La ministra de Igualdad, Ana Redondo, tuvo que dar explicaciones este jueves por los fallos en las pulseras telemáticas para maltratadores de los que advirtió la Fiscalía General del Estado (FGE) en su última memoria. Aunque en el informe se habló de que dichas incidencias —provocadas por una pérdida de datos al contratar a un nuevo proveedor, la UTE Vodafone-Securitas— habían provocado «una gran cantidad de sobreseimientos provisionales o fallos absolutorios» a condenados por violencia de género, Redondo quiso rebajar esa alerta y aseguró que las consecuencias definitivas habían sido, en verdad, residuales. Lo cierto es que, hasta el momento, ni Igualdad ni la Fiscalía han aportado una cifra de cuáles habrían sido las sentencias afectadas por la pérdida de estas grabaciones, que resultan clave para demostrar el quebrantamiento de una orden de alejamiento.

Pero aun sin conocer esos datos, la titular de Igualdad aseguró que los sobreseimientos y absoluciones derivados de esos problemas, producidos entre junio y diciembre de 2024, «no llega al 1% de los casos». «Está resuelto el problema desde prácticamente enero de este año», subrayó la ministra en una entrevista en La 2, en la que también defendió que el sistema con la nueva adjudicataria «ha mejorado ciertamente». Nadie se ha responsabilizado, por ahora, de esas incidencias. Consultado por este periódico, Vodafone rechaza pronunciarse sobre el asunto y remite a Igualdad, que insiste en que «las víctimas siempre han estado protegidas, porque los dispositivos han funcionado en todo momento».

Mientras tanto, el principal partido de la oposición, el PP, pidió este jueves la dimisión de la ministra por «irresponsabilidad criminal» y le exigió una «auditoria independiente». No se sabe todavía qué ha pasado o quién tiene la culpa, pero los juristas consultados por este periódico defienden que, en todo caso, la responsabilidad es del Estado, que es quien en 2023 (cuando estaba en el cargo Irene Montero) decidió cambiar de empresa proveedora después de casi 15 años con Telefónica y firmar una nueva licitación con la UTE Vodafone-Securitas, con un contrato de 42 millones de euros. «El responsable último sería el Estado, porque las pulseras dependen del ministerio y de la delegación. Pueden cambiar de empresa cuando quieran, pero es un fallo grande que se pierda la información, y las víctimas podrían incluso pedir una indemnización al Estado», cuenta a 20minutos Ángela Alemany, abogada penalista experta en violencia de género y portavoz de la Asociación de Juristas Themis.

Tres meses sin datos de los agresores

La memoria del Ministerio Público advierte de que en varias sentencias los jueces no disponían de toda la información anterior al 20 de marzo de 2024 (cuando culminó la migración de los nuevos dispositivos) por «problemas de descarga/volcado», lo que implicó la pérdida de la prueba, «imprescindible» para demostrar la ubicación del agresor y que, por ende, este había quebrantado una orden de alejamiento.

Fuentes de la Fiscalía aseguran a este periódico que esas situaciones se notificaban «inmediatamente» y que «no es que desaparecieran los datos», sino que, en el momento en el que se pedían en los juicios, «no estaban disponibles», lo que llevó a los nombrados «sobreseimientos provisionales». Ello implica que pueden reabrirse los casos cuando aparezcan nuevas pruebas (en este caso, la información descarrilada durante tres meses), y, según las mismas fuentes, se revisó «uno por uno» cada caso notificado por los fiscales, y la «mayoría de casos se solucionaron», aunque pudo haber alguno que, por haberse desestimado, quedase ya permanentemente cerrado.

Alemany asegura que a su asociación llegaron entonces varias reclamaciones sobre este asunto. «En los procedimientos, se solicitaba la prueba y se le denegaba porque te decían que no podían acceder a esa información», relata Alemany. Según especifica la letrada, recibieron también casos de procesos que acabaron archivados por esa falta de datos, y que, aunque podrían haberse reabierto luego, una vez recuperada la información, no ha sucedido. «Ha habido veces con una absolución con sentencia firme y no tenemos constancia de que se haya remitido las grabaciones que se solicitaron en su día», zanja.