminados en los últimos nueve meses se concentran en Madrid (2.589), Cataluña (1.641) y Andalucía (1.492), que son también las comunidades donde más promociones se han iniciado (2.341, 1.991 y 2.524 entre enero y septiembre respectivamente). En cambio, en Murcia y La Rioja no se ha puesto en marcha ni finalizado ninguna desde principios de año.
Desde el Ministerio de Vivienda ponen el foco en los datos de los últimos doce meses y destacan que el 20% de las viviendas que se han empezado a construir en el último año han sido protegidas, con 23.179 inmuebles de este tipo puestos en marcha entre el cuarto trimestre de 2024 y el tercero de 2025 frente a 115.755 libres. Apuntan a que la proporción de viviendas protegidas ha crecido cinco puntos con respecto al 15,2% que representaban el año pasado. Añaden que en ese mismo periodo se han finalizado un total de 14.317 viviendas protegidas, un 30,1% más que en los doce meses anteriores, en los que ya se produjo un incremento del 26,5%.
Fuentes del departamento de Isabel Rodríguez hacen una lectura positiva de la situación y subrayan que estos los certifican el «impulso» de la vivienda protegida en España gracias al «esfuerzo inversor» del Gobierno, canalizado principalmente a través de los fondos europeos Next Generation. Recalcan que uno de los principales objetivos del ministerio es ampliar el parque público para converger con la media europea del 8% —España ronda el 3,5%— y, al mismo tiempo, garantizar su protección con carácter permanente para evitar que estos pisos puedan descalificarse con el paso de los años y acabar en manos privadas.
Para seguir avanzando en esa línea, confían, entre otros instrumentos, en la nueva empresa pública Casa 47 y en el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, con un presupuesto de 7.000 millones de euros —cofinanciados entre el Estado y las comunidades autónomas—, de los cuales el 40% se destinará a aumentar el parque público de vivienda. Esta hoja de ruta para los próximos cincos años, que aspira a canalizar los fondos para vivienda traspasados desde el Gobierno central hacia las comunidades y está pendiente de aplicación definitiva, condiciona la financiación a que las autonomías eleven su participación, blinden de forma permanente las viviendas protegidas que se construyan bajo este paraguas y compartan datos en materia de vivienda para crear una base de información pública.